Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 7 de junio.- El gobernador Graco Ramírez afirmó que el exprocurador de Justicia, Rodrigo Dorantes, incurrió en un error al inhumar como “bultos” 200 víctimas en fosas de Cuautla y Jojutla.
En el evento del Día de la Libertad de Expresión, el mandatario estatal precisó que las prácticas ilegales en las que incurrió Rodrigo Dorantes estriban en la autorización para sepultar a las víctimas, presuntamente en calidad de desconocidas, sin la practica de las necropsias de ley, toma de muestras para perfiles genéticos y el inicio de las carpetas de investigación.
El gobernador Graco Ramírez aseguró que “las fosas comunes no las atendía ninguna fiscalía, los cuerpos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla no son de esta administración, son de antes, los cadáveres no son de este sexenio.
“Varios procuradores aventaron como si fueran bultos a esas personas; por el error de un procurador que a mí me tocó, Rodrigo Dorantes, que se le hizo fácil hacer lo mismo que sus antecesores, un incidente en Cuautla destapó una falta de política de forense no sólo en el estado sino en todo el país”, asumió.
El caso que provocó el destape de las fosas fue la inhumación de Oliver Wenceslao, un comerciante de la región oriente privado de su libertad y encontrado muerto dos semanas después en una barranca, baleado y con signos de tortura, en junio de 2013.
El cuerpo fue reconocido por sus familiares pero las autoridades de la Subprocuraduría Regional Oriente depositaron sus restos en una fosa irregular de la comunidad de Tetelcingo, Cuautla, en marzo de 2014 con otros 117 cuerpos catalogados como desaparecidos o no reclamados.
Funcionarios sin sanción
María Concepción y Amalia Alejandra Hernández Hernández, madre y tía de Oliver iniciaron los juicios correspondientes para recuperar los restos del comerciante, lo cual se concretó en diciembre de 2014; en dicha diligencia también se entregó el cuerpo de una maestra secuestrada, presunta víctima de secuestro.
La familia inició también las denuncias penales en contra de Ana Lilia Guerrero Moreira, entonces coordinadora Central de Servicios Periciales y de Gerson Cervantes Gurrea, exencargado del Despacho de la Coordinación de Servicios Periciales de la Zona Oriente.
En febrero del año pasado, previo a la apertura de la fosa de Tetelcingo, el fiscal Javier Pérez Durón anunció en rueda de prensa que se les formuló imputación a ambos exfuncionarios por los delitos contra la inhumación y exhumación, el respeto a los muertos y administración de justicia; el proceso sigue su curso pero una serie de amparos han impedido que enfrenten la justicia.
Con respecto al caso del ex procurador Dorantes Salgado, el Fiscal Javier Pérez Durón anunció a finales de agosto que el ahora delegado de la PGR en Durango fue llamado a comparecer sólo en calidad de testigo, el 7 de septiembre pasado.
Hasta el momento no hay cargos contra Dorantes Salgado ni contra otro funcionario a pesar de que los cuerpos inhumados en marzo de 2014 en Tetelcingo provenían de los frigoríficos de la Zona Metropolitana y Oriente, y en el caso de Jojutla, que se realizó en junio del mismo año, de la región surponiente y de la misma metropolitana.