Por Uzziel Becerra
Al inicio del mes, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados logró reintegrar el dictamen para eliminar 109 fideicomisos y enviar al pleno su debate y posible aprobación. La posibilidad de extinguir dichos fondos ha preocupado a todos los sectores que serían afectados si se les retirara el apoyo gubernamental, como en ciencia y tecnología, innovación, cultura, cine, deporte, cambio climático y defensa de periodistas y activistas de derechos humanos. El argumento del gobierno para eliminar los fideicomisos es evitar la corrupción y que los fondos sean directos a las personas beneficiarias, así como utilizar los fondos para dar respuesta a la crisis sanitaria de la pandemia. Sin embargo, las afectaciones a esos sectores serán reales y dificultarán las labores de dichas áreas en tanto se reintegren los fondos o se diseñe otra política pública de atención a esos sectores.
La propuesta de extinción de fideicomisos es impulsada por el presidente López Obrador y por el grupo parlamentario de MORENA, pues la consideración gubernamental es que dichos fideicomisos deben someterse a revisión para evitar “aviadores”, es decir, personas que cobran un sueldo derivado de esos fondos pero que no son trabajadores formales o que el nombre de la persona beneficiaria no corresponde con quienes cobran ese presupuesto. Asimismo, el argumento que sostiene la propuesta es que no existe un verdadero control sobre casi 700 mil millones de pesos de esos fideicomisos, por lo que están “fuera de control” y no hay transparencia en su entrega. En palabras del presidente: “Había falta de transparencia en esos fondos, más de 100 de todo tipo, fuera de control completamente, queremos revisar para que no haya aviadores. No significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, tan nos importa que queremos que no haya corrupción”.
Ya hay un antecedente del mes de abril de este año, en el que el presidente emitió un Decreto Presidencial por el que se extinguieron los fideicomisos públicos, facultando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para resolver los casos de excepción con la Secretaría de la Función Pública. En esa ocasión, los fideicomisos públicos extintos fueron aquellos sin estructura orgánica, mandato presidencial o análogos para su vigencia, trasladando los recursos de esos fondos a la Tesorería de la Federación, pues su propósito fue evitar el despilfarro de bienes y recursos nacionales por fondos que no contaban con una justificación sólida ni un propósito claro.
En esta ocasión, de los 109 fideicomisos que busca extinguirse, los más importantes son: el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía, Fondo de Desastres naturales, Fondo de Financiera Rural, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) Fondo Sectorial para la Innovación, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento; Fondo Institucional del Conacyt, Fondo Sectorial de Investigación Ambiental,
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, Fondo para el Cambio Climático, Fondo para la Seguridad Pública y el Fondo Sectorial de Investigación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El planteamiento es que todos desaparezcan, sin excepciones.
En los hechos, la extinción de estos fideicomisos implicaría la desaparición de fondos necesarios para el correcto funcionamiento desarrollo de la ciencia y tecnología, cine, desastres naturales, protección a periodistas, becas deportivas entre otros más. Y es que dichos sectores han tenido que utilizar los fondos especiales de los fideicomisos ante la falta de presupuestos reales que se otorgan desde las Secretarías de Estado respectivas. Incluso si la medida de extinción fuera temporal, en el supuesto de que dichos fondos pudieran reintegrarse en el futuro, causarían un daños y perjuicios a todas las personas e instituciones involucradas de forma inmediata. El daño ya estaría hecho, aunque en el futuro se reasigne presupuesto para llegar de forma directa, pues obstaculizaría los trabajos y labores que están en curso.
Así lo manifestaron diversos académicos y directivos de la UNAM a través de un comunicado de las coordinaciones de Investigación Científica, Humanidades, Difusión Cultural e Igualdad de Género. “Solicitamos (al Congreso) que se garantice los mecanismos administrativos y jurídicos que permitan el desarrollo de iniciativas y proyectos en el mediano y largo plazo, preservando el monto de los fondos y fideicomisos que permitan la continuidad de los proyectos y que operan bajo normas claras y transparentes en el uso de recursos públicos”, señalaron en el documento. En efecto, entre los fondos que se busca extinguir se encuentran los que dan sustento a los principales centros públicos de investigación con calidad internacional, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Colegio de Michoacán, Instituto de Ecología e Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
En la lucha contra la corrupción, principal bandera de este gobierno, se ha puesto en revisión toda la estructura gubernamental, contrayendo la carga administrativa en términos presupuestales, pero desarticulando sectores de la administración pública federal que son indispensables para atender a la ciudadanía en casos específicos. La extinción de fideicomisos se explica en esta perspectiva, puesto que, en el objetivo de luchar contra la corrupción interior, desde el presupuesto, se estará desprotegiendo a otros sectores relevantes de la sociedad y cuya labor es esencial para el desarrollo nacional y humano. Este es el precio que el gobierno está dispuesto a asumir, pero no su oposición.
Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD Y Movimiento Ciudadano advirtieron que votarían en contra de la extinción de los fideicomisos, por lo que faltaron a la sesión anterior en la Cámara de Diputados, obstaculizando la extinción de los 109 fideicomisos que
impulsaba MORENA, pues no se alcanzó el cuórum necesario para sesionar, solo hubo presencia de 222 diputadas y diputados, obligándolos a reprogramar sesión al próximo martes 6 de octubre, a las 11 de la mañana.
La disputa por la extinción de fideicomisos sigue vigente y no hay flexibilidad en los posicionamientos gubernamentales ni de la oposición. Por su parte, el gobierno argumenta que los fondos de dichos fideicomisos lograrán abastecer los recursos necesarios para la atención sanitaria, pues se requiere una adecuada distribución de medicamentos y de la vacuna contra el Covid-19 que está próxima a aplicarse en la población nacional. “No se trata de negociar unos sí y otros no (de los fideicomisos), estamos ante una coyuntura única en el país, donde nos urge tener recursos para la atención de la salud de los mexicanos; entiendo que puede haber destinos nobles que la gente defienda, pero (en) este momento no hay nada más importante que la salud”, declaró Mario Delgado, coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados y candidato a la presidencia del partido.
Si ponderáramos la urgencia de atender la crisis sanitaria contra los recursos para atender la ciencia y tecnología, deportes, cultura, cine, educación, entre otros, probablemente la decisión dependería de la posición en la que nos encontremos parados, y así se ha tratado de argumentar dicha iniciativa gubernamental. Aunque podríamos señalar que solo quienes conforman a las instituciones y personas beneficiarias de dichos fondos se verían afectados, la realidad es que son sectores esenciales para el desarrollo y progreso humano, por lo que los daños y perjuicios serán a nivel social, nacional.
Por ejemplo, no hay un solo escenario en el que la vacuna contra el Covid-19 se haya financiado con recursos privados y sin el avance de la ciencia y la tecnología. Precisamente los esfuerzos para encontrar la cura a la más grande enfermedad de nuestra época vienen de la inversión (amplia y constante) a la ciencia y la tecnología. Ejemplos como el anterior podría haber muchos, reiterando la importancia de mantener los fondos en disputa. Aún no queda claro cómo se reintegrarían los fondos a propuesta del Ejecutivo Federal, pero de ninguna manera se podría tolerar que esas áreas queden en el limbo, a su suerte y sin garantías. Así saldríamos perdiendo todos.
*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante de Morelos en el Congreso Nacional Universitario.