Por Uzziel Becerra
El domingo 24 de enero se informó a la ciudadanía a través de un Tweet que el Presidente habría sido contagiado de Covid-19, por lo que solicitó que la secretaria de Gobierno, la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, continuara las labores informativas en horario matutino, pero él se mantendría desempeñando sus funciones. Sin embargo, el debate sobre la salud del presidente ha sido una constante, pues existen argumentos a favor de que su estado de salud se mantenga confidencial, por ser datos personales sensibles, y argumentos para señalar que su estado de salud debe ser un asunto público e incluso de seguridad nacional. ¿Cómo entender ambas posturas y cuál aplicará en el caso del mandatario mexicano de 67 años?
López Obrador se ha sumado a la larga lista de mandatarios que se han contagiado del Covid-19; las ventajas de la atención médica 24/7, la calidad de su medicación y seguimiento permite que pocos mandatarios o funcionarios fallezcan, por lo que Obrador mandó mensajes de optimismo en sus redes sociales y la seguridad de que seguiría despachando a la distancia, mientras le representa la secretaria de Gobierno. Lo anterior obligó a que las personas que hubieran tenido contacto con él se tuvieran que hacer la prueba y permanecer aislados, tal es el caso del subsecretario de Salud, López-Gatell, quien tuvo contacto con Obrador el viernes pasado, y anunció que los síntomas del presidente son leves, pero se respetará “escrupulosamente” la privacidad del mandatario, por lo que se conservará esa información como confidencial.
“No solo ahorita, sino en todo el periodo de recuperación del presidente no vamos a revelar ningún dato clínico, porque esto es materia de su privacidad. Si en un momento dado el presidente optara por compartir con el público a través de su cuenta de Twitter o nos permitiera comentar algo específico con mucho gusto lo haríamos, pero sería una violentación grasa a la ética médica revelar cualquier síntoma o situación que él tenga”, señalo durante conferencia de prensa el Dr. López-Gatell vía remota, por el confinamiento al que está obligado al haber tenido contacto con el presidente.
Este punto es controversial. Si bien la actividad de los funcionarios y políticos exige un escrutinio público permanente de sus actividades y los hace susceptibles de mayores intromisiones en sus vidas privadas, ellos tienen derecho a la vida privada como cualquier persona sin importar la investidura. Sin embargo, ciertos aspectos en la vida privada de los funcionarios resultan relevantes para la sociedad, cuando impactan en el ejercicio de sus funciones o trascienden al desempeño de su cargo público. Esa es la razón por la que, en países democráticos, los mandatarios priorizan la divulgación de la información médica personal sobre la protección de sus datos, pero finalmente queda en una decisión personal.
De esa forma, quienes defienden la confidencialidad sobre la salud del presidente tienen un argumento jurídico relevante: la protección de datos personales sensibles, que incluyen las enfermedades y el estado físico, mental, expediente clínico, padecimientos, y cualquier tipo de información médica de una persona física; no hay alternativas, es información confidencial. Por lo tanto, la posibilidad de conocer el estado de salud de AMLO dependerá exclusivamente de su ofrecimiento particular, personal y voluntario. Pero eso no le resta importancia o pertinencia; lo más sensato es que esa información sea ofrecida por el mandatario a la ciudadanía, pues fue electo democráticamente y su mandato tiene sentido a la luz de su capacidad para gobernar, misma que está limitada por su estado de salud.
Asimismo, tras confirmarse la información del contagio de AMLO han surgido cuestionamientos sobre la posibilidad de su fallecimiento. Brevemente señalamos que la Constitución contempla esa posibilidad: si el Presidente falleciera durante los primeros dos años de su gobierno el Congreso elige un Presidente Interino y se convoca a elecciones presidenciales para una nueva administración, y si falleciera durante los últimos cuatro años de su gobierno, la secretaria de Gobierno asumiría provisionalmente su lugar y el Congreso elegiría a un interino para concluir el sexenio.
Por otra parte, la crítica y la exigencia ciudadana se ha convertido también en un ataque frontal y personal a López Obrador, lo que ha promovido que ciudadanos digitales (por llamar de alguna forma a quienes debaten en redes sociales) celebren el contagio del presidente, deseándole incluso la muerte. Aparentemente hay justificaciones suficientes para defender este punto: México es el peor país en el manejo de la pandemia, con mayor letalidad y con mayor número de personal de salud fallecido, así como una estrategia de vacunación empobrecida; entre los argumentos políticos, arguyendo autoritarismo, debilitamiento de la democracia y cooptación de las instituciones. Pero lo que esta ciudadanía digital no ha terminado de entender es que la crítica y exigencia ciudadana hacia el presidente debe estar separa de su dimensión como persona humana, incluso como miembro de un grupo vulnerable debido a su edad. Si no cuidamos esos matices las redes sociales terminan siendo solo un caldo de cultivo para la polarización y violencia, en cualquiera de sus formas. (Y, parcialmente, ya lo son).
En estas circunstancias el futuro es incierto, el planteamiento de escenarios resultaría estéril. No es deseable en ningún sentido que el presidente fallezca a causa de Covid-19, quienes lo desean ignoran las variables de gobernabilidad en un entorno de elecciones y múltiples crisis sanitarias, económicas, entre otras. Lo que sí debe reconocerse es que el gobierno puede mejorar la gestión de la pandemia, así como la toma de decisiones en lo político (sobre todo apegarse al texto constitucional) y la ciudadanía debe acompañar esas exigencias con firmeza, con independencia del estado de salud de López Obrador o cualquier otro mandataria o mandatario. Finalmente, la posibilidad de que conozcamos el estado de salud del presidente depende, únicamente, de que él ofrezca esa información de manera voluntaria y personal.
Notas finales: Por cierto, las negociaciones entre Vladimir Putin y Andrés Manuel López Obrador, de adquirir 24 millones de vacunas rusas de Sputnkik V surgió de una negociación empresarial que se gestó la semana pasada con los más grandes agentes económicos del norte, en Nuevo León. Tan es así que se abrió la llave del monopolio estatal para que los privados puedan comercializarla. Agradecer y felicitar al gobierno solo es un lujo en medio de las negociaciones en privado, el lucro y, al mismo tiempo, la posibilidad de que un mayor número de personas, con capacidad adquisitiva suficiente, puedan vacunarse pronto mientras los demás esperan en una larga lista de espera.
*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos.