Por Uzziel Becerra
El conflicto entre el presidente y los gobiernos de oposición subió de nivel. El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se enfrascaron en dichos y acusaciones respecto de la responsabilidad pública de la gestión de la crisis sanitaria y recientemente el despliegue de elementos policiacos, que tuvo como consecuencia el lamentable fallecimiento de Giovanni López en un municipio de Jalisco. Los costos políticos y el acercamiento de las elecciones en el 2021 son dos variables que intervienen en el choque entre los liderazgos locales y el nacional, es decir, los incentivos político-electorales.
Una vez que el coronavirus se expandió a lo largo del país, los mandatarios locales tenían el dilema de asumir la política de sana distancia promovida por el gobierno federal, una cuarentena flexible, sin restricciones ni sanciones, u optar por construir su propia estrategia de gestión de la crisis sanitaria. Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, se definió por un modelo de contención sanitaria más restrictivo, apelando a las sanciones administrativas, decretando confinamiento forzoso y desplegando a la fuerza pública con el objetivo de salvaguardar a la población de contagiarse de covid-19. Sin embargo, el uso de la fuerza propició violaciones a derechos humanos, detenciones ilegales, abuso de autoridad y desapariciones forzadas.
El pasado 4 de mayo elementos de policía municipal en la entidad detuvieron a Giovanni López, un adulto joven que se dedicaba a la albañilería. Giovanni se encontraba en la vía pública, y fue arrestándolo con violencia, en presencia de sus familiares, supuestamente por no portar un cubrebocas, mismo que es una disposición obligatoria conforme a las medidas sanitarias implementadas en Jalisco. Los hechos se registraron en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, protagonizado por elementos de su policía municipal.
Un video de la detención se hizo viral en las redes sociales, las que no tardaron en manifestar el repudio a la actuación policial y respaldar la movilización legítima en búsqueda de justicia. Finalmente, familiares de la víctima denunciaron que Giovanni se encontraba en el Hospital de Guadalajara y se les informó que había fallecido a causa de un traumatismo craneoencefálico, por la brutalidad de los policías que lo retuvieron y custodiaron: violaciones a los derechos humanos, contrarios al debido proceso y a los protocolos de detención en el uso de su fuerza pública.
Días posteriores se realizaron manifestaciones en las calles de Jalisco para exigir el esclarecimiento de los hechos y justicia para los familiares de la víctima. Las respuestas del gobierno de Alfaro versaron en responsabilizar al municipio y asumir las investigaciones desde la Fiscalía estatal. Sin embargo, el gobernador acusó al Presidente López Obrador de ser responsable de los grupos que lideraron las movilizaciones, también en contra de su gobierno.
Según Alfaro, existe un grupo radicalizado procedente de las bases extremistas de MORENA que fue utilizado para movilizarse de forma violenta y coordinada, pues los “sótanos del poder” de la Ciudad de México tejieron la estrategia con el fin de golpear al gobierno de Alfaro, politizando así también el conflicto. El gobernador exigió al Presidente que los contuviera y que se retractara, pero la acusación no tiene bases ni hay forma de comprobarla, al contrario, las manifestaciones son consecuencia de un profundo malestar social coyuntural y estructural respecto del abuso de autoridad policial.
En efecto, el repudio a la policía de Jalisco por el lamentable asesinato de Giovanni es producto del amplio repudio a la discriminación racial y el abuso policiaco que originó recientemente en Estados Unidos, ante la brutal muerte de George Floyd a manos de un policía (un hombre blanco y con antecedentes de abuso de autoridad). En México la muerte de Giovanni López provocó la indignación de la ciudadanía y como consecuencia su movilización en diversas ciudades. Las protestas, contrario a lo Alfaro hizo entrever, son legítimas, exigiendo justicia y el cese de la fuerza pública en la contención de la ciudadanía. No hay nada más paradójico que, en la búsqueda de la tutela del derecho a la salud, se viole el derecho a la vida. ¡Es absurdo e injustificable!
Alfaro tuvo que comprometerse públicamente a darle claridad al caso (cuyas interrogantes lo vuelven un caso cargado de opacidad) de tal forma que la Fiscalía de Jalisco ya ha detenido a un comisario municipal, un mando medio y un policía, añadiendo que seguirán tramitando órdenes de aprehensión en torno a la investigación, que han determinado prioritaria por el peso mediático, las manifestaciones sociales y los costos políticos que paga el gobernador en términos de tendencia electoral y aprobación gubernamental. Mientras tanto la #JusticiaParaGiovanni está en la etapa de investigación a manos de la Fiscalía de Jalisco.
Lo anterior tampoco quiere decir que descartemos por completo la idea de que MORENA tiene alas radicales ni grupos de choque trabajando a su favor, pues son recursos útiles para gobiernos (todos los han utilizado), partidos políticos (todos tienen un ala radical), universidades, sindicatos, entre otros. Pero, en el contexto de la invitación de López Obrador, no hay forma de probarlo, o al menos no lo han hecho aún. En medio de las acusaciones y las subidas de tono que mantienen el conflicto entre el Gobernador de Jalisco y el Presidente hay variables intervinientes a considerar. Ambos son de partidos en oposición, con ideas y visiones de gobierno diferentes de origen. Las disidencias seguirán actualizándose como se originaron anteriormente, desde la variable del financiamiento y por la correlación de fuerzas políticas.
