Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 22 de agosto.- El padre de Erick, un hombre de la tercera edad de oficio taxista, desapareció hace tres años, el 18 de abril, del municipio de Zacatepec. Tras horas de espera, unos presuntos secuestradores se pusieron en contacto con ellos para exigir rescate. Denunciaron el caso ante la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión (UECS) pero “fue el peor error”, denunció la familia Burgos.
El señor Burgos lleva tres años desaparecido luego de la exigencia del rescate y la denuncia ante la instancia estatal, la pérdida del expediente, dos veces, y de las muestras genéticas, así lo denunciaron los familiares de la víctima de secuestro quienes lamentaron que el caso no lo hayan presentado ante otra instancia como la Procuraduría General de la República.
“Mi padre no ha aparecido, ni vivo ni muerto”, expuso su hijo, quien también lamentó que al buscar a las autoridades tanto de la UECS como al propio gobernador Graco Ramírez, “el trato ha sido frío, descortés. Adriana Pineda nos ha recibido en un par de ocasiones, sin darnos ninguna solución; a últimas fechas evade entrevistarse con nosotros”, acusó.
También dijo que en alguna ocasión pudo exponer su caso ante Graco Ramírez, a quien calificó como un hombre frío. “Se le olvida al gobernador que no somos cajas, que no somos un número, somos personas y los desparecidos, los muertos, son nuestros familiares», sostuvo.
El caso anterior es uno más que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha contabilizado desde el inicio de la gestión perredista en el estado.
Esta mañana el secretario de Comunicación Universitaria, Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezó una rueda de prensa en el plantón del Frente Amplio Morelense, en los portales de Palacio de Gobierno, donde fue expuesto el caso de la familia Burgos pero además, dio cifras del propio secretariado que contradicen la afirmación gubernamental de que los índices de violencia en el estado van a la baja.
Y ejemplificó que en las administraciones panistas de Sergio Estrada (2000-2006) se registraron 792 homicidios dolosos, 50 secuestros y 359 denuncias por extorsión.
En el mismo periodo de tiempo, con Marco Adame (2006-2012) hubo 845 asesinatos, 63 secuestros y mil 642 extorsiones, pero en el actual gobierno, de octubre de 2012 a junio de 2016, son mil 992 asesinatos, 348 secuestros y mil 26 extorsiones. En tanto la comisionada estatal de Atención a Víctimas, Angélica Rodríguez, denunció que Nadxieelii Carranco Lechuga, coordinadora ejecutiva, «tiene secuestrada la instancia a través de la burocracia que ha sido impedimento para la reparación de daños a víctimas; sólo se ha logrado una reparación en un año que llevamos de trabajo y hay dos más que por la falta de un documento no se han consolidado», reclamó. Finalmente, la mamá de Viridiana Morales, estudiante de Psicología desaparecida en agosto de 2012, reveló que no sabe cuántas víctimas atiende dicha comisión ya que no hay una base de datos homologada.