Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 24 de octubre.- Disminuir las “lagunas” jurídicas que impiden que feminicidas purguen sentencias hasta de 70 años, es una de las finalidades de la mesa de armonización legislativa, que este día se retomó tras tres años sin actividad, informó Flor Dessiré León Hernández, titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y detalló que la Alerta de Violencia de Género obliga al Estado a realizar este tipo de trabajos que desde 2016 no se efectuaba.
Este día se retomó la labor entre el Instituto, la Secretaría de Gobierno, diputados y asesores de los legisladores, con la presentación de tres iniciativas para crear reformas en el código penal y familiar.
El objetivo de una de las iniciativas, presentada por el diputado morenista Javier García Chávez, busca reducir que las argucias legales para reducir las sentencias de los imputados por el delito de feminicidio.
La propuesta que presenta Javier busca que los aspectos para impartir justicia relacionados con el delito de feminicidio no encuentra, en este sistema, posibilidades que permitan a quienes cometan ese delito a bajar su condena, abundó la funcionaria. Lo que busca esta propuesta es “cerrar la pinza” para que no exista esta situación y que el feminicida cumpla con la sentencia como lo señala el código penal de Morelos, de hasta 70 años, explicó.
Por lo anterior, León Hernández exhortó a los diputados a retomar su trabajo de manera consecuente en el Congreso para que la iniciativa, que está aprobada por los diputados, sea votada en el pleno, se remita al Poder Ejecutivo y sea publicada para su puesta en ejecución.
La titular del IMEM, quien además es la secretaria técnica del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASE), adelantó que en dicha mesa de armonización también revisarán temas como el que menores de edad acusados de feminicidio purguen sentencias mínimas, como el implicado en el feminicidio de Mariana ocurrido en mayo pasado.
“Son dos jóvenes acusados por este crimen, uno de 18 y otro de 17 años, éste último quien finalmente privó de la vida a la joven de sólo 22 años alcanzó la sentencia máxima de cinco años, sin embargo al ser menor de edad sólo purgará un año en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), y los cuatro restantes en el penal de Atlacholoaya”, por lo que consideró que deben revisarse este tipo de casos para ser juzgados como mayores de edad y alcanzar la sentencia máxima.
La titular del Instituto lamentó el rezago tanto en la impartición de justicia como en materia legislativa. “Debe analizarse a profundidad porque no es el único caso, en el instituto la violencia que atendemos tiene que ver con tema sexual en su mayoría, intrafamiliar y vemos con preocupación el aumento de violencia entre las juventudes”, finalizó.
