Por Uzziel Becerra
Las decisiones de un gobierno en este contexto actual de la globalización siempre tendrán repercusiones compartidas y a su vez escrutinios o pronunciamientos de la comunidad internacional, ya sea de aprobación o desaprobación, respecto a temas de agenda compartidos: en materia de protección y garantía de derechos humanos (civiles, políticos, culturales, económicos y sociales), en materia económica sobre las condiciones de apertura comercial y el respeto por los tratados en materia de comercio exterior y, gracias a la creación de bloques político-ideológicos en diversas regiones, el seguimiento en términos de geopolítica a las relaciones internacionales.
En este último sentido se pronunció Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, al destacar que López Obrador podría liderar un frente contra el neoliberalismo en Latinoamérica, dedicado a hacer un contrapeso a nuestro vecino del norte. Así también mencionó al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, construyendo una narrativa en torno a realizar un frente progresista, refiriéndose a la agenda de la izquierda socialista presente en Cuba, Bolivia, Nicaragua, países del Caribe y la propia Venezuela.
Maduro ha sido ha sido desconocido como mandatario por al menos 50 países de la comunidad internacional, entre los cuales destacó recientemente Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien ha recibido apoyo económico y político norteamericano. Gracias a las tensiones entre esos dos países, el pronunciamiento de Maduro es una invitación a México para conformar un frente contra Estados Unidos, mismo que López Obrador rechazó públicamente.
Pero lo que el presidente de México sí pronunció con respecto al apoyo a otros países latinoamericanos fue sobre Argentina, al prometer que en su administración apoyarán comercial y económicamente para que puedan salir de la crisis económica que atraviesan por el modelo económico, recomendando la aplicación de políticas de austeridad, de combate a la corrupción y ausencia de lujos o bienes suntuosos en el gobierno. La dificultad no es la voluntad de apoyar, sino los medios y los métodos a emplear para lograr los objetivos bilaterales de desarrollo regional; si en el propio país se han cometido errores al respecto, difícilmente se cumplirán los compromisos políticos con el exterior.
El escrutinio internacional a las decisiones del gobierno mexicano, tanto de la prensa como de la comunidad internacional, entendida como el pronunciamiento de los representantes de los Estados Nacionales o bien de organismos supranacionales, se ha centrado en la seguridad pública y la libertad de expresión por los ataques a la prensa.
Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al Estado Mexicano la desmilitarización de la Guardia Nacional, además de resolver
con la celeridad debida el caso pendiente de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el 2014, dando un plazo de dos años para responder a ambas peticiones de la ONU. Lo anterior se dio en torno al sexto examen que, de forma periódica, realiza el Comité para observar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo anterior, la omisión en el caso Ayotzinapa, de dar con el paradero de los estudiantes o de sancionar a los responsables, así como de la reparación del daño a las víctimas, actualiza la petición de este órgano de la ONU para la administración de López Obrador.
Respecto al componente civil que pretendidamente tendría la Guardia Nacional, la Vicepresidenta del Comité señaló que no existe un diseño institucional de la Guardia que asegure su dirigencia civil, necesaria puesto que “las cuestiones de seguridad no deberían estar en manos de militares”, salvo en escasas excepciones.
El Comité de la ONU también señaló lo preocupante del acoso a periodistas y defensores de derechos humanos, dado el alto número de asesinatos y ataques contra estos colectivos. Se pronunciaron sobre la necesidad de destinar recursos para cuerpos de seguridad o judiciales especializados, dedicados al combate de esas violaciones de derechos humanos.
Asimismo, la Misión Internacional de Observación de la Libertad de Expresión, integrada por 17 diversas organizaciones civiles a lo largo del país, durante su investigación demostró que los periodistas y medios continúan sufriendo agresiones como en sexenios anteriores y, en la actual administración, son víctimas de un discurso estigmatizante, camuflado por el ejercicio del derecho de réplica del presidente.
Las amenazas de muerte, secuestro, destrucción de sus herramientas de trabajo o el retiro de sus acreditaciones para cubrir eventos oficiales, así como las campañas de difamación y desprestigio por medios digitales y redes sociales ha propiciado que el gremio periodístico se encuentre vulnerable, demostrando así la falta de compromiso de la administración actual con la libertad de expresión y de prensa.
En cuanto al tema migratorio, los miembros del Comité de la ONU se pronunciaron preocupados de la complejidad del asunto, por el aumento de los flujos migratorios desde Centroamérica hacia Estados Unidos y la presión de EUA para el gobierno mexicano para cerrar su frontera, desplegando así a los elementos de la Guardia Nacional. En ese sentido, han recibido denuncias sobre vulneración a derechos humanos, incluso de tráfico ilegal, maltrato y torturas.
En el tema de la seguridad, tras los lamentables hechos entre Chihuahua y Sinaloa, en el que dos familias mormonas de apellido LeBarón, tres mujeres y 6 niños de nacionalidad mexicana y estadounidense, fueron abatidos por miembros de la delincuencia organizada, los congresistas de Estados Unidos han decidido presionar al gobierno norteamericano para que éste modifique el estatus legal de las organizaciones criminales en México con el objetivo de clasificarlas como
terrorismo, iniciando así operaciones militares en suelo mexicano, como las que ocurren en Siria, Irak, Afganistán, entre otros.
Los medios de Estados Unidos y Londres mostraron su indignación e hicieron hincapié en la falta de capacidad del jefe del Poder Ejecutivo en México para enfrentar el derramamiento de sangre por el crimen organizado. Asimismo, se mostraron intolerantes con el episodio del mes pasado por la liberación de Ovidio Guzmán, dejando que los cárteles de la droga tomaran el orden de las ciudades donde residen.
De esa forma, la prensa y comunidad internacional son contrapesos de poder para vigilar, observar y escrutar las decisiones del gobierno mexicano, sobre todo cuando su capacidad, la viabilidad de sus métodos y acciones son puestos en tela de juicio en lo que respecta a los hechos. La apelación al respeto por la soberanía e independencia de un país es un recurso útil para el Ejecutivo federal, pero solamente lo es de manera provisional, puesto que si los problemas públicos manifiestos no cesan, o al menos disminuyen, seguiremos siendo el objeto de observación por las violaciones a derechos humanos, muertes, amenazas a la libertad de expresión y la ruptura de la democracia.