•En otros 14 Estados del país ya es ley y Morelos no logra los consensos desde hace años.
Por Antonella Ladino
Integrantes de asociaciones civiles y activistas presentaron por tercera ocasión ante el Congreso local la iniciativa de ley para reformar el Código Penal del Estado de Morelos, que permita despenalizar el aborto como parte de un derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo hasta las 12 semanas, y así evitar la criminalización por la interrupción del embarazo.
Representantes de más de 30 colectivos de mujeres feministas acompañados por la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Isela Chávez Cardoso, presentaron la solicitud con carácter de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Morelos y la ley de Salud del estado con la finalidad de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo y con ello el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Nadxieelii Carranco Lechuga, secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que la iniciativa está basada en los criterios de la acción de inconstitucionalidad 148/2017 y tiene como objetivo despenalizar el aborto voluntario, y legalizar los servicios de salud públicos y privados para la interrupción del embarazo.
También destacó que con la reforma al Código Penal se elimina la criminalización de las mujeres y personas gestantes que decidan abortar, se reconoce como delito el aborto forzado; se eliminan las causales de aborto a excepción del riesgo de vida o de salud de la persona gestante y se establece como límite dos días naturales para que los Servicios de Salud pública realicen la interrupción voluntaria del embarazo a partir de la solicitud.
De igual manera, señaló que se define como plazo dos días naturales para que el Ministerio Público (MP), el DIF estatal y municipal emitan autorización cuando la solicitante sea menor de doce años y no cuente con autorización de su madre, padre o tutor.
En otros 14 Estados del país se aprobó la despenalización del aborto y aunque en Morelos los colectivos lo han exigido desde el 2014 y en septiembre de 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) presentó ante el Congreso local la iniciativa, los integrantes de la 55 Legislatura local no lo aprobaron porque eran minoría los que estaban a favor.