Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 26 de junio.- De las cuatro iniciativas presentadas por el Ejecutivo estatal al Legislativo en materia de seguridad, dos son las que tienen mayor viabilidad de aprobación antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, entre la que se encuentra la reforma al Código Penal local para considerar el delito de extorsión como grave.
Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad en el Poder Legislativo, explicó que la petición de la reforma fue hecha por la titular de la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión (UECS), Adriana Pineda, para agravar la pena de la extorsión incluso con medida cautelar de cárcel preventiva.
Ello debido a que en el tema de extorsión, se reveló por parte de la Fiscalía que el 98% de este delito no se denuncia, y el 2% que se hace es en un ambiente incierto, detalló.
La gente no se atreve a denunciar la extorsión debido a que el juez, al momento de generar el análisis respectivo, considera que no amerita una prisión preventiva y deja en libertad al extorsionador lo que pone en riesgo al denunciante, por ello se busca incrementar la penalidad para que ese 98% que no se denuncia tenga la confianza para hacerlo, argumentó el legislador.
Sobre el tema el fiscal general Uriel Carmona Gándara, secundó la expectativa del diputado morenista al asegurar que agravar el delito dejará de inhibir la denuncia.
A lo anterior se sumó el presidente del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos(Idefomm), Enrique Alonso Plascencia, quien habló sobre la presunta extorsión que sufren 18 alcaldes de Morelos a manos del crimen organizado principalmente en la zona sur del estado, asunto ventilado por el obispo Ramón Castro Castro en diversas entrevistas.
“Está bien que se diga que hay cobro de piso, los alcaldes están dispuestos hacer declaraciones y denuncias pero hay algo que tenemos que garantizar que es la seguridad, desde la federación y el estado, porque son autoridades que se vuelven más vulnerables y que son atacadas de inmediato al denunciar esta situación, ya sea contra su persona, sus familias, sus allegados o sus viene patrimoniales”, expuso.
Una cosa es pedirle a la ciudadanía que haga su denuncia y otra buscar la ruta para que tenga certeza y no sufra mayores consecuencias por actuar contra el crimen, abundó al tiempo que negó tener conocimiento de qué alcaldes se encuentran en esta situación.
Ante ello la solicitud de reforma por parte de la Fiscalía, que a decir de Zapotitla Becerro tiene mayor posibilidad de que sea aprobada por el Legislativo antes del 15 de julio, cuando concluya el periodo ordinario, pero en caso contrario, la opción para un periodo extraordinario está latente.
En tanto, la iniciativa en torno a la videovigilania presentada por el gobierno del estado también lleva un avance significativo, pero por ahora está en revisión el impacto presupuestal que tendrá así como el tiempo en que entrará en vigor.
El tema de las cámaras de videovigilancia, explicó, va en el sentido del uso que se le dará al material recabado tanto de cámaras en comercios o domicilios particulares, así como la forma en que la autoridad podrá requerir su contenido, entre otros aspectos.