Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 28 de octubre.- Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, urgió a las autoridades competentes pronunciarse y tomar con seriedad el caso de las dos jóvenes que a través de redes sociales, denunciaron casos de presunto acoso por parte de un catedrático.
La semana pasada la estudiante de Posgrado de Psicología Erika “N” y su compañera de Maestría, Daniela “N”, denunciaron ser víctimas de presunto acoso por parte del maestro Aldo Bazan, quien fue su tutor de tesis. A una semana de la denuncia pública, ninguna autoridad se ha pronunciado por el hecho, a pesar de que en el estado hay Alerta de Violencia de Género desde agosto de 2015.
Hace un par de días una alumna de posgrado de la Facultad de Psicología de la UAEM Morelos denunció vía un video publicado en Facebook el acoso que sufrió por parte de un profesor, que se menciona tiene antecedentes por este mismo delito desde el 2012.
Asimismo otra joven de esa misma escuela denunció lo mismo, aunque también señala que hubo discriminación en su caso porque cuenta con una discapacidad.
Tanto las autoridades de Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) como la universidad del estado fueron notificadas del caso hace varios meses, pero desestimaron el caso y hasta dieron de baja a la estudiante, por la aparentemente la amistad del profesor de origen peruano con el ex rector Alejandro Vera, han librado a este personaje de ser investigado y en el caso de hace varios años sólo le otorgaron un año sabático para librarlo de los señalamientos
Para Díaz Pineda, es el momento ideal para que los responsables del cumplimiento de la AVG como la Secretaría de Gobierno y del instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (cuyos titulares Pablo Ojeda Cárdenas y Flor Dessiré León Hernádez, quienes ostentan la presidencia y secretaría técnica de la Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres), y se pronuncien al respecto ante el silencio que han guardado en torno al tema, a pesar de que el propio IMEM imparte un taller de Masculinidades en la propia Universidad.
Asimismo hizo hincapié en la falta de respuesta favorable a las presuntas víctimas por parte de la Unidad de Atención a Víctimas de la UAEM, de la propia Rectoría así como de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
“Estamos ante la posible comisión de un delito y la Fiscalía no puede objetar la autonomía de la máxima casa de estudios, cuando es la entidad responsable de perseguirlos. En torno a la Secretaría de Gobierno como del IMEM deben fijar postura ante el hecho por la responsabilidad que tienen, recordemos que varios de los casos de acoso y de hostigamiento en contra de las mujeres derivan en un feminicidio”, subrayó.
La defensora de Derechos Humanos lamentó que el caso haya sido denunciado ante las autoridades universitarias de manera previa a su difusión pública, pero lejos de iniciar una investigación interna haya cobijado al presunto agresor y no a las víctimas. Con ello, acusó, lo único que se logra es la inhibición de la denuncia.
Por lo anterior hizo un llamado a la ciudadanía a evitar linchamientos públicos en contra de las dos jóvenes, “no reparan en la situación de cuando una mujer es blanco de una situación similar está temerosa y sólo hasta que reúne el valor se decide a hablar y denunciar a pesar de las consecuencias que le puede generar”.
Finalmente hizo un llamado a quienes dirigen la Unidad de Atención de Víctimas de la universidad a realizar un precedente, ya que señaló, ésta será su “prueba de fuego” para sentar un precedente y en caso de comprobarse, que las víctimas sean tratadas con dignidad, respeto y sean el acompañamiento para que alcancen justicia.
Para la UAEM, los casos de acoso no son un tema nuevo. Hacia mediados del presente año, estudiantes de diversas facultades, principalmente de Derecho y Psicología, denunciaron ser víctimas de acoso por arte de docentes y directores, a través de cartulinas que pegaron en sus áreas más cercanas y en las inmediaciones de Rectoría. A pesar de ello, las autoridades universitarias negaron tener denuncias sobre este tipo de delito.