Por: Uzziel Becerra*
El pasado 9 de junio, en conferencia de prensa mañanera, El presidente López Obrador presentó un documento denominado “Proyecto BOA”, siglas correspondientes a “Bloque Opositor Amplio”, cuyo objetivo es desplazar a Morena de la mayoría parlamentaria en las elecciones del 2021 y revocar el mandato presidencial en el 2022, supuestamente conformado por diversos actores políticos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y funcionarios electorales, mismos que se han deslindado de dicho proyecto. Esta estrategia política ha marcado, pues, el inicio de la lucha por mantener el poder y por el acceso al poder, entre el gobierno y la oposición. Pero hay un interés pernicioso en el documento del BOA presentado por el Presidente: minar la legitimidad de la oposición y de los árbitros electorales. ¿Qué es realmente la oposición? ¿Qué papel juega la oposición en una democracia?
López Obrador pidió al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, que presentara y leyera el documento, consistente de siete cuartillas con sellos de “Confidencial”, exponiendo los objetivos de desplazar a Morena y al Presidente del poder en las elecciones. El supuesto Proyecto BOA planteaba una estrategia política que incluía actores políticos, partidos, expresidentes, medios de comunicación, organizaciones gremiales y de la sociedad civil, académicos, periodistas, y también autoridades electorales: Consejeros del INE y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ninguno de los personajes aludidos en el documento conocía el proyecto, mas no perdieron la oportunidad de recordar que, en efecto, hay oposición al gobierno y que están en su derecho de oponerse a el.
En redes sociales diversos actores publicaron que en las propiedades del documento del BOA se encontraba como autor el nombre de Omar Cervantes Rodríguez, quien es el titular de la dirección general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), acusando de que el documento fue elaborado desde el propio gobierno. Por su parte, Cervantes negó categóricamente haber sido el creador del documento del BOA, volviendo el conflicto un asunto personal, acusando a Alfonso Cedeño de haber sido quien inició la disputa, sin embargo debemos destacar que en ningún momento explica cómo es que su nombre aparece en las propiedades del documento electrónico.
Suponiendo, sin conceder, que el BOA fuera verídico, dicho plan sería tan legítimo como lo fue en su momento el “Proyecto Alternativo de Nación”, documento con el que, el ahora Presidente, López Obrador dio a conocer su estrategia, visión y acciones encaminadas a la toma del poder presidencial mientras lideraba la oposición a los gobiernos en turno. No obstante, con la publicidad gubernamental del proyecto BOA, se quiere dar la idea de que la oposición es toda aquella persona, institución, organización o partido que no se someta a los designios presidenciales. Peor aún, que va en contra de la “cuarta transformación” del país, casi una traición a la patria. Y sus partidarios fieles así lo manifiestan en redes sociales. La polarización social y política actualiza el sentimiento de que la oposición es traicionera, corrupta y maliciosa, y la narrativa presidencial así lo ha construido para sus simpatizantes. Pero debemos ser claros al respecto: esta postura es antidemocrática, pues la oposición es, al igual que el gobierno, actores fundamentales en términos democráticos.
Pensemos en la democracia como un juego: todo juego tiene reglas para su ejercicio, competidores que aceptan las reglas del juego, competencia real entre todos los intervinientes y, finalmente, un ganador. Así funciona también la democracia. El ganador, en el caso mexicano, es el Presidente y su partido. Los perdedores son todos los competidores que no obtuvieron el premio final y se convierten, en términos políticos, en oposición al gobierno, y tendrán el objetivo de que, en el siguiente juego, pueda convertirse en ganadores. Sin embargo, un análisis de la democracia y el entendimiento de la oposición política es mucho más complejo, tiene matices, variables y elementos que lo configura de una determinada manera. Quien diga que simplemente es una relación dicotómica entre buenos y malos está equivocado. Veamos:
Conforme a la sistematización de la oposición política que realiza el politólogo mexicano Fernando Barrientos, la oposición puede dividirse primariamente, y para efectos analíticos, en oposición sistémica y antisistémica. La primera de ellas es aquella que esencialmente se desenvuelve en la arena parlamentaria, Cámaras de Diputados y Senadores, Asambleas, Congresos, y está constituida por partidos políticos institucionalizados, actores políticos, corrientes o subgrupos de partidos, entre otros. En cambio, una oposición antisistémica es aquella cuyo objetivo principal no es ser gobierno ni llegar al poder público, sino que se presenta a manera de movimiento contra el sistema político, sus valores, instituciones, reglas, actores, partidos, entre otros.
De la perspectiva anterior se subdividen en cuatro tipos de oposición: 1) oposición sistémica fuerte: partidos políticos grandes o antiguos, bien estructurados e institucionalizados; 2) oposición sistémica débil: partidos políticos pequeños, poco estructurados y con niveles de institucionalización bajos; 3) oposición antisistémica fuerte: movimientos sociales de media a alta estructuración y con nula institucionalización; y 4) oposición antisistémica débil: movimientos esporádicos o improvisados, de baja estructuración y nula institucionalización. Se entiende que estructuración es la capacidad de organización y gestión, e institucionalización la adhesión a las reglas, procedimientos y valores democráticos, por lo que una oposición sistémica fuerte lo constituyen partidos y actores que han contendido y han sido gobierno en gestiones anteriores.
