Por Leticia Villaseñor
Coatlán del Río, Mor., 13 de mayo.- “Por qué nos dejaron en esta vulnerabilidad, por qué nos dejaron morir” fue el cuestionamiento que personal del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16, femenil, realizaron a las autoridades federales y responsables del penal al acusar que la directiva del lugar tuvo conocimiento de amenazas vertidas contra el personal sin prevenirlos ni incrementar medidas.
Yoshio Valdez, abogado penitenciario, leyó un pliego petitorio dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador en las afueras del Centro donde unos 70 trabajadores se manifestaron en contra de las condiciones tanto de seguridad como laborales en que se desarrollan al tiempo de anunciar que este día no entrarían a realizar sus actividades hasta que sus demandas fueran escuchadas y atendidas.
Los que suscribimos, expuso el abogado, somos trabajadores del Centro penitenciario federal número 16.
Solicitamos su urgente intervención en el atentado perpetrado el pasado viernes 10 de mayo, cuando el personal administrativo fue baleado por encapuchados quienes portaban chalecos anaranjados y dispararon contra nuestros compañeros. Cinco de ellos perdieron la vida y tres más están convalecientes.
Ante la presunción de que las amenazas se habían vertido con anterioridad sin que las hicieran de su conocimiento al menos para que de manera individual tomaran precauciones, el personal, demandaron que se investigue la omisión y negligencia con que actuaron directivos del centro.
Acorde a lo expuesto por Yoshio Valdes, se han colocado mantas y cartulinas con mensajes amenazantes dejados incluso en la periferia del penal federal donde se denuncias presuntos tratos preferenciales hacia algunas reclusas, por lo que demandaron se sancione a los responsables, se apoye económica, jurídica y materialmente tanto a las víctimas como a sus familiares cubriendo en su totalidad sus gastos médicos, funerarios y de traslado, entre otros así como garantizar la manutención de quienes quedaron en estado de orfandad.
Se recontrate el seguro de gastos médicos mayores ante la situación de riesgo en que se encuentra el personal federal no sólo en Morelos sino en todo el país.
Se establezca una logística de seguridad permanente en el transporte del personal, que no haya represalias para quienes se manifiestan, y finalmente se difundan por escrito las medidas emergentes.
El pliego petitorio fue remitido a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a la presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margarette May Macaulay, de la Nacional, Raúl González Pérez, entre otros, al tiempo que hicieron un llamado llamado para que el personal de los otros 17 centros federales los apoyen ya que, señalaron los inconformes, están en el mismo estado de vulnerabilidad.
Dicho llamado fue atendido al menos por el personal administrativo y técnico del Cefereso 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, que anunció que a partir de las 7:00 horas de este día se solidarizaba con las víctimas del Cefereso 16, además para exigir más seguridad y que les devuelvan las prestaciones.
Los trabajadores en Morelos acusaron que a pesar del ataque perpetrado el pasado viernes las medidas de seguridad al interior o exterior del Centro no se han reforzado, tampoco han recibido ninguna atención por parte de la directora a María de los Ángeles García y la comandante Claudia Guadalupe Valdés, por lo que decidieron no entrar a laborar este día hasta que sus demandas sean atendidas.
“Que tenga que pagar quien lo tenga que pagar. Si alguien fue omiso en hacer su trabajo para que esto pasara sea llevado ante la justicia, otros compañeros por una omisión han estado en prisión, ahora viene de este lado… Nos dejaste morir y si no hiciste nada que se te sancione como la ley lo manda”, fustigó el abogado penitenciario Valdes.
Alrededor de una hora después de iniciada la protesta, Armando López Pérez, director Administrativo, y Alberto Reyes Vázquez, del área Jurídica, salieron a proponer una comitiva para reunirse con los directivos, propuesta que rechazaron los trabajadores y demandaron un encuentro con los manifestantes donde se realizaba la protesta.
Mi compañera suplicó por su vida
Mariel Campos esperaba el transporte que la llevaría a su trabajo en el Penal Federal Femenil, en el monumento a la Madre en el municipio de Puente de Ixtla. Al arribo de este, sujetos armados, encapuchados y con chalecos anaranjados dispararon indiscriminadamente contra los trabajadores.
Mariel logró subir al autobús y esconderse entre los asientos, con las manos sobre la cara y los ojos cerrados mientras escuchaban las detonaciones. Una de sus compañeras suplicó por su vida, dijo que era madre, pero recibió cuatro impactos y perdió la vida.
El ataque perpetrado el pasado 10 de mayo al sur de Morelos, reveló la situación precaria de seguridad en que labora tanto personal administrativo como de custodia.
Anel López, oficial penitenciaria, expuso que son sólo un uñado de custodias para atender una población de 900 mujeres privadas de su libertad, de las cuales reciben amenazas y hostigamientos de manera reiterada.
Dijo que a pesar de haber expuesto la insuficiencia de custodias a la autoridad correspondiente, ésta no ha sido atendida.
Otra trabajadora del área administrativa relató que el pasado sábado, otra de sus compañeras acudió a laborar. “Se vino sola con el chofer, sin ninguna custodia, desde Cuernavaca hasta el penal –unos 64 kilómetros de distancia-.
“Lamentamos lo sucedido con nuestros compañeros, porque más que compartir un trabajo compartimos una vida, son nuestros amigos que tienen una vida, una familia… Pedimos que haya justicia para ellos y para nosotros. Nos han dejado solos, tóquense el corazón, somos seres humanos los que trabajamos aquí, todos venimos a trabajar por amor a nuestro profesión pero hoy lo hacemos con miedo”, finalizó.