Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 5 de febrero.- La diputada local Rosalina Mazarí Espín obtuvo la suspensión definita contra la “intentona” del G-15 de destituirla como presidente de la Comisión de Hacienda.

Así lo dio a conocer la legisladora priísta quien acusó que sus compañeros de curul pretendían destituirla en un proceso violatorio de sus derechos, ya que la pretensión era negarle el derecho de audiencia y “mayoritear” su destitución en la Junta Política que preside la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, una vez hecho lo anterior ahí mismo se decidiría al nuevo titular de la Comisión.

El G-15 -conformado por 15 de los 20 diputados- hizo un oficio que envió a la Junta Política para exigir la destitución de Mazarí Espín bajo el argumento de que la presidente de la Comisión de Hacienda trabajó el tema del presupuesto enviado por el Ejecutivo bajo los intereses de dicho Poder “y no de la ciudadanía” por lo que tanto la legisladora en comento como el presidente de la Mesa Directiva del congreso, Alfonso Sotelo Martínez promovieron amparos que les fueron concedidos.

Sobre el tema del presupuesto que de nueva cuenta está en análisis en el Legislativo, Mazarí Espín estimó que en esta ocasión sí se transite a través del diálogo y mesas de trabajo entre los integrantes de la Comisión y el propio secretario de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca.

Además d}reveló que los temas álgidos del presupuesto como el reemplacamiento, se tendrá que replantear ya que sólo atañe a vehículos particulares y no al transporte público, por lo cual el Ejecutivo obtendrá un estimado de 98 millones de pesos, sin embargo no especificó si el costo de mil 500 pesos será disminuido a la mitad.

Otro de los temas de discusión fue la desincorporación de los bienes-inmuebles, sobre los que el Congreso mantiene la responsiva por lo que el Ejecutivo deberá justificar y solicitar autorización para su desincorporación, a los que aseguró Villarreal Gasca accedió.

Finalmente dijo que la propuesta de la concesión de la basura a un solo particular por 30 años en todo el estado fue omitida desde las mesas de trabajo, previo a la autorización “fast track” que hizo el G15 a principios de enero.

“Era su argumento para justificar que no se presentaron a trabajar, esa es la realidad y yo no tengo porqué solaparlos, pero desde entonces el tema quedó fuera del presupuesto”, aseguró.