Por Uzziel Becerra
Durante la conferencia mañanera del 22 de junio, López Obrador aprovechó para señalar que se convertiría en un “guardián” de las elecciones, buscando que no haya fraude electoral en los comicios del 2021. Y aunque señaló que no se metería con el INE, la construcción de una narrativa de fraude electoral latente y la intención de garantizar elecciones desde el gobierno solo puede interpretarse como una afrenta a la autonomía constitucional del INE, una estrategia política de contención para el proceso electoral y el debilitamiento del régimen democrático. Las elecciones ya tienen un guardián, no es Lorenzo Córdova ni los Consejeros Electorales, sino el Instituto Nacional Electoral junto al TEPJF.
Aprovechando el tiempo de preguntas y respuestas de los reporteros, periodistas y comunicadores que presencian la conferencia mañanera, el Presidente quiso dejar en claro que va a estar pendiente de que no haya fraude electoral, aludiendo a que su gobierno impulsó la tipificación del fraude electoral como delito grave. Asimismo, expresó que está obligado a denunciar si hay intentos de fraude, pues “nosotros padecimos mucho por el fraude electoral”. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y los principios rectores de los procesos electorales contradicen los dichos de Obrador.
Que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades es precisamente la función garante del Instituto Nacional Electoral, así como la protección de todos los derechos políticos y electorales de las personas y la ciudadanía. De hecho el INE no solo tiene la obligación de organizar las elecciones, sino que debe cumplir las labores de capacitación y educación cívica, promoviendo la democracia y el sistema electoral, renovar el Registro Federal de Electores (entre ellos la expedición de la credencial para votar de todos los ciudadanos mexicanos), dar seguimiento al registro de partidos políticos de nueva creación, así como el cumplimento de sus procesos internos; desarrollar y ampliar el servicio profesional de carrera electoral nacional para especializar a sus trabajadores; atender los recursos, quejas y denuncias relativas a la función garante electoral, así como la vigilancia y fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, entre muchas otras tareas.
Ya hay un guardián de las elecciones, no es Lorenzo Córdova Vianello ni los Consejeros Electorales en sí mismos, es el INE y el TEPJF, garantes de la democracia (en su dimensión procedimental-formal). