Por JUSTINO MIRANDA
CUERNAVACA, Mor. 18 de agosto.- El líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores, Empleados, Choferes, Transportistas y Obreros de la Construcción (Sinatrec), Eduardo Santillán Carpinteiro, ordenó a su representante en Morelos mantener privado de la libertad a servidores públicos estatales, hasta obtener ante notario público el compromiso de una audiencia con el gobernador Graco Ramírez, así lo acusó la fiscalía en la audiencia de formulación de imputación contra Luis Alejos Rosales, integrante de Sinatrec, detenido este domingo.
Santillán Carpinteiro tenía como propósito presionar y exigir a las autoridades participar en el contrato colectivo de trabajo derivado del proyecto carretero Siglo XXI, cuya firma la tienen la CTM local y su simil Nuevo Grupo Sindical, declaró el gobernador Graco Ramírez en una entrevista anterior.
El domingo elementos de la Policía de Investigación Criminal detuvieron a Alejos Rosales y lo trasladaron al Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos bajo el cargo de coautor en el delito de secuestro agravado en agravio de cuatro servidores públicos. Uno de ellos fue Omar Lasse, subsecretario de Gobierno.
“El pasado 30 de julio las víctimas se encontraban en la planta tratadora de aguas residuales ubicada a la altura del kilómetro 8 de la carretera Tepalcingo–Cuautla, del municipio de Jonacatepec, Morelos; evento al que llegaron aproximadamente 800 personas integrantes del SINATREC exigiendo ser atendidos por el Gobernador Graco Ramírez Abreu y tomados en cuenta para los trabajos de construcción de la autopista Siglo XXI y en los proyectos de infraestructura del Gobierno del Estado.
“Los manifestantes fueron atendidos por personal de la Subsecretaría de Gobierno, sin embargo los integrantes del sindicato se inconformaron y rodearon a las víctimas, amenazándolos con lincharlos y no dejarlos ir hasta que les dieran una solución; sin importarles que una de las ofendidas se encontraba en estado de gravidez”, afirmó el fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado.
Las víctimas, destacó la fiscalía en la audiencia, fueron Omar Dario de Lasse, Patria Vianey Yagüe Garduño, al igual que dos funcionarios más quienes habrían sufrido de violencia moral y hasta física por parte de los integrantes del sindicato, quienes los obligaron a subir a varios vehículos para dirigirse a una notaría y firmar bajo presión un acuerdo para que los inconformes sostuvieran una audiencia directa con el gobernador Graco Ramírez.
Previo a la audiencia Marisela Alcántara Fernández, abogada defensora del imputado, dijo que el gobierno estatal está fabricando delitos a su cliente mientras “afuera estás los verdaderos secuestradores”.
Además informó que presentaron un juicio de amparo por detención ilegal pero las autoridades federales negaron la suspensión provisional al tratarse de un delito grave.
En la audiencia de formulación de imputación de este lunes, la abogada pidió al juez de control ampliar el término legal, cuya solicitud fue concedida por el juez de garantías y por lo tanto será el próximo jueves cuando se resuelva la situación legal del sindicalista, por lo pronto, permanecerá en prisión preventiva.