Por Uzziel Becerra
La iniciativa de revocación de mandato fue aprobada en el Senado de la República, impulsada por el bloque mayoritario de Morena, ligeramente negociada con la oposición y avalada en lo general con 98 a favor, una abstención y 22 en contra. El conflicto en el legislativo, y en general en la opinión pública, versa sobre la intención política de incorporar este mecanismo de participación ciudadana y las implicaciones que conlleva su aplicación para las elecciones intermedias del 2021.
La incapacidad de la oposición para hacer frente al bloque Morena evidencia la crisis de comunicación y de estructura política al interior de sus filas, en sus dirigencias y una desorientación generalizada a tal grado que no lograron explicar a la ciudadanía con suficiente fuerza los riesgos de la iniciativa ya aprobada en la cámara alta. Aun falta su aprobación en la Cámara de Diputados y seguir el procedimiento legislativo adecuado para entrar en vigencia.
El meollo del asunto tiene dos variables: en cuanto a la forma, ésta se realizará a partir de las siguientes elecciones intermedias, es decir las del año 2021, obligando al órgano electoral a producir boletas especiales con el fin de conocer si los ciudadanos quieren a) revocar al presidente o b) optar por su permanencia; en cuanto al fondo, es la oportunidad para que el presidente continúe en campaña permanente, para efecto de acompañar a sus candidatos en este escenario electoral, reapareciendo en espectaculares y promocionales como en 2018. De esta forma el problema de incrustar al presidente en la dinámica de la consulta de revocación de mandato en las elecciones de 2021 distorsionaría la equidad de la contienda en perjuicio de los demás partidos y candidatos.
Constitucionalmente, si en el ejercicio de la revocación de mandato se opta por revocar al presidente sería el Congreso de La Unión quién elegiría un presidente sustituto que cubriera el resto del mandato. En términos cuantitativos se requeriría una votación de mayoría absoluta en ambas cámaras, es decir 168 diputados y 44 senadores, mayoría legislativa que morena ya controla.
Las distorsiones también se pueden prever en el campo del sistema político mexicano: al tener la posibilidad de remover a un presidente, las mayorías legislativas podrían condicionar, amedrentar y desestabilizar a los gobiernos divididos, es decir, lo que son débiles por no contar con mayorías estables en el legislativo. Ante Ejecutivos que son elegidos por mayorías relativas tan cortas (entre el 25 y 35% de la votación nacional), los sectores opositores encontrarán incentivos para planear la desestabilización gubernamental antes que, para articular, como se espera de las diversas fuerzas políticas, oposiciones responsables y funcionales para equilibrar al poder en turno. Es un riesgo para el diseño institucional de nuestro sistema presidencial.
Así, con apariencia de responder a una demanda ciudadana, Morena usurpa los mecanismos de participación de la ciudadanía, puesto que esta iniciativa es impulsada desde arriba, desde los intereses del presidente y los legisladores a su disposición. El verdadero espíritu del ejercicio de los mecanismos de participación, así como de la democracia directa, implica que éstos sean impulsados primordialmente por los ciudadanos, es decir, desde abajo. La frase “el pueblo pone y el pueblo quita” termina siendo una falacia en favor de los intereses gubernamentales, de los intereses de la nueva élite en el poder. La insistencia del presidente por la aprobación de esta reforma comprueba nuestras preocupaciones.
Ya lo expresaron legisladores de la oposición, en países como Venezuela y Bolivia la revocación de mandato sirvió como antecedente para la reelección del presidente, ambos con matices, pero con la misma estrategia: afianzando mayorías legislativas, cooptando instituciones, violando la separación de poderes, utilizando una narrativa antagonista de pueblo bueno contra partidos políticos “mafia del poder”, entre otros. Sus consecuencias son conocidas ampliamente; sus antecedentes: la enorme insatisfacción con la democracia.
¡Qué paradoja es la política! En el sexenio de Enrique Peña Nieto la sociedad y la opinión pública pedía a gritos la incorporación de este mecanismo, para remover al presidente por sus notables actos de corrupción e impunidad. Hoy, ante un presidente que casi ha monopolizado el debate público y acaparado la legitimidad social suficiente para hacer interpretar los problemas nacionales a su antojo (minimizándolos y ridiculizando a sus críticos) la sociedad no exige su revocación. Y el más interesado en hacer prosperar este mecanismo es, precisamente, el presidente, el susceptible de ser removido. Lejos de parecer una virtud, la intención está manifiesta en las consecuencias futuras: conservar la mayoría absoluta del legislativo al estar presente en la campaña del 2021 para después controlar a los Ejecutivos y legislaturas locales. No podríamos aseverar que sea un antecedente a la reelección del Ejecutivo federal, pero sí una estrategia del poder para ser conservado. No es el pueblo, es el poder.