Por: Uzziel Becerra y Omar Oliver
El pasado jueves 17 de octubre se registró en Culiacán, Sinaloa, el acontecimiento más violento que ha enfrentado la administración de López Obrador, lo anterior debido a la detención de Ovidio Guzmán, hijo del líder del Cártel de Sinaloa. Tras fuertes enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y las fuerzas militares, así como elementos de la Guardia Nacional, el Gabinete de Seguridad Pública Federal tomó la decisión de liberarlo. En palabras del propio titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el operativo “estuvo mal planeado y los elementos actuaron de forma precipitada”. El origen del conflicto, una solicitud de aprehensión con fines de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos a México, misma que ha sido confirmada por elementos de Seguridad y el presidente.
Sobre la pertinencia de la renuncia del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño quién según su currículum es de profesión Ingeniero Civil, egresado de la UNAM, Licenciado en Derecho por la Universidad Metropolitana y Maestro en Administración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública, desempeñándose como Portavoz en Jefe y Secretario Particular del Ex Presidente Vicente Fox, deja manifiesta la falta de idoneidad para dirigir el cargo que ostenta, así como la falta de experiencia para dar luz verde a las operaciones de alta seguridad nacional.
Respecto al origen del problema, desde que se le dio fin al cuerpo policíaco capaz y experimentado para afrontar el embate de los carteles de la droga y proporcionar seguridad a los mexicanos, con la trasferencia de la Policía Federal a la reciente e inexperta Guardia Nacional, así como de los elementos que conforman la División Gendarmería y Fuerzas Federales, junto a sus instalaciones, equipos, vehículos, aeronaves y armamento, la coordinación en la materia ha sido un obstáculo.
Un aspecto fundamental en las políticas de seguridad nacional es el equipo operativo con que se realicen las estrategias y operativos. En 1999 el presidente Ernesto Zedillo creo la Policía Federal Preventiva y se fundó con 5 mil elementos de la policía militar, con lo cual también surgió la primera división de ese cuerpo, las Fuerzas Federales de Apoyo. Durante el gobierno de Vicente Fox, a la PFP se le vinculó la federal de caminos, y fue creciendo en estado de fuerza, pues entre sus actividades estuvo combatir a diversos grupos delictivos como el Cártel de Juárez, la organización de los hermanos Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa. Se pusieron en marcha los operativos “México Seguro” en Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; Morelia, Michoacán y los municipios fronterizos de Tamaulipas para combatir a integrantes del Cártel del Golfo. Con la administración de Felipe Calderón, tomó el nombre de Policía Federal y se crearon las divisiones de inteligencia, antidrogas, científica, y su estado de fuerza creció de 10 mil a más de 32 mil elementos, constituyéndose en ocho divisiones, centros de mando regional, adquiriendo armamento, vehículos, transportes aéreos, entre otros. La corporación sufrió un cambio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues se eliminó la SSP nacional y la Policía Federal se mantuvo siendo parte de la estructura de la Secretaría de Gobernación hasta alcanzar 37 mil elementos como estado de fuerza; de ellos, 8 mil dedicados a labores administrativas, de investigación de gabinete y científica.
Por su parte, el gobierno de Obrador, con mayoría en Congreso de la Unión, logró imponer la desaparición de la Policía Federal, buscando realizar la transición de 12 mil elementos hacia la Guardia Nacional, así como a otras instancias del gobierno como al Instituto Nacional de Migración o áreas administrativas de las instancias federales, terminando así con una de las Fuerzas de Seguridad más experimentadas en estrategias de seguridad y que combatieron durante décadas a los más peligrosos cárteles del narcotráfico y demás grupos de la delincuencia organizada. Las casi 12 mil operaciones táctica que la policía federal llevaba cada semana junto al reconocimiento de los elementos caídos en cumplimiento de su deber quedan en el olvido.
La falta de una adecuada planeación, tras lo sucedido en Culiacán, evidenció los siguientes puntos: primero, fue un operativo que no midió el nivel de riesgo y que confío en que la orden de cateo llegaría pronto, motivos que llevaron al fracaso el operativo, según las palabras de Durazo; segundo, la falta de un “Plan B”, generado en las operaciones estratégicas en el supuesto de que “algo salga mal”, con el objetivo de salvaguardar el objetivo de la misión y con ello cumplimentar la orden; tercero, no hubo una coordinación eficiente y eficaz entre las corporaciones involucradas con el fin de fortalecer las operaciones y blindar el objetivo, así mismo disminuir los daños colaterales, puesto que se trataba de un objetivo de alto nivel y de alta peligrosidad. En suma, la falta de planeación estratégica costó muchas vidas, de ciudadanos, elementos militares y policiacos entre otras.
