Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 15 de julio.- Casi 20 meses le tomó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), terminar una investigación técnica para exponer sendas irregularidades en el asesinato de seis personas registradas en los límites entre Temixco y Cuernavaca a manos de un presunto comando de élite de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, cuyo jefe máximo era Jesús Alberto Capella Ibarra, actual Comisionado en Quintana Roo.
El cúmulo de irregularidades cometidas en la investigaciones comenzaron a surgir en diciembre de 2017 cuando Job López Maldonado, juez de control, desechó los cargos en contra de los sobrevivientes de la masacre cometida en la colonia Rubén Jaramillo de Temixco, en una irrupción policial violenta al domicilio de las víctimas. Todos eran familiares de José Alberto Valdés Chapa, presunto narcotraficante.
El juzgador señaló serias inconsistencias en el Informe Policial Homologado (IPH) correspondientes a las imputaciones por homicidio calificado en grado de tentativa que la Fiscalía General del Estado pretendió imputar al presunto delincuente, a su hijo José Antonio, a la esposa de éste de nombre Brenda, a otro hijo de Valdés Chapa, Carlos de 17 años -cuya detención fue considerada de inicio como ilegal-, y de Gilberto, un amigo de la familia.
El multihomicidio
La madrugada del 30 de noviembre de 2017 el grupo de élite acudió a una presunta llamada de auxilio en la que denunciaron la presencia de hombres armados y víctimas de secuestro. El grupo, acorde al IPH, llegó a las inmediaciones del lugar pero a pesar de situarse a escasos 30 metros del domicilio referido tardó más de una hora en ingresar por la fuerza a la casa, donde presuntamente fueron recibidos a balazos.
Según el informe los policías respondieron al ataque y dispararon contra los moradores matando a Faustina Chapa, de 65 años; Camelia Rodríguez Vázquez de 40 años; María del Rosario Valdés Chapa de 23; Leticia Valdés Rodríguez de 22, la bebé Kendra de dos meses y Diego Brito Castillo de 14 años, madre, esposa, hermana, hija y nieta, respectivamente. El menor era hermano de Brenda, la esposa de su hijo mayor.
Los cuerpos de las víctimas quedaron amontonados en un reducido baño con varios impactos de bala. En el muslo de la esposa del presunto delincuente fue colocada un arma, que a decir de la CNDH, ésta fue puesta por los propios elementos policiacos, es decir, la escena fue alterada como señaló tanto la defensa como el propio informe de la Fiscalía General del Estado, que entonces dirigía Javier Pérez Durón.
El cuerpo de la bebé fue fotografiado afuera del baño, sobre el piso, a pesar de que uno de los menores que relató lo ocurrido esa madrugada aseguró que su hermana Leticia tuvo todo el tiempo a la bebé en sus brazos pese a que, acorde a lo dicho por el menor, fue la primera víctima mortal.
El desencuentro entre el comisionado Capella y el Fiscal Pérez Durón por el caso fue tal, que de manera extraoficial, se dijo que ésta habría sido la causa para que el sobrino del exgobernador Graco Ramírez dejara la Fiscalía en febrero de 2018. “Ninguna detención merece esta masacre”, se escuchó decir al fiscal tras conocer el hecho.
Pérez Durón no “escondió” que la escena fue alterada, ya que reveló que al llegar sus peritos había claras huellas de hurgamiento. Además, de las cinco armas largas que entregó la CESP de los policías a la Fiscalía, ninguna coincidió con los indicios balísticos recabados, más de un centenar. Tampoco las otras tres armas cortas, presuntamente propiedad de la familia tampoco coincidieron.
El peritaje oficial de la prueba “de plomo” tampoco dio resultado positivo en ninguno de los policías, en las víctimas mortales ni en los sobrevivientes del ataque. “Ahora resulta que nadie disparó”, expresó irónico el juez López Maldonado al desechar las acusaciones por la tentativa de homicidio.
Sin embargo, la Fiscalía fue expuesta en la recomendación donde se cita que “el Ejecutivo deberá colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad contra el personal involucrado en la dilación en la puesta disposición de los detenidos ante la autoridad ministerial y los elementos de esa corporación policial que de manera deliberada colocaron el arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima”.
La CNDH también expuso la mala atención que recibieron los menores sobrevivientes, “para determinar la identidad de los agentes que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, así como de quienes en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron los hechos referidos, y contra el médico de esa dependencia (Fiscalía) por las imprecisiones en los dictámenes que emitió respecto de las lesiones que sufrieron dos adolescentes, y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas que omitió certificar las lesiones infligidas a cuatro personas menores de edad”.
Feminicidios y homicidio sin justicia
Desde el 10 de agosto de 2015, se decretó la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios morelenses, incluidos Cuernavaca y Temixco pero ninguno de los implicados ha sido acusado por feminicidio u homicidio doloso, ya sea calificado o simple; lo mismo sucede con la muerte del menor.
La investigación se complica porque entre la Fiscalía y la CESP hay acusaciones mutuas que “impiden” que el caso sea llevado ante el juez. Por un lado la Fiscalía acusa que la Comisión no entregó las armas de los elementos implicados y por el otro la CESP reclama las armas sin dar cuenta del resultado de la investigación que hizo al iniciar su gestión José Antonio Ortiz Guarneros en Asuntos Internos.
Tampoco clarifica si hay otros elementos de la corporación involucrados o que sean investigados, como advirtió la CNDH en la recomendación y que como acusaron los sobrevivientes de la masacre, presuntamente además de los policías hubo sujetos vestidos de negro quienes accionaron las armas y de lo cual Capella Ibarra nunca dio cuenta.
Tampoco se ha esclarecido si del registro con el que debe contar cada arma de la Comisión haya coincidencias con el peritaje de balística