Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 27 de junio.- “Se acabaron las vacaciones”, comentó con ironía la diputada perredista Beatriz Vicera Alatriste luego de la protesta que realizaron empleados de confianza por la falta de pago. Durante tres semanas sellaron oficinas e impidieron el uso del salón de sesiones.
A primera hora de este día los empleados del PAN, PRI, PES, PH y algunos del Panal, llegaron a la sede del recinto legislativo. Se les veía feliz ya que después de dos meses unos 150 trabajadores recibirán su salario, presuntamente retenido por el voto en contra de las reformas electorales, planteadas por el PRD.
Los diputados que sufragaron en contra de esas iniciativas pertenecen al G-10 y los manifestantes laboran para ese grupo.
Pero la base trabajadora que no quiso expresar su voz esta mañana, sólo acudió al cajero para verificar que el depósito estuviera hecho. Y así fue. Quincena y media les fue pagada, el resto del adeudo se regularizará hasta finales de julio, prometieron sus empleadores.
En el salón de comisiones, los diputados se dedicaron a la política. Los coordinadores de diversas fracciones parlamentarias de los llamados G-10 (disidentes) y los del G-20 (el bloque perredista y sus aliados) se sentaron a la mesa donde expresaron su beneplácito por destrabar el conflicto.
“Agradecemos la disposición de Beatriz Vicera quien siempre se mantuvo abierta al diálogo”, expresó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Víctor Manuel Caballero, quien hizo alusión a su apellido pero que causó comentarios contrarios de los asistentes entre los que se encontraban medios de comunicación, sus propios empleados e incluso entre sus homólogos.
Tan sólo 24 horas antes, su compañero de curul y vocero del G-10, el priísta Alberto Martínez, declaró ante cámaras la nula disposición de la presidenta de la mesa directiva para resolver el conflicto.
La diputada de Nueva Alianza, Edith Beltrán, declaró en días pasados que ella misma fue “víctima” de la falta de pago de dos quincenas, que según revela el portal de Transparencia del Congreso, que sólo muestra datos hasta agosto de 2016, asciende a 62 mil 854 pesos.
Entonces la diputada turquesa acusó que “de 100 llamadas que le hice a Bety, sólo me contestó una y no me dio razones del porqué no estaba hecho el depósito”. Hoy la historia fue distinta. Ambas diputadas mostraron sus mejores sonrisas a las cámaras, se abrazaron en público y bromearon entre ellas. El mismo comportamiento tuvieron el resto de los diputados en “paro”.
La única voz discordante fue la del controvertido Humanista, Jesús Escamilla, quien sin tapujos dijo que no había nada que agradecer ni a la presidenta ni a nadie, “sólo cumplen con su obligación, celebro que el conflicto se haya resuelto pero lejos estoy de agradecer que dejaron sin dinero por dos meses a nuestros empleados”. Los únicos que aplaudieron el breve discurso fueron sus allegados.
Javier Estrada, del Verde, no perdió oportunidad de ser mordaz y recalcó que el responsable del desfalco en el Congreso, y por ende de la problemática de los sueldos que presuntamente no se pagaron por falta de recursos, tiene nombre y apellido, dijo, y ese es Francisco Moreno Merino, el antecesor de Vicera Alatriste en la presidencia.
“Debe realizarse la auditoría externa para que entregue cuentas y devuelva el dinerito que se llevó”, expresó. El comentario no tuvo eco entre los diputados presentes.
Desde que Moreno Merino dejó la presidencia, a mediados de 2016, el Legislativo arrastra un déficit que algunos como el propio compañero de partido del legislador priísta, Aristeo Rodríguez, aseguran es por más de 60 millones de pesos.
De entonces a la fecha, el portal de transparencia del Congreso local no exhibe a cuánto asciende el pago de la nómina ni los demás gastos que por ley está obligado a exponer en su página de internet,www.congresomorelos.gob.mx/portal-de-transparencia.
Una vez que ambos grupos antagónicos expusieron su sentir, Beatriz Vicera, seguida de los panistas Norma Alicia Popoca y Víctor Caballero, el priísta Alberto Martínez y el recién ungido perredista Julio Espín, se dirigieron a la entrada de las oficinas de la presidencia donde quitaron los panfletos pegados con cinta canela que contenía la leyenda escrita con pluma negra “clausurado”.
El grupo mantuvo su sonrisa hasta que quitaron los sellos de las oficinas de la Junta Política, desde donde despacha Julio Espín. De inmediato el grupo se dispersó para iniciar la sesión ordinaria, la cual no se realizaba desde principios de este mes.
“No me desdigo, el no pagarles a nuestros trabajadores fue una presión política dirigida a los trabajadores en represión al voto contrario a las reformas electorales, propuestas y aprobadas por el PRD”, acusó, pero prometió que no cederán a las presiones futuras. El G-10 está consolidado, vaticinó.