Los sistemas políticos con un régimen político democrático se caracterizan, entre otras cosas, por celebrar elecciones libres, auténticas y periódicas en igualdad de condiciones entre, por lo menos, dos partidos políticos diferenciados, con posibilidades reales de competencia por el poder público: constituyendo gobierno y parlamento o congreso. De esa manera, la relación gobierno-oposición cobra relevancia en términos democráticos, un criterio para medir la calidad de la democracia es, en efecto, la calidad de la oposición política. Por lo tanto, si el régimen político es realmente democrático, la oposición será sistémica fuerte (o débil, pero en proceso de fortalecimiento), pero si la oposición tiende a ser antisistémica, el régimen no puede denominarse democrático. Sin embargo, la oposición asumirá sus características dependiendo de la forma de gobierno (presidencial, parlamentaria, semiparlamentaria), pero es importante señalar que en regímenes totalitarios y autoritarios no hay posibilidad de que exista oposición sistémica y fuerte, pues el control gubernamental del régimen no permite la competencia por el poder por la vía electoral.
En el entendido de que tenemos en México un régimen democrático, el politólogo italiano Gianfranco Pasquino define que existen por lo menos tres funciones de la oposición: 1) expresarse sobre la toma de decisiones gubernamentales, generales o específicas sobrela dirección de políticas públicas o asuntos legislativos, 2) ejercer funciones de control de gobierno en turno, utilizando recursos jurídicos y políticos para buscar contener el despliegue de los grupos en el poder, y 3) prepararse para la alternancia en el poder, es decir, toda oposición tiene la responsabilidad de ostentarse como una oposición de gobierno que aspira, en efecto, a ser gobierno por la vía de los procesos electorales posteriores, ese es su objetivo natural, su función.
De esa manera, las recientes declaraciones del Presidente al expresar que solo deberían existir dos partidos, el liberal y el conservador, asumiendo que el suyo es el liberal y la oposición constituye el conservador (un asunto muy cuestionable y que será tema para otra columna), pretende minar la legitimidad de la competencia por el poder público. Si tenemos presentes los elementos anteriormente descritos, podemos dilucidar la importancia que tiene la articulación de una oposición funcional con la democracia. Sin oposición no hay democracia. Y la variable de un sistema de partidos plural es fundamental, esa es la génesis de la transición a la democracia mexicana, pues el partido hegemónico del PRI no permitía que hubiera otros partidos políticos con posibilidades reales de llegar al poder. No olvidemos esa lección.
Es paradójico que quien ha transitado en dirigencias estatales del PRI, fundado el PRD, fortalecido al PT, sumado a PES en coaliciones y fundado a MORENA ahora hable de limitar los partidos a solamente dos. Sus pronunciamientos son un golpe a los fundamentos de la democracia liberal, en la exigencia de pluralidad de intereses políticos en pugna y la posibilidad de expresar las preferencias políticas e institucionalizarlas vía partidos políticos. La democracia tiene la virtud de ser el mejor mecanismo de acceso al poder, pero al mismo tiempo es la forma más incómoda de gobierno posible para quien lo ejerce, pues debe garantizar derechos a sus opositores, pluralidad y tolerancia. Por eso la propensión autoritaria de quienes han llegado a la silla del águila se actualiza cada gobierno, buscando mantenerse en el poder y a veces transgrediendo el orden constitucional y legal democrático para tal fin.
Por otra parte, la grave acusación del Presidente al señalar que los Consejeros Electorales del INE y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación forman parte del BOA constituye una afrenta a la democracia constitucional. Dichos servidores públicos no forman parte de la oposición, sino que su función constitucional es la garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos, partidos políticos, candidatos, asociaciones políticas, entre otros. Son los árbitros en el juego de la democracia y su rol en el sistema político es establecer límites al poder político, por lo que son instituciones incómodas para el gobierno. Al Presidente no le es grata la idea de que otro poder pueda limitar al gobierno, y asume que todo límite a sus designios son personales y constituyen una oposición homogénea. No caigamos en esa narrativa presidencial.
El desarrollo de un sistema electoral, con instituciones electorales administrativa y jurisdiccionales robustas, posibilitó en los hechos una condición sine qua non de todo régimen democrático: la institucionalización de la incertidumbre en los resultados electorales. Lo anterior es fundamental, puesto que el juego democrático exige reglas claras y aceptadas por todos los jugadores (principios de certidumbre y legalidad en materia electoral) y la garantía de incertidumbre sobre los resultados de la contienda. Piense en las elecciones celebradas antes del año 2000, toda la población mexicana sabía de antemano qué partido ganaría las elecciones mucho antes de siquiera acudir a las urnas: había certidumbre de los resultados por el control del partido hegemónico. El INE y el TEPJF garantizan certidumbre en la competencia electoral e incertidumbre de sus resultados, asegurando que éstos sean los que la ciudadanía ha establecido mayoritariamente a través del voto popular.
En realidad la intención de la oposición para construir bloques, alianzas y coaliciones para buscar la obtención del poder público es tan legítima como lo es la intención del Presidente y de su partido de mantener el poder (también mediante bloques y alianzas MORENA-PT-PES), siempre y cuando, en ambos casos, se realice en el marco de la institucionalidad: el respeto por las reglas, procedimientos y valores democráticos. ¡De esto se trata el juego llamado democracia! Lo que es reprobable es la intención del Ejecutivo de incluir en la lista de opositores a los árbitros del juego e impulsar la idea de que competir por el gobierno o el Congreso es traicionar a la patria, pues eso afecta el entendimiento de las reglas, procedimientos y valores democráticos: es jugar sucio.
*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la UAEM.