Por: Uzziel Becerra
El primer presidente de extracción indígena en Bolivia, quien impulsó el crecimiento y desarrollo económico en uno de los países con mayores indicadores de pobreza, marginalidad y analfabetismo de la región sudamericana, tras 13 años al frente del Ejecutivo, el pasado 10 de noviembre anunció su renuncia a través de un mensaje televisivo. Los temas de fondo y causas de su dimisión: debilitamiento institucional de la figura presidencial por su reelección forzosa, la paulatina ruptura del orden constitucional y democrático del país, cooptando a las instituciones, manipulando procesos y el rechazo popular a la instauración de un régimen no competitivo.
Juan Evo Morales Ayma participó por primera vez en las elecciones presidenciales en 2005, obteniendo una victoria del 53.7% de los votos totales, asumiendo la presidencia del país boliviano el 22 de enero del 2006. Al concluir su primer trienio, Morales, coincidente con el llamado socialismo del siglo XXI, articulándose con un bloque ideológico y político con las izquierdas en Brasil, Cuba, Venezuela y Nicaragua, fiel a la convicción de modificar la Constitución, convocó a una Asamblea Constituyente para modificar la constitución y permitir su reelección, participando y logrando su victoria el mismo año con el 64%, asimismo rediseñando a los órganos jurisdiccionales y al sistema electoral. Su tercer mandato para contender nuevamente fue en 2014, obteniendo un porcentaje del 63.3%, logrando ser candidato por aprobación del Tribunal Supremo Electoral, cooptado ya por Morales desde su refundación.
Sin embargo, en 2016, hallándose inmerso en el debate sobre la legitimidad de su reelección presidencial, convocó a un referendo para volver a modificar la Constitución y postularse a un cuarto mandato, obteniendo un voto mayoritario en contra de su reelección del 51.3%. De esa forma se marcó evidencia de que los ciudadanos en Bolivia, no avalaban del mandato de Morales, sin embargo, se aferró al cargo con el pretexto de que el pueblo así se lo exigía, contendiendo este 2019 rumbo a un gobierno con miras al 2024; se aferró a la perpetuidad del cargo.
La Organización de Estados Americanos, en ejercicio de sus funciones de cooperación, realizó un informe preliminar respecto de las circunstancias que se vivieron en el proceso electoral de Bolivia, a través de observadores electorales internacionales. De acuerdo con su informe preliminar, coordinado por la Secretaría para Fortalecimiento de las Democracias y el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, el gobierno del Estado plurinacional de Bolivia firmó acuerdos relativos al análisis de integridad electoral para las elecciones celebradas el 20 de octubre del 2019. En estos documentos el gobierno boliviano estableció que garantizaría todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de la auditoría.
Para cumplir con dicho objetivo, el equipo técnico de observadores electorales procedió a auditar la autenticidad y confiabilidad de las actas de escrutinio así como de los datos ingresados al sistema de Transmisión de Resultados Electorales, el sistema de cómputo oficial, el plan de custodia integral de todo el material electoral, que comprende las actas, papeletas, registros de electores; y la infraestructura y funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados para la transmisión de resultados preliminares y cómputo final.
Las conclusiones de los hallazgos preliminares son las siguientes: a) se encontraron irregularidades que varían desde muy graves a indicativas en los elementos descritos, dando indicios al equipo auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre; b) se descubrieron fallas graves en el sistema de seguridad informático del TREP y del cómputo final de los votos, al verse manipulados los sistemas para alterar sus resultados de forma determinante; c) se evidenció la existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas que impactaron en la integridad del cómputo final.
Por lo anterior, el equipo auditor de la OEA en la Misión de Observación Electoral para los comicios en Bolivia no puede validar los resultados obtenidos, en los que virtualmente resultó vencedor Evo Morales, por cuarta ocasión. En ese sentido, recomendaron realizar otro proceso electoral, con nuevas autoridades electorales que puedan garantizar elecciones confiables, transparentes e imparciales. Asimismo, el equipo auditor sigue procesando las más de 250 denuncias recibidas sobre el proceso electoral de cara a la presentación del informe final.
Aunque todavía falta el informe final de la OEA, lo cierto es que la misma autoridad auditora, para efecto de no romper el orden constitucional, se pronunció a favor de mantener el mandato que ejercía Morales hasta entonces no se convocara nuevamente a elecciones. Sin embargo, la realidad política y social al interior del país sudamericano alcanzó rápidamente a los sectores militares y policiacos, instando a Morales a renunciar a su cargo para apaciguar la tensión y la amenaza de insubordinación social.
El jefe del Ejército de Bolivia, Williams Kaliman, señaló que después de analizar la situación conflictiva interna, “sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. En ese sentido, no hay manera de sostener que hubiese un golpe de Estado gestado por el ejército, puesto que su solicitud o petición solo versó sobre la Presidencia de la República, no así para el Legislativo, el Judicial, ni siquiera todo el gobierno; no se impuso un orden militar ni se decretó un estado de excepción para suspender las garantías y derechos de los ciudadanos; no hubo control del gobierno ni censura a medios de comunicación. La sola dimisión del Ejecutivo no sostiene el supuesto de un golpe de Estado.
