Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 25 de octubre.- Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo solapan la usurpación de funciones de uno de sus homólogos, quien por cesantía de edad debe retirarse del cargo por orden de un juez federal.
Guillermo Arroyo Cruz, exsecretario municipal de Cuauhtémoc Blanco, debió reemplazar al magistrado en la Segunda Sala, Orlando Aguilar Lozano desde 2014, pero éste recurrió a un amparo concedido por el juzgado octavo de distrito.
Esta resolución llevó a Arroyo Cruz a interponer una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el estado, por usurpación de funciones públicas y delitos cometidos contra la aplicación de justicia, que quedó bajo el oficio FECC/023/2017- 10, “incluso el resto de los magistrados debe acusarse por el grado de coparticipación al permitir que ejerza las funciones a sabiendas que ya no las tiene”, señaló.
El amparo fue solicitado el 14 de octubre de 2014, dos semanas antes de que el juez cumplió 65 años, bajo una argucia de derechos humanos al expresar su voluntad de permanecer en el puesto, a pesar de ser contrario a la ley, el 29 de octubre, mismo día que le fue concedida la suspensión definitiva.
En diciembre de ese año, se inició el proceso para desinar al suplente de Aguilar Lozano, convocatoria que atendió y ganó Guillermo Arroyo, señalado por el propio comisionado de Seguridad Jesús Alberto Capella Ibarra, de presuntos nexos con el crimen organizado, sin que diera pruebas de ello.
“El Congreso del Estado de Morelos deberá llevar a cabo y continuar con el proceso de designación de Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en todas y cada una de sus etapas, incluso si lo estima pertinente, podrá realizar el nombramiento respectivo, pero en todo caso, deberá abstenerse de tomarle la protesta en el cargo hasta en tanto este juzgador se pronuncie respecto del fondo del asunto, pues de ejecutarse tales actos podría quedar sin materia el fondo del asunto.
“Para que el magistrado Orlando Aguilar Lozano, no cese materialmente en sus funciones, exclusivamente con motivo del retiro forzoso a que aluden las autoridades responsables, hasta en tanto este juzgador se pronuncie sobre el fondo del asunto”, dictó la suspensión 244/2014-II.
El 10 de septiembre de este año, el proceso se resolvió en contra del sexagenario quien fue notificado el 6 de octubre pasado de la separación forzosa del encargo público, por lo que la participación del juez en el pleno es ilegal así como los resolutivos y sentencias de las que forme parte, advirtió.
Guillermo Arrollo solicitó al mismo juzgado octavo federal un amparo en contra de la negativa del Congreso local a tomarle protesta en el encaro, que quedó registrado con el número 1650 del Juzgado Octavo de Distrito.