Por Leticia Villaseñor

Ciudad de México, 3 de agosto.- Revisar y cambiar la estrategia de seguridad y resolver el rescate financiero de la Universidad, así como la situación económica de los municipios que no son afines al gobierno del estado, y detener una presunta persecución política en su contra, fueron parte de los acuerdos alcanzado por los integrantes de la Marcha por Morelos en su reunión con autoridades de la Federación, tras cuatro días de caminata y pronunciamientos.

Así lo dio a conocer el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, al término de una larga reunión en la Secretaría  de Gobernación en la que no estuvo presente el titular Miguel Ángel Osorio Chong, pero sí varios de los subsecretarios así como representantes de la Secretaría de Educación y de Hacienda.

En voz de Vera Jiménez, se expuso que la siguiente semana se harán mesas de trabajo entre la Comisión de Seguridad Pública del Estado, de la Gendarmería y la Policía Federal para evaluar y cambiar la estrategia de seguridad, que, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, los índices de inseguridad no han sido abatidos. “La actual estrategia es un rotundo fracaso, cada año se incrementan los homicidios dolosos en la entidad”, señaló el rector.

También acotó que “El atlas de la violencia y la delincuencia” que desde hace un par de años realizó la institución será tomado en cuenta así como las propuestas ciudadanas vertidos en los foros políticos de seguridad ciudadana realizados en el campus principal de la Universidad.

Sobre el rescate financiero de la UAEM, no abundó en la forma pero a su decir, la decisión fue contundente, “no dejaremos que se colapse la universidad por razones financieras ni tampoco los municipios, en particular Cuernavaca”, por lo que la próxima semana sostendrán una reunión con la Secretaría de Educación y Hacienda para afinar los detalles.

Además de estos temas de índole prioritaria, se abordó el tema de las fosas de Tetelcingo, en Cuautla y de Jojutla, donde se exigió el cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida desde octubre pasado, fincar las responsabilidades a todos los involucrados en las inhumaciones irregulares cometidas, así como la continuación de los trabajos pendientes de exhumación en ambos sitios.

El tema del Paso Exprés también fue puesto sobre la mesa para que se finquen las responsabilidades penales en contra de quién resulte, por las anomalías en la construcción, que cobraron la vida de dos personas al formarse un socavón con especial énfasis en contra de Protección Civil del Estado por presuntas omisiones.

Asimismo se hará un diagnóstico integral, con participación ciudadana, independiente al realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles del estado, para revisar el estado de todo el Paso Exprés que comprende unos 13 kilómetros.

Vera Jiménez afirmó que están previstas mesas de trabajo para revisar la aplicación que, de forma arbitraria, dijo, se han hecho los megaproyectos, tanto carreteros como de minería, basureros y termoeléctrica.

Se investigará y castigará, según el caso, a los funcionarios políticos que hayan participado y participan en actos de corrupción y represión, por lo que adelantó que la Segob le dará seguimiento al tema sobre las tres denuncias hechas por la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos ante la Procuraduría General de la República.

“Todo giró en torno a cómo el gobernador Graco Ramírez ha violentado los derechos humanos, sociales, colectivos, de los pueblos al imponer megaproyectos, darle el curso correspondiente ante las instancias correspondientes”, declaró el rector.

Sobre la petición de la destitución del mandatario estatal, confirmó que la Segob adujo no ser la instancia correspondiente pero, señaló, “tomó nota de las denuncias presentadas en su contra”. Finalmente señaló la creación de un observatorio que dé seguimiento al cumplimiento de dichos acuerdos.

En la reunión estuvieron presentes, además de los actores sociales Javier Sicilia y Gerardo Becerra, vocero de la Coordinadora, los diputados federales por Morelos, Rosalina Mazarí y Javier Bolaños así como representantes de Matías Nazario como de la senadora Lizbeth  Hernández y Rabindranath Salazar.