Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 10 de mayo.- El Frente Amplio Morelense (FAM) emplazó al gobernador Graco Ramírez a presentarse en las fosas de Jojutla el próximo 18 de mayo, en el panteón municipal de dicha localidad, para que rinda cuentas sobre las irregularidades ahí encontradas, tras la exhumación de más de 80 restos humanos.
Javier Sicilia, vocero del frente -conformado principalmente por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una de las instituciones con las que tiene mayor confrontación el mandatario estatal, así como una docena de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos-, acusó que si el gobernador ignora dicha exigencia, «lo tomaremos como una ausencia de un espíritu democrático, sin capacidad de gobierno al que sólo le queda la fuerza de la represión y la persecución, que implica la destrucción de la vida social y política de Morelos», dijo.
El FAM pidió que tras las anomalías registradas tanto en las fosas de Tetelcingo, en Cuautla, como en Jojutla, donde fueron inhumados de forma irregular 119 cuerpos en la primera y más de 80, hasta el momento, en la zona sur, sea la Procuraduría General de la República la que atraiga el caso ante la presunción de que no se puede ser juez y parte de un proceso hecho por la entonces procuraduría estatal.
El rector Alejandro Vera acusó la presunta liberación de una orden de aprehensión en su contra por peculado y asociación delictuosa «porque la universidad ha denunciado y arropado este tipo de situaciones, que representan una grave y reiterada violación a los derechos humanos de este estado y eludir así su responsabilidad. Los cargos que presuntamente busca imputarme el gobierno estatal son ridículos, parece que quiere desmantelar a la universidad, Graco Ramírez pretende así robarme mis derechos políticos», ahondó.
Los integrantes del frente coincidieron en la demanda a la intervención inmediata de la federación en el estado, no sólo en los temas de las fosas de la zona sur y oriente del estado, donde fueron inhumados en 2014 decenas de cuerpos sin necropsia, carpetas de investigación, tomas de muestras genéticas para confrontarlas con personas reportadas como desaparecidas y, en al menos dos casos, enterró a víctimas a pesar de estar plenamente identificadas y reclamadas por sus familiares, sin su consentimiento.
Los cuerpos fueron exhumados, en Tetelcingo, el año pasado; a mediados de marzo del presente año inició la exhumación de los cuerpos de la fosa de Jojutla sin que dicha diligencia haya concluido.
«El caso reciente de los hermanos chiapanecos -desaparecidos a mediados de 2012 en Puebla y localizados sin vida en los límites con este estado, en Jantetelco, a los que nos les realizó ninguna prueba para su identificación y que fueron entregados hace una par de semanas a sus familiares, tras casi cinco años de tenerlos ‘escondidos’ en los semefos y luego en esas fosas de Tetelcingo, solo es muestra que el gobierno de Graco Ramírez no sólo violenta los derechos humanos de la ciudadanía, actúa como un verdadero criminal», finalizó.