Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 6 de noviembre.- Jesús Hernández Maldonado, un expolicía preventivo, ´desapareció´ el 25 de marzo de 2014 en el municipio de Yautepec, al oriente del estado. Ese día avisó a su familia que acudiría a una cita de trabajo pero fue  privado de su libertad presuntamente por un grupo armado.

El Comisionado de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella, dijo que una línea de investigación apuntaba hacia un posible nexo de la víctima con el crimen organizado, lo cual fue rechazado tajantemente por la familia del expolicía.

Su cuerpo fue localizado en septiembre pasado en las gavetas del Servicio Médico Forense (SMF) de la Fiscalía Regional Oriente, con sede en el municipio de Cuautla, donde permaneció por más de tres años sin la práctica de pruebas de identificación por lo que el cadáver estaba en calidad de desconocido.

Su familia tenía vigente una denuncia por desaparición desde la gestión de Rodrigo Dorantes Salgado (2013-2015), actual delegado de la PGR en Tabasco, pero el caso no tuvo resultados hasta principios de septiembre cuando la familia informó sobre su localización en el Semefo de Cuautla.

Los restos de Jesús fueron localizados entre junio y julio de 2014 en un paraje despoblado de Yautepec, municipio aledaño a Cuautla.

Los nombres de Ana Lilia Guerrero Moreira y Gerson Cervantes Gurrea, exdirectora de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y el exencargado de despacho de la Coordinación de Servicios Periciales de la zona oriente, respectivamente, resurgieron con el caso del expolicía Hernández Maldonado.

Ambos exfuncionarios fueron acusados por un caso similar a finales de 2014. La familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, un comerciante de Cuautla privado de su libertad y asesinado a mediados de 2013, cuyo cuerpo, a pesar de estar plenamente identificado por sus familiares, no les fue entregado ante la negativa de Guerrero Moreira y bajo la argucia de realizarle más pruebas al cuerpo.

El 28 de marzo de 2014, 118 cuerpos fueron inhumados de manera ilegal por la exprocuraduría regional oriente en las fosas de Tetelcingo, una comunidad indígena de Cuautla. Por nueve meses, la familia interpuso una serie de denuncias hasta que el 9 de diciembre de ese año los restos de Oliver fueron recuperados, pero con ello quedaron al descubierto las condiciones irregulares de la inhumación de los demás cuerpos.

El 6 de noviembre de 2015 cuando el abogado Javier Pérez Durón fue elegido por el Congreso de Morelos como Fiscal del estado, la  familia de Oliver Wenceslao dio a conocer las anomalías de la inhumación del comerciante y otras 117 personas desde las fosas de Tetelcingo.

Por esos hechos la Fiscalía estatal inició proceso contra Guerrero Moreira y Gerson Cervantes pero su desarrollo es lento por la serie de amparos interpuestos por la defensa de los imputados.

Ambos exfuncionarios fueron también los responsables de mantener el cuerpo de Hernández Maldonado en el Semefo sin practicar la necropsia ni la toma de muestra de ADN para su identificación.

El fiscal Pérez Durón  calificó el caso como un “desaseo en la institución a tres o cuatro administraciones pasadas”.

Sobre el tema afirmó que fincarán responsabilidades penales a quienes estaban a cargo de la entonces Subprocuraduría de Justicia de la Región Oriente y al ex director de Servicios Periciales de la misma zona.

Pide familia confirmación de identidad a PGR

Al ser enterados de que Jesús Hernández estuvo en el Semefo por más de tres años, sus familiares solicitaron a la Procuraduría General de la República la toma de pruebas para corroborar su identificación, ante las dudas del procedimiento de la Fiscalía estatal. El 30 de octubre pasado, la dependencia federal confirmó el resultado.

El pasado sábado, los restos de Jesús fueron velados y enterrados en un panteón al norte de Cuernavaca. La familia considera denunciar a los funcionarios involucrados, acción de la que el propio fiscal se dijo “respetuoso”.

Salida ríspida de la CESP

Jesús Hernández Maldonado, de 31 años, renunció a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) en diciembre de 2013, ante una investigación por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, investigación de la que no se dio a conocer resultado alguno o prueba de las acusaciones.

Tres meses después de su baja, el expolicía desapareció del mismo municipio donde estuvo asignado. Un año después, el 17 de marzo de 2015, la CESP difundió una presunta investigación sobre una fotografía de una joven de nombre Mayra “N” de 20 años, en la que apareció con un chaleco, arma y gorra de policía, presuntamente de Jesús Hernández.

A decir del subsecretario operativo de Seguridad pública, Francisco Javier Viruete Munguía, la joven declaró que la imagen la tomó el expolicía, un mes antes de su baja, a quien conoció en la fonda en la que laboró, en Yautepec.

La familia exigió una explicación a los responsables de la seguridad en la entidad por la posesión y difusión de la imagen, ya que presuntamente la fotografía fue tomada por la propia víctima, situación que tampoco aclararon las autoridades.