Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 3 de mayo.- El Doctor en Derecho Penal, Leonel Díaz Rogel, presentó un juicio de amparo ante el Congreso local en contra de la magistrada presidente del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, ante la presunta usurpación de atribuciones al sostener a la comisión transitoria en sustitución del Consejo de la Judicatura, a pesar de que ésta fue declara inconstitucional en reiteradas ocasiones.
Ello por emitir sanciones a través de la comisión, que la integran la propia magistrada presidente, y dos de sus principales allegados Rubén Jasso Díaz y Miguel Ángel Falcón Vega, en contra de algunos jueces, y no instaurar desde hace un año la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina que debe suplir al Consejo de la Judicatura, tal y como fue reformado desde diciembre de 2017.
El especialista Penal dijo que ante los señalamientos hechos por “actos de impunidad, corrupción arbitrariedad, abuso de autoridad, nepotismo, acoso laboral, usurpación de atribuciones, violaciones a los derechos humanos y fundamentales de los jubilados de los trabajadores del Poder judicial, ante el abandono y desatenciones de funciones de cargo de la magistrada presidente, ante el grave trastorno del funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y por violaciones recurrentes a la Constitución Política del estado de Morelos”, hizo valer su derecho como ciudadano e interpuso la denuncia de juicio político.
Para ello presentó un expediente con 57 pruebas y 28 anexos, suficientes e idóneos, aseguró, para acreditar en un primer momento su responsabilidad, independientemente de las responsabilidades administrativas o penales que para el caso puedan derivar.
Díaz Rogel señaló que en la denuncia existen siete causales de responsabilidad política por violaciones a la Constitución local, que trajo como consecuencia daños graves en el funcionamiento del TSJ, como las violaciones en contra del personal en activo y de jubilados, además del presunto abandono o desantención injustificada de las funciones encomendadas, por lo que pidió a los legisladores que como sanción la destitución e inhabilitación de cuevas López para ejercer en la función pública, no menor de 6 ni mayor a 12.
El presidente del Foro de abogados del Estado de Morelos, Pedro Martínez Bello, festejó la iniciativa de su homólogo, y recordó que desde el año pasado, él como representante de la organización denunció públicamente el hecho, “existe responsabilidad, pareciera que en su afán de seguir controlando los recursos económicos, ella (Cuevas López) es quien tiene un poder por encima del pleno, y de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la autoridad máxima es el pleno”, acusó.
Sin embargo estimó que el proceso emprendido por Díaz Rogel será cuesta arriba sin que por ello se deje de hacer, pero dependerá mucho de la voluntad de los diputados, señaló y dijo que conforme a Derecho es completamente procedente el juicio político, “por lo que seguramente la magistrada presidente buscará negociaciones y acuerdos políticos”.
Enrique Paredes, también abogado penalista, dijo desconocer los detalles que engrosan el expediente del juicio político solicitado por el doctor, y recordó que se deben acreditar las causales, con qué elementos se comprobará lo expuesto por el abogado, pero coincidió en que la Comisión Transitoria no tiene sustento jurídico derivado de los juicios de amparo concedidos en su contra para desechar las sanciones que pretendió imponer principalmente a jueces
15 meses de lucha
El 15 de diciembre de 2017, la pasada Legislatura aprobó una reforma constitucional del Poder Judicial, en la que extinguió al Consejo de la Judicatura, entre otras instancias, el cual, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, era un órgano colegiado al que le correspondía la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, y en sustitución del Consejo de la Judicatura se crearía un órgano de administración, la llamada Junta de Administración.
En febrero de 2018, un grupo de cinco magistrados acusaron que Cuevas López auspició la reforma sin el consenso de sus homólogos. A finales de marzo pasado, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, declaró que podría promover una denuncia penal contra la titular del Poder Judicial, ante la negativa de convocar a la integración e instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que desde abril de 2018 debió ser instaurada en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.
Desestimó el argumento de Cuevas López en torno que es necesaria una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para su instalación, porque la reforma constitucional en vigor desde hace casi un año estableció con claridad la extinción de la Comisión Transitoria –que actualmente integran Carmen Cuevas y los magistrados Rubén Jasso y Miguel Ángel Falcón-, y la creación del nuevo órgano colegiado.
Desde el 28 de enero pasado, los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto, Jorge Gambo Olea y él –grupo opositor a la presidente, le entregaron un documento en el que rechazaron que los jueces sean designados de manera directa por la Comisión Transitoria al tiempo de recriminar que no se haya instalado la Junta de Administración.
El grupo de magistrados disidentes insistió en que es ilegal la operación de la Comisión Transitoria y llamaron a instalar la Junta, la cual debe ser integrada por el titular el turno del TSJ, así como un magistrado y un juez, los cuales serán electos por el Pleno del tribunal a partir de una terna que proponga la presidente del TSJ.
