Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 27 de marzo.- La anulación de la pena de muerte en el estado de California, EU, por el gobernador Gavin Newsom, libró por el momento al morelense Víctor Manuel Miranda Guerrero del corredor de la muerte, sin embargo aún purga su condena en aquella entidad americana.
Pablo Castro Zavala, presidente de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos, con sede en Las Vegas, Nevada y en la ciudad de Cuernavaca, dijo que la “intervención divina” del Papa Francisco fue decisiva así como las reuniones que sostuvieron en el propio gobernador californiano.
Asimismo agradeció los encuentros con integrantes del Senado y congresistas tanto del país vecino como de México, con Amnistía Internacional entre otras organizaciones para que el pasado 13 de marzo, Newsom firmara una orden de suspensión sobre la aplicación de la pena de muerte en el estado, y anulando las normas para inyecciones letales que habían sido objetadas por grupos civiles.
“La matanza intencional de una persona es inmoral y como gobernador, no supervisaré la ejecución de ningún individuo… la aplicación de la pena de muerte ha sido un fracaso, que ha discriminado contra presos que son mentalmente discapacitados, que son afroamericanos o hispanos o que no pueden pagarse a un abogado, además que muchas veces personas inocentes son convictas y ejecutadas”, denunció el gobernador de California, el estado que más condenados a muerte tiene en EU con 737.
Castro Zavala señaló que si bien la condena a muerte tanto del morelense como de otros 42 mexicanos fueron suspendidas, ahora buscan la intervención de la Comisiones de Relaciones Exteriores y de Migrantes de la Cámara de Diputados para revisar de nueva cuenta los casos y pugnar por su libertad, como el de Miranda Guerrero acusado de homicidio y sentenciado sin un proceso adecuado.
Asimismo el presidente de la Confederación recordó que viajó en tres ocasiones al Vaticano para solicitar la intervención del máximo jerarca de la iglesia católica, quien finalmente el año pasado se pronunció en contra de la pena de muerte.
También hizo alusión a la postura similar del presidente Andrés Manuel López Obrador a quien en una de las ruedas de prensa matutina un periodista le leyó la carta de Edgar Tamayo, oriundo del municipio de Miacatlán y ejecutado en enero de 2014.
“Ojalá mi ejecución no sea en vano y sirva para salvar más vidas”, escribió Tamayo y cuya carta, a decir de Pablo Castro, conmovió a López Obrador y comprometió la labor de embajadas y consulados a proteger a los migrantes en el extranjero y dar atención legal en situaciones como la que enfrenta el morelense.
El caso de Víctor Manuel comenzó a finales de la década de los 90 cuando partió a Estados Unidos en busca del “sueño americano” ante los bajos ingresos que obtenía en la capital morelense, primero como taxista luego como productor de cinturones.
En el año 2000, y con 20 años de edad, fue acusado de robo, violación y asesinato en agravio de la ciudadana estadounidense Bridgett Elizabeth Ballas.
Sus familiares acusaron desde entonces que el juicio registró inconsistencias porque el jurado estuvo integrado sólo por personas anglosajonas, sin la presencia de un traductor ya que Víctor Manuel no entendía el inglés a la perfección cuando fue sometido a juicio.