LA SILLA ROTA
Dos medios de comunicación digitales y siete personas cometieron violencia política de género en contra de la excandidata de diputada federal por el PT, Arlene Moreno Maciel, a través de diversas publicaciones en las que afirmaron que había obtenido la nominación debido a sus atributos físicos, concluyó la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En 2021, la exaspirante a la diputación federal denunció a medios de comunicación por violencia política de género y daño moral, debido a los términos e imágenes utilizados en las noticias en donde se hacía referencia a su candidatura; pues, esto, asegura, la orilló a presentar a renuncia a la posición que la llevaría directamente la Cámara de Diputados.
Se trata de Buró de Comunicación Política; Medios Digitales Metrópoli; Erick Iván Murillo Mendoza; Ángel Piedra Villegas; Carla Cota Galindo; Isis García García; Vicente Gerardo Zúñiga Pacheco; Alejandra Fernández Arreola y Diego Alejandro Soto Granados.
De acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Luis Espíndola, estas personas y medios utilizaron su influencia y alcance para demeritar la candidatura de Arlene en plena campaña electoral, lo que generó una relación asimétrica de poder.
Además, retomaron unas fotos que la candidata se había tomado previamente para cuestionar su capacidad para ocupar la diputación y destacar su aspecto físico como factor relevante en la obtención de la candidatura.
También destacaron el supuesto papel de su madre (diputada federal en ese momento) en el logro de dicha candidatura.
Por todas estas conductas, estas personas estarán obligadas a disculparse públicamente con la excandidata, serán multadas; deberán tomar dos cursos sobre género; serán incorporadas en el padrón de agresores del INE.
De reincidir perderán el «modo honesto de vivir» un requisito previsto en la Constitución para obtener una candidatura.
La sala especializada también realizó un «enérgico llamado» a los medios de comunicación a conducirse con mayor cuidado, pues la libertad de expresión no ampara la violencia contra las mujeres. Además, los exhortó a generar contenidos que concienticen a la ciudadanía sobre el tema.
La sentencia será comunicada a los partidos nacionales y a los de Baja California Sur (estado donde ocurrieron los hechos) para que la difundan si lo consideran conveniente y revisen su normativa, a fin de impulsar la participación política de las mujeres.