El artículo séptimo transitorio del decreto 2611, publicado el 4 de abril de 2018, expone que quedó derogada la Comisión de Transición y es una omisión grave no instalar la junta, por lo que, ahondó, las funciones que realizan no tienen ningún sustento legal ni constitucional.
“Somos peritos en Derecho, protestamos la Constitución y ser omisos es sancionable. Estas conductas pueden ser sancionables por quienes son afectados o, incluso, el Foro de Abogados, algún litigante, una persona que ha sido afectada por esta comisión, puede denunciar”, vaticinó el magistrado Arenas Ángeles.
Amparos en contra
A principios del mes pasado, un juzgado federal declaró incompetente a la Comisión para sancionar a jueces y funcionarios judiciales, debido a que el órgano competente es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, sin instalarse desde abril de 2018.
El pasado 3 de abril, Jorge Isaac Lagunes Leano, juez segundo de distrito en el estado de Morelos, concedió el amparo a la juez mixta de primera instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, Xochiquetzalli Puebla Peralta, a quien la Comisión Transitoria le inició un procedimiento administrativo en noviembre de 2017, luego de se realizó una “visita extraordinaria” a su juzgado y se detectaron supuestas irregularidades.
El 21 de septiembre de 2018, la Comisión dictó la resolución definitiva en el procedimiento administrativo 412/2017, e impuso una sanción económica de 754 pesos y la anotación en su expediente ante la Secretaría de la Contraloría.
La juez impugnó el resolutivo, con sentencia a su favor, donde el juez federal explicó que, si bien el 16 de febrero de 2018 entró en vigor la reforma constitucional que estableció que el Pleno del TSJ nombraría una comisión que estaría integrada por el presidente del Tribunal y dos magistrados para sustituir al extinto Consejo de la Judicatura, hasta en tanto el Congreso realizara las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia del Poder Judicial, dos meses después, el 5 de abril, entró en vigor una nueva reforma que derogó las disposiciones anteriores y dio origen a la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.
“Resulta claro que la resolución reclamada de 21 de septiembre de 2018, fue emitida por una autoridad, legalmente incompetente, pues la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del TSJ, carecía de facultades legales para hacerlo, en la temporalidad indicada, razón por la que resulta nula de pleno derecho y violatoria de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal”.
La respuesta de la magistrada presidente no se hizo esperar y adelantó que impugnará el amparo ante un tribunal colegiado. A su decir, la resolución del juez “tiene muchas inconsistencias, la Comisión Transitoria está debidamente instaurada y es competente para conocer este tipo de asuntos”, puntualizó.
A pesar del resolutivo, al siguiente día se llevó a cabo la sesión de Pleno donde los integrantes de la controvertida Comisión insistieron en mantenerla en funciones.
El pasado 26 de abril, el mismo Juzgado Segudno de Distrito resolvió un segundo juicio de amparo en contra de una sanción emitida contra otra juez.
El Juzgado concedió el amparo a la Juez Quinto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Martha Renata Flores Contreras, que en diciembre pasado fue sancionada por la Comisión Transitoria con 806 pesos y ordenó anotarlo en su expediente en la Secretaría de la Contraloría. La juzgadora recurrió la sanción y se le concedió la protección de la justicia federal.
El Juzgado Segundo de Distrito reiteró su criterio sobre la incompetencia de la Comisión Transitoria y la nulidad de las sanciones impuestas, pues si bien es cierto que el Congreso no realizó las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, como se fijó en las reformas constitucionales en vigor desde hace un año, no existe impedimento para la instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que debe sustituir al extinto Consejo de la Judicatura.
La solicitud del juicio político en contra de Cuevas López debe ser radicada ante la coordinación de la Junta Política y de Buen Gobierno del Congreso Local y remitirse a la comisión de Gobernación y Gran Jurado para su análisis.
El antecedente inmediato sobre un juicio político similar se dio entre 2009 y 2010 en contra del entonces magistrado presidente del Poder Judicial Ricardo Rosas Pérez, el cual derivó en un retiro forzoso ordena por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras seis años ostentando el cargo.
Sin embargo, ante la renuencia de otorgarle su jubilación, el abogado inició una batalla legal que culminó con el decreto a su favor por parte de la anterior Legislatura, y con ello el pago retroactivo de seis años que alcanzó más de 12 millones de pesos.
La tarde de este viernes, el TSJ emitió un escueto comunicado a través del cual aseguró que es garante de los Derechos Humanos.
«Respecto de la solicitud de juicio de responsabilidad política presentado el día de ayer, relacionado con la titular del Poder Judicial en el Congreso Local, este Tribunal informa que la Magistrada Presidente, María del Carmen Verónica Cuevas López, esperará la notificación oficial para dar contestación oportuna. De igual modo, el Tribunal expresa su respeto al abogado tras manifestar su derecho de un ejercicio ciudadano.
«El TSJ informa que respetará el proceso legal del acto presentado ante el Poder Legislativo y hará lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la respectiva del estado de Morelos».