Por Uzziel Becerra
El Congreso de la Unión, ambas cámaras impulsadas por la mayoría morenista, ha estado en el ojo del huracán esta última semana: por un lado, buscando amedrentar a empresarios con la persecución de los factureros; por otro, acabando con la reforma educativa impulsada durante el Pacto por México, dejando el monopolio de la educación al SNTE; y buscando la reducción presupuestal de los organismos públicos autónomos. Los excesos están en la falta de consenso, en la falta de una deliberación pública sustanciosa y en las violaciones al procedimiento legislativo.
Una vez aprobada por el Senado de la República la reforma Fiscal, con 82 votos y 34 en contra, y turnada sus leyes a la Cámara de Diputados, la política fiscal toma un rumbo riesgoso y preocupante, pues la evasión fiscal ha sido equiparada al narcotráfico, el secuestro, extorsión y el huachicol. El mensaje se transmite como terrorismo fiscal al ámbito empresarial.
Si bien la Constitución prescribe a los ciudadanos contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público, lo cierto es que los contribuyentes, es decir, las personas que entran en el supuesto de la economía formal, son pocas y con pocos incentivos para el pago de impuestos. Recientemente se han registrado una caída de la economía formal, en favor de una economía que justamente no contribuye al gasto público.
El dictamen de reforma aprobado modificó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. Todo lo anterior buscando armonizar la Ley de Extinción de Dominio. La visión de los legisladores de Morena demuestra que, para el presente Gobierno, la defraudación fiscal es un tema de seguridad nacional.
La reforma planteada tiene la intención de acabar con los llamados factureros, es decir, las empresas que se dedican a vender facturas falsas, en perjuicio de la recaudación pública, sin embargo, como lo han señalado diversos expertos, la ley no distingue entre la persona que factura de forma ilegal y aquella que encuentra un error o falla del emisor de dicha factura. La ley hace raja tabla de las personas que facturan y contribuyen, dando el mensaje de persecución fiscal en perjuicio de los ciudadanos que forman parte de la economía formal. La búsqueda de combate a la corrupción en la forma de empresas fantasma y facturación falsa no debe hacer persecución de los ciudadanos.
Por otro lado, tras cinco horas de discusiones en el Pleno del Congreso y la toma de tribuna por la oposición, se aprobaron las primeras leyes secundarias en materia educativa. La Ley General de Educación fue la primera de ellas, aprobada con 288 votos a favor y 129 en contra, siendo la ley reglamentaria de la reforma constitucional. Otra ley secundaria es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la cual regulará los derechos de los integrantes del SNTE para ocupar las plazas y lo relativo en materia de evaluación.
Ya la Coparmex ha señalado sus preocupaciones respecto a la calidad de la educación, puesto que la reforma educativa derogada tuvo como objetivo la competitividad tanto del profesorado como de los alumnos. En su pronunciamiento señala tres “atentados” a la educación: 1) la renuncia a una educación de calidad por la no obligatoriedad de la evaluación docente y la reinstalación de maestros dados de baja por mal desempeño en evaluaciones pasadas; 2) la monopolización de la educación en el SNTE, asegurando plazas y preponderando el interés gremial sobre la preparación o idoneidad del profesorado; 3) y la sustitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, violando un organismo público autónomo cuyos indicadores y certificaciones fueron reconocidos a nivel internacional. A las voces disidentes se sumó la Unión Nacional de Padres de Familia.
La contrareforma educativa devuelve el monopolio de la educación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mismo que sirvió al partido en el poder para regresar a las prácticas del viejo corporativismo, al mero estilo del partido hegemónico tricolor. Aunque la oposición señale la interposición de juicios de amparo por violaciones al procedimiento legislativo, así como acciones de inconstitucionalidad, lo cierto es que esta legislatura ha mandado un mensaje fuerte respecto a los compromisos pactados por el SNTE, la CNTE y López Obrador, ya que las negociaciones al respaldo electoral versaron sobre todo en el cumplimiento de la entrega de la educación a manos del Sindicato.
Aunado a lo anterior, una iniciativa para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación, planteada por Morena, busca restarles al menos mil 873 millones 275 mil 975 pesos a órganos públicos autónomos: INE, INAI, IFT, CNDH, COFECE. Conforme a la interpretación del legislador morenista que coordina la iniciativa del paritdo, Gutiérrez Luna, estos órganos autónomos se han «resistido a la austeridad», buscando mantener sus privilegios. Ante esa iniciativa, el INE sería el más afectado, pues se plantea hacer un recorte del 8.46% de su gasto ordinario. Nuevamente, un atentado del partido en el poder contra los organismos que no han logrado subordinar a sus intereses políticos. Precisamente son estos organismos públicos autónomos los órganos garantes de derechos humanos, derechos políticos, derecho de acceso a la información, entre otros, fundamentales para poner límites al poder público. El mensaje es claro: Morena busca lacerar los contrapesos a su proyecto político.
El Congreso seguirá en el ojo del huracán, desatando las más intensas batallas en la dirección legislativa del país; de parte del partido en el poder, buscando articular el proyecto de nación del Presidente, y del otro lado, buscando articular una oposición efectiva que, dicho sea de paso, no ha logrado consolidarse ni reinventarse con la vigorosidad necesaria para hacer frente a la maquinaria de Morena y la legitimidad presidencial. Si no se hacen efectivos los pesos y contrapesos del poder, el Legislativo y el Ejecutivo seguirán cometiendo excesos en perjuicio de las instituciones, de los ciudadanos y del orden constitucional. Esperemos que los excesos no se conviertan, como lo expuso Alexis de Tocqueville, en la tiranía de la mayoría.