Por Uzziel Becerra
La detención de un exsecretario de Estado mexicano causa un verdadero impacto en la opinión pública nacional e internacional, más aún si dicho secretario era el encargado de la Defensa Nacional. Salvador Cienfuegos, exsecretario de la SEDENA en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, y es acusado de cuatro cargos, tres vinculados con narcotráfico y uno relacionado con lavado de dinero, por lo que este martes 20 de octubre tendrá una nueva audiencia para deliberar las condiciones de su detención y si hay posibilidad de fianza. Mientras se resuelve su situación jurídica, el Ejército como institución hoy deja en tela de juicio su confiabilidad y abre la puerta a múltiples preguntas incómodas para el Estado mexicano, debilitando la estabilidad del presente gobierno.
Quien dio el primer aviso sobre la detención del general Cienfuegos fue el secretario de Relaciones Exterior, el canciller Marcelo Ebrard, confirmando la detención a través de su cuenta de Twitter, afirmando que el embajador Christopher Landau de los Estados Unidos reportó la aprehensión en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Sin embargo, la noticia de que la detención fue solicitada directamente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) fue extraoficial.
Cienfuegos fue el rostro del combate contra los cárteles de narcotráfico en el sexenio de Peña Nieto, y tenía una larga trayectoria al interior del Ejército, pues ingresó en enero de 1946, realizando estudios en el Colegio de la Defensa Nacional, y además obteniendo el grado académico de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional, así como en la Escuela Superior de Guerra, sumando un Diplomado de Estado Mayor. A juicio de cualquiera, una persona con el perfil idóneo para la administración del Ejército mexicano que acababa de retirarse del Ejército en 2018. Esta es la primera vez en la historia de nuestro país en que un extitular de la SEDENA ha sido detenido en Estados Unidos por estos cargos. Tras su detención, la prensa internacional ha vinculado este caso con el juicio contra García Luna y “El Chapo” Guzmán.
La primera audiencia de Cienfuegos en la corte federal del distrito central de California duró solo cinco minutos, en la que se leyó, en idioma español, los cargos y la acusación que se le imputa. Conforme a la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Salvador Cienfuegos Zepeda actuó para beneficiar al cártel H2, una célula de los Beltrán Leyva, encabezada por Juan Francisco Patrón Sánchez, protegiendo las operaciones de los cárteles y auxiliando los envíos de la droga a través del mar. Aunado a lo anterior, se destacó que a Cienfuegos se le identifica como “El Padrino” o “Zepeda”, en el contexto del narco.
“A cambio del pago de sobornos, Salvador Cienfuegos permitió al cártel del H2, un cártel que frecuentemente está involucrado en violencia al por mayor, incluyendo tortura y asesinatos, operar con impunidad en México”, expresaba parte de la acusación que la Fiscalía de Estados Unidos presentó ante la corte, en la presentación del caso contra el exgeneral mexicano. Conforme a la versión de la Fiscalía norteamericana, los delitos se cometieron entre diciembre del 2015 y febrero del 2017, participando en la manufactura, distribución e importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, así como en el lavado de dinero de todos los beneficiados del tráfico ilegal de los toxicológicos.
La carpeta de investigación tiene documentos judiciales que muestran intercepciones telefónicas mientras Zepeda fue secretario de la Defensa Nacional, mismos en los que se evidencia la recepción de sobornos del cártel H2 a cambio de que no se realizaran operativos militares contra la organización, localización marítima de las drogas, así como arreglos para que el Ejército atacara a los cárteles rivales en México. Por lo anterior, la jueza Carol Amon buscaría negar la petición de libertad bajo fianza de Cienfuegos, pues existe el riesgo latente de que utilice sus conexiones con el Cártel H2 y con exfuncionarios gubernamentales para que lo ayuden a huir y evadir a la justicia norteamericana.
