Por Antonella Ladino
Cuernavaca, Mor., 9 de febrero.- El secretario de Asuntos Jurídicos, José de Jesús Guizar Nájera, informó que en los próximos días interpondrán una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por las inconsistencias que presenta el decreto del Mando Único y el Convenio de Asunción.
La controversia responde a las presuntas irregularidades cometidas por elementos del Mando Único cuando cerraron el depósito vehicular “Base Bahena” que presta sus servicios al municipio, presuntamente por órdenes del comandante Jesús Pérez Abarca, lo que derivó en el despido del comandante de la Policía Vial, Orlando Guerrero por instrucciones del edil Cuauhtémoc Blanco.
De acuerdo al decreto publicado el 3 de enero de 2016 en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el municipio de Cuernavaca permanece dentro del convenio de seguridad del Mando Único (MU), aunque en diciembre Blanco Bravo, desconoció al comandante Pérez Abarca y anunció su rompimiento con este modelo policial por lo que exigió la policía municipal.
Después de ese despido el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, acudió a las instalaciones de la Policía Vial y recordó a los oficiales que el gobernador del estado, Graco Ramírez, asumió el mando policial de Cuernavaca como un caso de fuerza mayor y ese decreto se encuentra en vigor porque no tiene ninguna impugnación, expresó, lo cual se difundió mediante un video.
“Se han estado generando una serie de circunstancias de carácter administrativo que están afectado a la operatividad de la policía de Cuernavaca, y quien viole este decreto comete un delito el cual está tipificado en el Código Penal del Estado, y eso no lo voy a tolerar, porque ya saben que no nos andamos con jueguitos”, dice el Comisionado a los uniformados.
Insistió que el único superior jerárquico que puede tomar decisiones en función de este decreto es el comandante, Jesús Pérez Abarca y si cualquier coordinador administrativo, jurídico o de cualquier otra de las áreas viola, incumple o contraviene la disposición de Abarca, en ese momento queda detenido y puesto a disposición del Ministerio Público (MP), refiere Alberto Capella.
Pero en la opinión del jurídico municipal la elaboración del decreto y del Convenio de Asunción tiene cuestiones que se contradicen, por eso Blanco interpondrá la controversia ante la SCJN para que sea la Corte quien dé el resultado final.
“Lo que vivimos en el corralón es una situación administrativa que deja vehículos sin custodia”, cuestionó Guizar Nájera, y adelantó que en estos días preparan los proyectos para presentar las denuncias correspondientes y tratar de restablecer mayor armonía en el ayuntamiento.
“Es lamentable las posturas de impotencia que ellos demuestran y tratar de seguir generando la imposición de situaciones que ya no tienen cabida, simplemente se tomó la decisión de remover algunas personas que no tiene mayor problema de estrategia”, dijo Guizar Nájera.