Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 30 de noviembre.- El coordinador de la Comisión Científica de Identificación Humana del Centro de Investigación en Dinámica Celular UAEM, Iván Martínez Duncker, desestimó los perfiles genéticos realizados por la Fiscalía General del Estado a 44 de los 105 cuerpos inhumados en las fosas del poblado de Tetelcingo, Cuautla, por lo que pidió se realice la exhumación de los cuerpos para tener certeza de cuántos cuerpos son así como de realizarles los perfiles genéticos que den con sus familiares.
El único procedimiento viable es que, junto a observadores independientes avalados por las familias, la fiscalía haga el conteo de dichas fosas, declaró el científico.
“Si la fiscalía tiene sus reservas de trabajar con la UAEM por cualquier causa, a pesar de su capacidad reconocida internacionalmente, que lo haga con cualquier otra institución académica nacional o extranjera a fin de darle a los familiares la certeza en los resultados científicos de identificación humana”, explicó.
Martínez Duncker estipuló que tal y como asegura el fiscal, Javier Pérez Durón, que los cadáveres inhumados en Tetelcingo cuentan con su carpeta de investigación, ello no redunda en que estén identificados, y desde la Comisión exige que dé explicaciones de porqué sólo a 44 cuerpos le realizaron estas pruebas.
A principios de noviembre, la familia del comerciante Oliver Wenceslao, privado de su libertad y asesinado en 2013, denunció las irregularidades con que la Fiscalía Región Oriente inhumó a su familiar a pesar de que éste fue plenamente identificado. Más de un año después, a finales de 2014, el cuerpo de Oliver y el de una maestra presuntamente víctima de secuestro fueron entregados a sus deudos.
El caso fue atraído ya por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien a través de un comunicado de prensa, solicitó que sea la propia PGR la que atraiga el curso de las averiguaciones sobre las anomalías en la inhumación irregular en dichas fosas.
Para determinar que se ha identificado debió someterse a diversos procedimientos científicos que comprueben con plena certeza su identidad como conocer sus rasgos físicos, en algunos casos, sólo la genética permitirá realizar una identificación si es que es imposible obtener características físicas claras, abundó.
Explicó que la renuencia de admitir como verdaderos los estudios genéticos se debe a que si los perfiles fueron realizados y no se hicieron del conocimiento del fiscal desde el inicio de las indagaciones, o no fueron entregados de manera oportuna a la PGR para su ingreso a la base de datos CODIS, dichas pruebas deben ser desechadas por formar parte de un proceso viciado e irregular.
Que la fiscalía sea juez y parte en la investigación carece de rigor científico y ético, sentenció, por lo que hizo hincapié en que sea la PGR la instancia que atraiga el caso no sólo de las fosas de Tetelcingo, sino además el de la fosa de Jojutla donde, dijo, hay más de 60 cadáveres de inhumados en condiciones semejantes.
Asimismo, lamentó que Pérez Durón anteponga los recursos financieros para no cumplir con su obligación de efectuar las pruebas ya que, en la pasada reunión que sostuvieron con familiares de desaparecidos y la UAEM, las autoridades no se quedaron a escuchar alternativas, ello ante la exigencia de que dichos estudios fueran con cargo a la Secretaría de Gobierno del estado.
“El costo, si sólo se restringe a una prueba de ADN en el caso de que los cuerpos estén en condiciones óptimas y no requieran mayores pruebas, oscilaría el millón de pesos para los 105 cuerpos y el resultado estaría en un mes”, estimó.
Sin embargo, especuló que dadas las condiciones en que fueron exhumados dos cuerpos –con una máquina de traxcavo-, el trato no ha sido el adecuado, además de que se deben establecer los protocolos de actuación de las instituciones que los lleven a cabo, es decir, no sólo obtener las pruebas científicas sino el reguardo de ellas.