Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 26 de junio.- Un incremento del 5.5% al salario de la base trabajadora sindicalizada del Congreso local fue anunciado este día, a pesar del adeudo que mantiene el recinto con los trabajadores de confianza con el autonombrado G-10.
Beatriz Vicera Alatriste, presidenta del Congreso local, anunció en rueda de prensa que la semana pasada, luego de realizarse la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se llegó al Convenio 2017 de Prestaciones austero con los sindicalizados, el cual, dijo, presentaron con demandas accesibles de cumplir.
Entre los beneficios al gremio se encuentra el incremento del 5.5% de sus percepciones; 10 mil pesos adicionales por concepto de despensa en la cuota mensual; 5% más por concepto de uniformes; bonos por el Día de la Madre, del Padre y de la Secretaria así como 250 pesos quincenales para 20 trabajadores foráneos.
Luego del anuncio, los integrantes de los partidos PRD, MC, PSD Verde y uno de los dos integrantes del Panal procedieron a realizar la Junta Política y la Conferencia para tomar acuerdos.
A dichas reuniones, acusaron los integrantes del g-10, no han sido convocados desde que denunciaron públicamente la falta de pago a sus trabajadores de confianza por oponerse a la aprobación de las reformas electorales que incluye entre otras situaciones, la reelección hasta por tres periodos seguidos de los legisladores.
De nueva cuenta la presidenta del Congreso acusó que el conflicto en el Congreso se debe a la falta de voluntad del G-10, por no aceptar las “medidas de austeridad”, que a decir de los afectados, sólo se aplica en sus 150 trabajadores y no en el grueso de los empleados.
Al respecto, el presidente de la Barra de Abogados Miguel Ángel Rosete acotó, “los diputados que ya se siente con los cargos de reelección no han leído los artículos transitorios de la Constitución Federal, que el ánimo de la armonización, expone que la reelección no aplica a la legislatura actual sino que entrará en vigor hasta 2018 o, en su caso, hasta que se renueven las legislaturas en el caso de otros estados”.
A la par de esta rueda de prensa, que se realizó en un hotel, en el Congreso local el G-10 (integrado por las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, PES, PH y la otra integrante del Panal) hizo lo propio al acudir con la Barra de Abogados para anunciar el inicio de las demandas laborales.
Miguel Ángel Rosete expuso desde el pleno que la asesoría será de forma gratuita y de manera inmediata para quienes así lo deseen. La propuesta contradice al propio coordinador del PRI, Alberto Martínez, quien, la semana pasada, declaró que no recurrirían a las demandas “para no retrasar más el pago”.
El legislador del tricolor acusó también las anomalías tanto de la presidencia como de la institución bancaria contratada debido a que la semana pasada, la diputada del Panal, Edith Beltrán expuso públicamente la falta de pago de dos quincenas.
“Hasta que se ventiló el tema le fue depositado el dinero, porque le dieron cheques sin fondos. Además contemplamos ya una denuncia contra el banco que facilitó la copia de los cheques, una vez cobrados, por violentar la confidencialidad”, advirtió Alberto Martínez.
En tanto, Norma Alicia Popoca Sotelo aclaró que si bien la fracción blanquiazul aceptó la propuesta del pago de quincena y media, éste se realizó con anomalías ya que no se realizó a todos los afectados e incluso a algunos de ellos se les aplicó el descuento anunciado del 20% menos de sus percepciones, por lo cual siguen en protesta del cumplimiento cabal del acuerdo, recalcó.
Juicio político “a la vista”
Miguel Ángel Rosete recordó que al no convocar a la sesión ordinaria, los diputados violan el artículo 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el artículo 26 de la Responsabilidad de Justicia Administrativa y el artículo 19 de la propia Ley Orgánica del Congreso del estado.
“Con esto podemos iniciar un juicio político en su contra el cual debemos presentar en esta institución; ante la inminente desestimación del mismo tiene como consecuencia recursos jurídicos incluso el amparo”, adelantó.