Lo sorprendente es que, al igual que con Genaro García Luna, la integración de una carpeta de investigación por diversos delitos, ahora contra Cienfuegos, se lleva a cabo en Estados Unidos, mientras que en México no hay investigación alguna. “No existe ninguna investigación en México en contra del general Cienfuegos, que tenga que ver con el narcotráfico” dijo AMLO en su conferencia mañanera del viernes 16 de octubre. Lo que sí sabemos es que Cienfuegos Zepeda será defendido por el abogado Duane Lyons, de la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, una de las firmas de abogados con más experiencia en defensa contra delitos como fraude, lavado de dinero, corrupción, cohecho, entre otros, así como la firma encargada de la defensa de Genaro García Luna.
De esa forma, “El Padrino” (Cienfuegos Zepeda), “El Diablo Veytia” (exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia) y “El Metralla o El Diablo Azul” (Genaro García Luna) son los apodos con los que se les conocía a exfuncionarios mexicanos, de administraciones pasadas, en el contexto del narcotráfico, por su participación como actores claves para la obstaculización de investigaciones, recibiendo sobornos para no perseguir delitos, favorecer a un cártel, lavado de dinero, tráfico de drogas, entre otros, y que solo son investigados en Estados Unidos. Las lecturas que exhiben un narco Estado en México no suenan descabelladas en este punto, aunque cada contexto de participación de los personajes señalados es distinto. Mientras Cienfuegos fue secretario de Estado en el gobierno priísta de Peña Nieto, García Luna fue secretario de Seguridad en el gobierno panista de Felipe Calderón, así como el gobierno nayarita de Echevarría García.
El conflicto de fondo que encontrará la presente administración es la de lidiar con la sentencia de que el Ejército ha estado involucrado, desde la cúpula, con el crimen organizado. Y es que el presidente López Obrador ha puesto a las Fuerzas Armadas en el centro de su proyecto político, al darles el control de la construcción aeroportuaria nacional, la administración de los puertos, así como las tareas generales de la seguridad pública y ciudadana con la Guardia Nacional. La respuesta inmediata de AMLO fue hacer un llamado a la opinión pública para no desconfiar del Ejército en general, ante el inminente reclamo de que, como es conocido por la sociedad mexicana, el presidente exija la vigilia de la corrupción, ahora desde el interior de dicha institución, pese a que es (en palabras del propio presidente) en la que más confianza tiene para llevar a cabo las tareas asignadas.
“Esto cambia las reglas del juego”, reclamaba un funcionario federal bajo el manto del anonimato en medios de comunicación, pues López Obrador tendrá que pagar el precio de confiar en los militares para seguir encabezando cada vez más aspectos de la vida pública, con la carga de la desconfianza y desgaste institucional que causa este acontecimiento. El arresto del exjefe militar mexicano del sexenio pasado es un golpe al prestigio de una institución que ha sido orgullo nacional y símbolo de estabilidad desde la revolución mexicana. Así, la principal carta de estabilidad del mandato presidencial ha quedado (parcialmente) descartada o agotada.
Mientras el gobierno acusa que esto es señal de que el sexenio pasado (el periodo neoliberal, a su entender) estaba plagado de corrupción desde las altas esferas, la oposición reclamará el alto riesgo de continuar confiando todas las labores civiles a manos del fuero militar. Sin embargo, Cienfuegos todavía deberá enfrentar en juicio a la justicia norteamericana, respetando las formalidades del procedimiento y garantizando, hasta ahora, la presunción de su inocencia, es decir, aún no se le encuentra culpable, pero el golpe está dado, y sus consecuencias para el Ejército pueden ser irreversibles, porque resultará evidente que “El Padrino” Zepeda no actuó solo o individualmente, sino que construyó una amplia red que posibilitó trabajar con el narcotráfico por varios años, mientras él presidía las instituciones encargadas de la defensa nacional. ¿Cuántos más caerán ante la justicia? (Al menos la norteamericana).
*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la UAEM. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante de Morelos en el Congreso Nacional Universitario.