Las fuerzas de seguridad fueron brutalmente superadas por el cartel de Sinaloa, quien dirigió sus ataques con capacidad táctica, organizativa y alto poder de fuego, tanto contra la Policía Municipal de Culiacán, Policía Estatal de Sinaloa, Policía de Investigación de Sinaloa, Sedena, Marina y Guardia Nacional, siendo superados también en número. Asimismo fueron interceptadas las señales de radio por parte de los grupos delictivos cuando incursionaron en el Cuartel Militar de Culiacán, amenazando a las familias de los militares en el conjunto habitacional de dicha Zona; irrumpiendo las instalaciones penitenciarias locales y liberando al menos 50 reos, secuestrando funcionarios públicos, y solicitando de manera inmediata la liberación de Ovidio Guzmán López. Así, el gabinete de seguridad tomó la decisión de liberar a uno de los principales líderes de uno de los carteles más poderosos de todo el mundo, decisión que contó con el respaldo del presidente, dejando en total impunidad los crímenes efectuados y demostrando que el Estado Mexicano puede ceder ante la afrenta del crimen organizado.
Conforme al pensamiento de Max Weber, cuando el Estado cede ante la presión de otros grupos de poder por medio de la violencia, éste ha perdido su elemento fundamental: el monopolio legítimo de la violencia. El propósito principal del Estado es la garantía de seguridad de la integridad física de sus habitantes y cuando ésta se ve amenazada, tiene la facultad y responsabilidad de ejercer la violencia de forma legítima para conseguirlo. Estos son los elementos torales que hacen efectivo a un Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, con eficacia y utilizando a la fuerza pública para dicho fin. Eludir esta responsabilidad es faltar gravemente al mandato que los ciudadanos otorgan a los representantes del Estado. La narrativa de sumisión de las fuerzas militares para la protección de las vidas por el riesgo de ser un daño colateral no tiene sustento alguno en términos de responsabilidad pública, puesto que una estrategia de seguridad nacional lo contiene de forma implícita. La decisión vuelve a ser precipitada, insuficiente, complaciente e impune.
En términos mediáticos, nuevamente el presidente se equivoca al buscar combatir las consecuencias negativas de las decisiones en su administración señalando como culpables a la oposición de los conservadores y ahora a la prensa de oposición o fifí, como lo hizo contra el reportero de Reforma en una mañanera. Se equivoca al interpretar que solo la oposición hace cuestionamientos, que solo los conservadores critican sus decisiones o que la prensa exagera la narrativa de los hechos. Tratar de alejar el grave problema de la seguridad pública y ciudadana en Sinaloa a través de alusiones al beisbol y analogías sobre los días malos y buenos solo evidencia la falta de seriedad y de compromiso real que tiene del titular y máximo jefe de las fuerzas armadas para con los ciudadanos.
Debemos destacar que los hechos registrados en Culiacán comprueba varias de las teorías de los expertos en Seguridad Nacional, Seguridad Militar, Seguridad Ciudadana y la Sociología Criminológica, sobre la descomposición del tejido social mediante la normalización e interiorización de la violencia en la conciencia humana, en este caso, en el arraigo que tiene el narcotráfico en nuestro país, inmiscuido en todos los círculos y aspectos de la población. Se mostró la vulnerabilidad de las personas afectadas, el poco control de crisis del gobierno en turno y la falta de experiencia del Gabinete de Seguridad al ejecutar una operación de grado militar contra un objetivo de alta prioridad para las Fuerzas de Seguridad a nivel federal.
Atender las causas más profundas de la violencia y la seguridad en el país como la pobreza, la falta de educación y condiciones laborales dignas es un asunto primordial pero insuficiente, pues la realidad compleja y arraigada de las redes del narcotráfico y del crimen organizado supera por mucho la capacidad de respuesta del Estado mexicano para garantizar la seguridad de sus habitantes. La condición de sumisión del Estado para con los grupos delincuenciales deja manifiesta una articulación de fuerzas de poder cuyas consecuencias seguiremos observando con tristeza y preocupación. No se trata de constituir una guerra sin matices contra el narcotráfico, pues ese camino ya lo pagamos en sexenios pasados, sino de exigir verdaderas estrategias de seguridad nacional y ciudadana que garanticen una vida digna y libre de violencia para los ciudadanos.