Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 7 de octubre.- El consejero jurídico del Gobierno del estado Samuel Sotelo Salgado calificó de omiso al fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez ante presuntas negligencias cometidas por la institución con las demandas presentadas contra funcionarios de la anterior administración gubernamental.
Desde el pasado fin de semana el Consejero acusó parálisis y protección del fiscal Salazar Núñez, también Consejero Jurídico en la adminsitración 2012-2018 pero designado Fiscal Anticorrupción al final de la gestión anterior.
En respuesta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción afirmó que debe “investigar a partir de las denuncias presentadas, aclarando que no se actúa bajo consignas, ni presiones. Se respeta el debido proceso, cumpliendo cada etapa de éste, conforme a los plazos establecidos en la Legislación”.
Además estableció que “el ofendido puede solicitar el auxilio judicial para que se verifiquen las actuaciones de esta representación social”.
Esto fue tomado como una clara confrontación por el consejero Sotelo Salgado al referir que conocen sus derechos y los recursos jurídicos a los que pueden recurrir.
Asimismo exigió a Salazar Núñez responder frente a la omisión en la que ha incurrido y reveló que le presentaron un oficio a través de las áreas correspondientes a fin de que explique su retraso y no se ha pronunciado dentro de los plazos que la propia ley establece.
Para qué entrar en una dinámica de confrontación con la Fiscalía, abundó, parece que estamos confrontados pero es obligación del Ministerio Público investigar los delitos, a pesar de que cuenta con un número importante de elementos probatorios que no considera… es lamentable que entremos a ese tipo de confrontaciones legales pero hay omisión para resolver lo que debe resolver», sostuvo el Consejero Jurídico.
Desde el inicio del actual sexenio, en octubre del año pasado, se presentaron las denuncias en contra del exgobernador Graco Ramírez y su gabinete que suman hasta el momento suman 60 denuncias, pero sólo la mitad de ellas se han judicializado sin que se hayan girado órdenes de aprehensión contra ninguno de los funcionarios de primer nivel.