Sin embargo, tras la renuncia de Morales, los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores han renunciado a sus cargos, así como los magistrados que conforman al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, lo cual ha dificultado el procedimiento constitucional para elegir un presidente interino, y así permitir el restablecimiento de las autoridades electorales para convocar nuevamente a comicios. La sesión del 12 de noviembre de la Cámara de Diputados no contó con el quórum legal por no contar con los diputados del partido de Evo, Movimiento al Socialismo.
En cambio, el restablecimiento del orden público se observaba más complejo, pues la policía se sumó a las manifestaciones contra la imposición del Ejecutivo, dejando sin contención a grupos de choque que vandalizaron y protagonizaron ataques a comercios, fábricas y negocios de la ciudad capital, percibiéndose así un ambiente de caos y descontrol social, exacerbando la violencia y los tumultos, impulsados por una oposición desinstitucionalizada y radicalizada.
Respecto a las fuerzas opositoras que impulsaron las protestas y apoyaron la dimisión, han sido señalado fundamentalmente dos: Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa. Camacho ha tenido mayor protagonismo en lo reciente, por liderar el movimiento de carácter cívico con peticiones específicas: la segunda vuelta electoral, nuevas elecciones por fraude y finalmente la renuncia de Morales. Camacho, dirigente del municipio de Santa Cruz, una de las zonas más pobladas de Bolivia y considerada el centro económico-industrial del país, utilizó las plataformas de organizaciones de la sociedad acompañándose de elementos simbólicos religiosos, como la biblia, un rosario y oraciones en público, lo cual ha logrado capturar los apoyos de los sectores populares que originalmente se orientaban a la izquierda encabezada por Morales.
Por otra parte, los argumentos respecto a la plausible administración de Evo Morales no pueden negarse: la disminución de la pobreza del 59.9% al 34.6% hasta el 2018 según el Banco Mundial, el aumento de la esperanza de vida hasta 70.9 años, la expansión del producto interno bruto, así como el aminoramiento del analfabetismo, entre otros rubros. La administración de Morales logró en los hechos mejorar los niveles de vida de la población de forma considerable.
No obstante, de acuerdo con información del portal digital Gestión, desde el año 2014 el país boliviano empezó a mostrar un déficit fiscal negativo, generado por la expansión del gasto público por encima de los ingresos fiscales; gastaba más de lo que recaudaba, lo cual muestra que las finanzas públicas dirigidas por Evo no tenían más condiciones para el crecimiento económico. De esa forma, también lo económico fue desgastándose con su permanencia en el poder.
Contrario a lo que quieren hacer creer los defensores del fraude electoral, las condiciones socioeconómicas favorables generadas por una administración (peor aún si se atribuye solo a una persona) nunca justificarán la ruptura de las reglas más elementales de la democracia: la periodicidad clara de los mandatos gubernamentales, elecciones competitivas equitativas e imparciales, reglas del juego claras y maximización de los derechos político-electorales de las minorías.
La comparación en la opinión pública sobre la duración del cargo en el sistema parlamentario alemán y del sistema presidencial en Bolivia no tiene sustento alguno. En un sistema parlamentario, los gobiernos se constituyen con mayorías amplias parlamentarias que posibilitan la viabilidad gubernamental, sin la necesidad de pasar por las urnas, constituyendo jefe de gobierno (el jefe o representante del Estado puede ser un presidente o un rey en las monarquías parlamentarias o constitucionales).
En cambio, en los sistemas presidenciales, como Bolivia y México, los presidentes (que son jefes de Estado y de Gobierno a la vez) tienen un mandato cuya periodicidad se encuentra establecida de antemano en el arreglo constitucional, considerando incluso, como en Bolivia, la reelección limitada. No es un tema racial, discriminatorio o de hegemonía ideológica, son características propias de las formas de gobierno.
Aunque el argumento principal ha versado sobre el golpe de Estado, lo cierto es que el descontento social, la cooptación de las instituciones democráticas y su debilitamiento lo ocasionó Evo Morales, al transgredir el principio de la periodicidad del mandato, pues no existe en un sistema presidencial los incentivos para constituir una reelección indefinida o ilimitada; al modificar la constitución a conforme a los intereses de su persona y partido, al diseñar los órganos del Estado para verse subordinados al poder presidencial, y al obstruir la competencia político-electoral por la vía de la ilegalidad. En suma, presionado ante las evidencias contundentes de un fraude en las elecciones presidenciales, internas en el país y externas con el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, ante la falta de apoyo de las fuerzas armadas y policiales del país, y ante el descontento popular que implicaba la perpetuación de Evo Morales en el poder, su renuncia fue el camino más viable para asegurar la pacificación del país sudamericano.
En lo que respecta a México, fiel a su tradición de dar asilo político en circunstancias de tensión internacionales, se ha recibido a Evo Morales y a los suyos en territorio nacional, garantizándole sus derechos humanos reconocidos en nuestro texto constitucional y en los tratados internacionales. En lo político, se ha respaldado la postura del golpe de Estado, señalada por el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, y todo el apoyo del presidente López Obrador, mandando el mensaje de avalar la ruptura del orden constitucional y electoral boliviano, así como la reelección forzosa e indefinida de Morales. Por lo tanto, la prospectiva política de ambos países versará sobre el posicionamiento y protagonismo de Evo Morales en territorio mexicano.
*Politólogo. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UAEM.e es