Respecto del antecedente, en otra columna titulada “La desincorporación norteña”, reflexionábamos respecto del bloque opositor encabezado por los gobernadores de los estados norteños, iniciando con las discusiones sobre los convenios de colaboración fiscal entre la federación y los gobiernos estatales, para luego incidir en la articulación de una oposición fuerte contra Morena y el Presidente.
El liderazgo opositor de Alfaro le fue otorgado luego que Javier Corral, gobernador de Chihuahua, protagonizara el conflicto (uno a uno) con el presidente López Obrador, pero fue obligado a acatar las disposiciones del gobierno federal a través del control ventajoso del presupuesto estatal. Sin recursos financieros y con la presión de cumplir las expectativas de su gobierno local, Corral se doblegó ante el Presidente y asumió un papel de coordinación forzosa. Aquí el antecedente relevante es que la estrategia de control político a través del presupuesto es una vieja práctica del presidencialismo hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo con los gobernadores de oposición. El gobierno encabezado por López Obrador amaga con el presupuesto que constitucionalmente pertenece a las entidades federativas, hasta que no cesen el conflicto y se apacigüen las aguas opositoras.
Un gobernador que también disputaba el liderazgo del bloque opositor es Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” Gobernador de Nuevo León, sin embargo ha sido eclipsado por 3 factores internos: 1) la falta de apoyos locales, pues su gestión ha sido evaluada mayoritariamente como deficiente e irresponsable, 2) la falta de una estructura partidista, al ser un candidato independiente, no hay una estructura a nivel nacional o regional que pueda articular un proyecto amplio ni homogéneo, y 3) el antecedente de competencia electoral presidencial, pues al haber contendido por la Presidencia de la República en las elecciones del 2018, ha agotado sus cartas en el escenario nacional.
Ahora Enrique Alfaro es el gobernador líder de oposición, y de alguna manera está pagando el precio, pues el Presidente sigue manteniendo niveles de aprobación por encima del 50 por ciento y arremete contra la oposición sin reparos. No obstante, la zona del Bajío de México, su capacidad operativa y una clase empresarial robusta juegan a favor de Alfaro, además de que el bloque de gobernadores norteños lo respalda para hacer frente a la aplanadora morenista. Aquí está la otra variable del conflicto. Con el reconocimiento del liderazgo de la oposición, López Obrador inició su estrategia de permanencia en el conflicto.
La estrategia del presidente de acentuar las diferencias entre ciudadanos en virtud de sus preferencias políticas e ideológicas con fines electorales cobró resultados en el 2018, pero la perpetuación de esa dinámica trajo consigo divisiones sociales que son irreconciliables en tiempos de crisis sanitaria y económica. Debemos ser conscientes de que la oportunidad para llamar a la unión nacional se perdió y la olvidamos. Hoy lo que queda es la confrontación lisa y llana, sin matices ni limitantes. Pasamos de la arena del boxeo al cuadrilátero de la lucha libre o vale todo, en la que las diferencias serán acentuadas, promovidas y exigidas por los líderes políticos, con el incentivo de que juegan en la lógica de suma cero: todo que perder o todo que ganar; un solo vencedor y muchos vencidos, otra vez.
El Presidente lo dijo recientemente “O se está a favor de la transformación o se está en contra”. No hay matices, puntos medios ni criterios disidentes, al menos no los hay para quienes han interiorizado la dicotomía del amigo-enemigo descrito por Carl Schmitt, la misma que ha promovido guerras civiles, luchas intestinas, movimientos secesionistas y las regresiones democráticas. En exactamente 12 meses, el primer domingo de junio del 2021, habremos de librar una gran contienda electoral en la que se definirán 15 gubernaturas, se renovarán la Cámara de Diputados y congresos locales. Lo anterior definirá el rumbo del país en cuanto al proceso de toma de decisiones públicas y los equilibrios de poder, por lo que habremos de observar ataques en todos los frentes: del gobierno federal a los estatales que juegan desde la oposición; de la oposición al gobierno, entre partidos y entre aliados.
Ojalá que en la lucha institucionalizada por el poder público no nos alejemos más de los valores y principios democráticos esenciales, como el reconocimiento de la pluralidad y el respeto por el adversario, pues la experiencia comparada señala que una democracia no sobrevive en ambientes con alta polarización social. Asimismo, ojalá que los incentivos políticos no alejen la mirada a los conflictos más profundos del país: inseguridad, abuso de autoridad, desigualdad, desempleo, una crisis sanitaria y económica sin precedentes, entre otros.
Notas inconclusas: estimado lector, prepárese para la batalla. A partir de este momento todos los asuntos públicos girarán en torno a los intereses político-electorales: las reformas constitucionales, la definición de políticas, los discursos contra el gobierno y a favor de él sin matices, buscando enemigos comunes, culpables de todos los males; neoliberales, conservadores, autoritarios, déspotas, aristócratas, populistas, calumniadores, fifís, capitalistas, comunistas, socialistas… Esto apenas comienza.
*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes.