Por Leticia villaseñor​
Cuernavaca, Mor., 10 de septiembre.- El delegado en Morelos, Hugo Éric Flores Cervantes, admitió anomalías en el programa federal “Jóvenes construyendo el futuro” conocidos como «ninis», como la no certificación de las empresas adscritas.​
Lamentó que la situación mantenga en vilo a más de 500 jóvenes cuya adscripción a las empresas “D&C Jiménez, SA de CV” y “IWet Concept” haya sido suspendida por presuntas anomalías de los negocios, como el que no se hayan localizado en los domicilios referidos o en su lugar se ubique un domicilio particular, esto ultimo es común, dijo.​
“Es un problema a nivel nacional porque se permitió la inscripción de negocios sin que éstos se verificaran, asimismo en un afán de expandirse, se permitió la contratación de los jóvenes en instancias públicas, pero para el próximo año se retomará el espíritu del programa, que era el que los jóvenes se capacitaran en negocios para ser candidatos ideales en el mercado laboral”, recordó.​
El funcionario comentó que ayer sostuvo un encuentro con los inconformes, quienes le entregaron un oficio con los nombres de los afectados “pero al hacer una revisión del documento éste carece de firmas, a pesar de que dicen ser 900 o mil, la verdad es que ni siquiera los tenemos ubicados y en el registro sólo son 500”, detalló.​
Ayer unos 200 jóvenes colapsaron la ciudad de Cuernavaca al bloquear el tránsito en una de las principales avenidas así como los accesos a la misma por el Paso Exprés.​
La acusación fue en contra del responsable estatal del programa Miguel Ángel Rabadán Castrejón a quien acusan de pretender que empresas de sus allegados sean incluidas en el padrón y con ello se concreten los llamados “moches”.​
Asimismo, denunciaron presuntas presiones por parte del funcionario para adherirse a Morena, lo que a decir de Flores Cervantes constituiría un delito electoral. “Si es el caso se castigará ejemplarmente”, aseveró.​
A decir de los afectados, son unos mil jóvenes los que dejarán de percibir la beca por laborar en las empresas referidas, el cual será cubierto una vez que elijan otra empresa, pero la única alternativa expuesta por la federación es que sean reubicados a lo que se oponen tajantemente debido a que además del pago de los 3 mil 600 pesos que se da de manera homologada, percibían una ayuda para trasportación de mil 500 pesos “sin mocharnos con nadie” –a pesar de que su planta laboral sólo es de un centenar de empleados pero que cuenta con presencia en cinco países-, dijo Eduardo Montufar Bahena, quien acompañado del representante leal de la empresa IWet, Oscar Sánchez Benítez, refutaron que el negocio sea propiedad del empresario y excandidato a diputado federal por el humanista, Arnulfo Montes Cuen.​
A decir del abogado, el empresario sí fue accionista de la empresa que representa pero dejó de serlo en el año 2015. En tanto, Montufar Bahena entreveró una relación con D&C Jiménez, lo cual de inmediato refutó de nueva cuenta el representante leal.​
“Sabemos por los medios que en el pasado, tanto Rabadán Castrejón como el director del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar Solorio tuvieron diferencias, pero desconocemos si por ello el tema se haya politizado, pero los únicos afectados somos nosotros que nos quedamos sin una fuente de capacitación”, expresó el joven becario.​
Ambos hombres se hicieron acompañar por otros jóvenes quienes leyeron un boletín de prensa en el que aseguraron que la intervención del director del Banco de Bienestar ha sido reiterada “con la pretensión de que empresas de su compadre Rabadán sean las beneficiarias”, al tiempo que acusaron de presiones para su adscripción a Morena, sin que pudieran confirmar su dicho.​
A pesar de lo anterior, los afectados presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, del Trabajo y Previsión Social así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra Rabindranath y Rabadán por peculado, abuso de autoridad y lo que resulte.​
Asimismo, hicieron un llamado a la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, ya que dicho programa opera bajo dicha instancia, para que “deje de proteger a Salazar Solorio, a pesar de las reiteradas denuncias en su contra”.​
Además amagaron con bloquear de nueva cuenta bulevar Cuauhnáhuac, a la altura del hospital general No. 1 del IMSS, así como el Paso Exprés, de manera indefinida hasta que ambos funcionarios hayan sido destituidos.​
El superdelegado llamó a la cordura a los jóvenes para no causar afectaciones a la sociedad, llamado al que se unió el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.​
“Nosotros no tenemos nada que ver, el tema es federal, por lo que les pedimos a los jóvenes que tengan consideración, hay mucha gente interesada en causar desestabilización, el tema es político, ya lo he analizado, hay gente mala que quiere aparecer a costa de la ciudadanía”, reiteró el mandatario.​