Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 25 de junio.- El debate organizado por el INE entre candidatos al Senado fue aprovechado por los candidatos perredistas para promocionar en sus intervenciones al aspirante a gobernador Rodrigo Gayosso.
Hortencia Figueroa y Ricardo Calvo hicieron alusión a sus propuestas las cuales, en sus participaciones, hicieron alusión al “Gayo”.
El debate se realizó entre cinco contendientes, los anteriormente referidos, los candidatos de Movimiento Cuidadnos Jessica Ortega y José Álvarez Icaza, la panista Erika Cortés y la priísta Lilia Ibarra. Al encuentro faltó el abanderado de Nueva Alianza Ángel García y los de la coalición “Juntos aremos historia” Lucía Meza y Radamés Salazar, quienes acusaron que la dinámica se cambió en varias ocasiones y no había condiciones técnicas para su realización.
Lo anterior fue refutado por el vocal ejecutivo, Pablo Sergio Aispuro, quien aclaró previo al inicio del encuentro que las dinámicas fueron diseñadas con sus propios representantes y aprobadas por éstos, “la decisión de no venir fue unilateral”, dijo.
El debate inició con una breve presentación de los candidatos, quienes en su mayoría tienen como experiencia inmediata ocupar una curul en el Congreso local.
Luego fueron cuestionados por Juan Felipe López Aimes sobre el TLC, TLCAN y cómo defenderían a las industrias nacionales en el contenido de éstos.
Las respuestas estribaron sobre la defensa de la autonomía nacional, abrir nuevos bloques económicos para no depender en un70% de las exportaciones de Estados Unidos, promover una defensa férrea desde el Senado a los derechos de mirantes y en revertir la política del mandatario del país del norte Donald Trump, de separar a las familias de indocumentados y derribar el muro que separa ambas naciones.
Asimismo coincidieron en que es tiempo también que México vea sus propias violaciones cometidas en contra de mirantes latinoamericanos, principalmente, cometidos en la frontera sur del país.
Carolina Espinoza Luna, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) y especialistas en temas como prevención del delito violencia y derechos humanos, los cuestionó sobre la incompetencia de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Morelos ante las quejas interpuestas contra los elementos policiacos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y qué hacer para eficientar dicho organismo para que las vejaciones cometidas por estos funcionarios no queden impunes.
Lilia Ibarra se avocó en reformas de ley para la prevención del delito, capacitación académica a policías y en el desarrollo de una aplicación para mujeres a fin de prevenir desde abusos en su contra asta feminicidios, aplicación que ya forma parte del 911.
Los perredistas se avocaron en el fortalecimiento de los Comités de Vigilancia Vecinal (Comvives) y en la capacitación y depuración de los cuerpos policiacos, y Ricardo Calvo insistió en la denuncia ciudadana.
Posterior a esta ronda, vinieron las preguntas hechas por los consejeros del INE, las cuales estaban en sobre sellados y fueron escogidas al azar por los participantes.
Hortencia Figueroa fue cuestionada sobre las políticas que impulsará para generar empleos bien pagados para el 70% de la población económicamente activa que trabaja por su cuenta, por lo que se comprometió a revisar la distribución del gasto público y evitar abusos, impulsar la educación y gestionar recursos para los prestadores de servicios y del transporte.
Lilia Ibarra desaprovecho la oportunidad para revelar las estrategias que propondría para la defensa de la comunidad lésbico-gay, y prefirió hablar sobre su propuesta de empleos para los jóvenes.
Al cierre del debate, la priísta reconoció que el partido que representa ha cometido errores en su forma de gobernar, pero recriminó que la hagan culpable de ello.
En tanto Hortencia “sorprendió” a la ciudadanía al manifestarse por la revocación de mandato cuando su voto fue a favor de la erradicación de esta figura cuando la legislatura de la cual aún es parte homologó la ley de Participación Ciudadana y con ello evitó que el gobernador Graco Ramírez se sometiera al escrutinio de la sociedad, a pesar de que fue una de sus promesas de campaña.