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Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 6 de agosto.- A mediados de julio pasado la legislatura saliente aprobó “pensiones doradas” a varios funcionarios del primer círculo del gabinete del gobernador Graco Ramírez, además de esposas y familiares.

Entre los beneficiados se ubican los secretarios de Hacienda y de Educación, cuyos montos de jubilación no han sido revelados como tampoco la trayectoria que les precede para lograr tal beneficio, ya que ninguno de los dictámenes de las jubilaciones fue leído en la sesión por “economía parlamentaria”.

El portal de transparencia indica que Jorge Michel Luna fue nombrado titular de Hacienda el 27 de septiembre de 2016. El último tabulador que se publicó en http://www.transparenciamorelos.mx/ejecutivocentral/hacienda, data de octubre de 2016 con una percepción quincenal de 34 mil 817 pesos con 48 centavos.

A decir del propio secretario su jubilación no será al 100% porque no cumple con lo establecido en la ley para ello.

En junio de 2016, la actual Legislatura aprobó por unanimidad la reforma al artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

La modificación buscó que, en aplicación del principio de equidad de género, se estableciera una sola tabla de antigüedad para el otorgamiento de jubilaciones, tanto para hombres como para mujeres, proponiendo que la antigüedad mínima para la jubilación al 50% sea de 18 años y de 28 años para la jubilación al 100% para ambos.

La ley permite que se sumen los años trabajados en cualquier nivel de gobierno para obtener la jubilación.

En el mismo portal de transparencia se expone que Jorge Michel Luna es contador público por la Universidad de Guadalajara y su incursión en actividades de la función pública datan de 1974 que fungió como jefe de la oficina de Auditoría en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA).

Entre otros múltiples cargos, fue gerente estatal de Distribución de Conasupo en Morelos, subdelegado del ISSSTE en el estado, subsecretario de Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, asesor de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado.

En dos años de su gestión al frente de Hacienda, “enfrentó” situaciones como la retención ilegal del presupuesto asignado a la UAEM, cuando era rector Alejandro Vera, férreo crítico de las políticas públicas del gobernador.

También “afrontó” la crisis del Impepac y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, con el recorte presupuestal que hizo el mandatario estatal a la petición de más de 200 a 55 millones de pesos y de 41 a 18 mdp, respectivamente, para hacer frente al pasado proceso electoral, donde tuvieron que hacer mesas de trabajo y ampliaciones presupuestales.

Peses a las reiteradas denuncias públicas de los titulares de ambos organismos, Michel Luna aseguró que el proceso electoral no estaba en riesgo.

En tanto, la secretaria de Educación Beatriz Ramírez Velázquez percibe un pago quincenal de 30 mil 737 pesos con 23 centavos, según lo expuesto por http://www.transparenciamorelos.mx/ejecutivocentral/educacion, cuya última publicación data de abril de 2016.

Ramírez Velázquez es psicóloga, de 61 años, y se ha desempeñado en diferentes cargos como servidora pública desde 1979 cuando fue nombrada jefa de Recursos Humanos del ayuntamiento de Cuernavaca.

Fue directora de Desarrollo Académico y jefa de Departamento de Eventos Especiales de la UAEM, asesora de la Secretaría de Bienestar Social Responsable de la Oficina de la Vicepresidencia de la OUI-Región México.

En 2011 fue nombrada rectora de la UTEZ, donde percibía un sueldo de casi 70 mil pesos mensuales, y en 2014 la nombraron titular de la Secretaría de Educación.

Con el sismo de septiembre pasado, más de mil 200 planteles escolares sufrieron algún tipo de daño, de los cuales 41 fueron pérdida total.

A más de 10 meses de la tragedia, aún faltan por atender 400 planteles, sin embargo la titular de Educación aseguró que el próximo día 20 de agosto, todos los planteles iniciarán el ciclo escolar a pesar de que los menores tomen clases en carpas o “escuelas” improvisadas.

Otro problema que tuvo que sortear fue el incumplimiento de uniformes escolares gratuitos a 190 mil niños de primaria, bajo el argumento que el recurso destinado a ello se le dio “prioridad” a la reconstrucción de escuelas.

Además que los niños crecieron, engordaron o enflacaron, argumentó, por lo que la entrega sólo fue cubierta al 70%.

Por Ley, la autoridad debe entregar un par de uniformes a los niños de educación básica.