Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 4 de marzo.- Filtraciones de información desde la Fiscalía General del Estado y de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Morelos vulneran la integridad de activistas, acusó Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, durante una protesta para exigir medidas cautelares en la dependencia.
Sus señalamientos se dan luego de que el pasado mes de enero interpuso una queja ante la CDH Morelos por amenazas en su contra por parte de familiares de los presuntos asesinos de Gustavo Salgado, perpetrado hace un año en el municipio de Ayala.
“Las amenazas no son un delito sólo si se cumplen, por ello recurrí a la Comisión e inició el expediente 112/2016-4, sin embargo esta dependencia informó a la Fiscalía sobre el tema e incluso vía oficio expone todos mis datos y solicita un informe de los antecedentes y omisiones”, asimismo relató que las medidas cautelares nunca se efectuaron.
Pero no fue la única anomalía. Sobre el allanamiento de morada que sufrió a mediados de febrero, interpuso una denuncia ante la FGE que mandó un policía una semana después, y quien sólo tomó fotografías, expuso.
El pasado miércoles, la Asociación Cívica Morelense “Gustavo Alejandro Salgado Delgado” realizó una protesta en la plancha Emiliano Zapata, en pleno centro de Cuernavaca, donde se denunció públicamente el hecho además de otros ataques, al menos 10, en contra de testigos en el caso del asesinato de Gustavo presuntamente hechos por familiares de sus asesinos, los llamados “Marcelinos” o “Victorinos”.
De manera inmediata, la CDH Morelos informó que pediría las medidas pertinentes, lo que quedó asentado en el expediente G/073/2016-A, sin que la propia afectada lo haya solicitado.
Derivado de estos hechos, esta mañana los integrantes de la Asociación, alrededor de un centenar de personas en su mayoría de la tercera edad realizaron una caminata de la entrada norte de Cuernavaca, en la glorieta Emiliano Zapata a la Fiscalía, donde una comisión se entrevistó con las autoridades.
Ante la ausencia del fiscal Pérez Durón, se pactó un nuevo encuentro para que la dependencia dé cuenta del rezago en las denuncias de los activistas.