Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 22 de junio.- La Comisión de Derechos Humanos (CDH) Morelos emitió una recomendación por presunto abuso de autoridad en contra de un anciano.

La queja fue iniciada por Miguel “N” 709/2016-6, un hombre de la tercera edad quien acusó que presuntamente el 19 de noviembre pasado acudió a su domicilio personal del Centro de Justicia para la Mujer a fin de cumplimentar una orden para retirarlo con sus pertenencias de su domicilio luego de ser denunciado por su esposa Dolores “N” por violencia intrafamiliar.

Sin embargo, durante la diligencia fue obligado a entregar llaves de acceso a todas las áreas de la casa de manera violenta, lo que ocasionó la intervención de su hija de 48 años de edad, ante lo cual, arribaron policías adscritos al municipio de Temixco quienes los detuvieron presuntamente haciendo uso de la fuerza, lo que, dijo, le causó algunas lesiones.

Durante el trayecto de la puesta a disposición, Miguel “N” hizo del conocimiento de los elementos  que padece de hipertensión y complicaciones cardiacas por lo que solicitó atención médica, misma que le fue negada.

Tras el hecho, el hombre inició una queja ante Derechos Humanos que a su vez solicitó informes a las autoridades señaladas como responsables -el secretario de Gobierno Matías Quiroz; el comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella; el fiscal General Javier Pérez;  la alcaldesa de Temixco, Irma Camacho y al secretario de Protección Ciudadana del mismo municipio, quienes negaron los hechos pese a las pruebas.

Pese a ello, la Comisión acreditó un abuso de autoridad que derivo en la violación a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, mediante un uso ilegítimo de la fuerza en contra de Miguel  “N”.

La recomendación tanto para Capella Ibarra como para Pérez Durón fue en el sentido de evaluar y capacitar periódicamente a sus elementos en los temas del uso de la fuerza, técnicas de detención, sometimiento, aseguramiento, persuasión, negociación, mediación, solución no violenta de conflictos, medios técnicos que limiten el empleo de la fuerza; y que además se impartan nociones básicas de derechos humanos.

Se les instó iniciar los procedimientos de investigación administrativa en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos y adoptar medidas que garanticen no más agresiones contra los derechos humanos por uso irracional de fuerza pública.

Dar seguimiento a las carpetas de investigación a fin de llegar a una adecuada resolución así como la investigación administrativa en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos.

 

En este año, la Comisión de Seguridad ha acumulado 94 quejas en su contra en tanto la Fiscalía lleva un total de 45.