Por Oswlald Alonso
Algunos abogados lastimados por el reciente asesinato del catedrático de la universidad estatal y conocido litigante, Rodolfo García Aragón, culparon al estado de la inseguridad que dicen vivimos en Morelos al arrogante titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Jesús Alberto Capella Ibarra, al argumentar que ni la prevención del delito funciona, ni se brinda seguridad a los ciudadanos, mandato constitucional a que están obligados. Entonces, demandaron la salida de Jesús Alberto Capella, quien un día antes cometió la torpeza de declarar que la muerte de una sola persona (abogado Rodolfo García Aragón), no cambiaría la estrategia de seguridad del gobernador perredista.
Bien sabido es que el comisionado Capella es quién lleva el mando no solo en el tema de la seguridad sino también en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde despacha Javier Pérez Durón. A los abogados se les ha cuestionado sobre cuál es su opinión del trabajo del fiscal, con prudencia han dicho que se trata de un joven abogado que tiene derecho al beneficio de la duda, que será el tiempo quien diga si es un buen o un mal funcionario público. Pérez Durón, ha dicho que él es autónomo, que no recibe órdenes de nadie menos del comisionado Capella. Hasta hace unos días le di el beneficio de la duda pero se lo gastó. Mostró ser el más malo de los fiscales.
Es el más malo de los fiscales que ha tenido Morelos porque sólo él aceptó una orden, la aplicó tan solo para que, unas horas después -al ver el monstruo mediático-, desdecirse, quedando como el más malo de los servidores públicos en la procuración de justicia. Explicaré el caso.
La fiscalía regional del oriente inició una carpeta de investigación contra el rector de la universidad estatal Alejandro Vera Jiménez, contra el activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), el poeta Javier Sicilia y contra María Concepción Hernández, madre de un joven de Cuautla que fue asesinado y quien reveló la existencia de la fosa de Tetelcingo donde se encuentran presuntamente 116 cadáveres inhumados de manera irregular. Los tres han sido promotores de que los cuerpos ahí enterrados sean exhumados para su identificación con ayuda de científicos de la universidad morelense.
La carpeta de investigación se abrió contra el rector, el poeta y la víctima, entre otros, porque según el ministerio público en agravió del gobierno del estado y de la sociedad morelense, se violaron los sellos o cordón del lugar donde se encuentra la fosa irregular de Tetelcingo. Efectivamente, los tres acudieron en pasados días a la fosa, convocaron a los periodista a la cobertura, porque tenían el temor de que la fiscalía exhumara los cuerpos sin la presencia de los familiares de víctimas ni del equipo de científicos de la universidad morelense. Ahí montaron guardia e hicieron un pronunciamiento. Por esta razón les iniciaron la carpeta de investigación.
24 horas después, ya con el escándalo mediático por la persecución contra el rector, el activista y la víctima, el fiscal informó que se trataba de un “error” por lo tanto la denuncia sería sobreseída. Error que atribuyó a la ministerio público de la región oriente que inició la carpeta de averiguación. Negó una persecución contra víctima, poeta y rector.
“Estoy muy apenado”, declaro Pérez Durón después de que periodistas difundieran el “error” de la fiscalía.
De entrada, la fiscalía al ser un órgano dependiente del Poder Ejecutivo (del gobernador), sin autonomía, Pérez Durón está a las órdenes de los gobernantes en turno. En su defensa podrá decir que orgánicamente es así, él fue electo por la «democracia» ( diputados locales). En los hechos, resultó ser el fiscal más malo. Quizá por tonto o lo peor, por ingenuo.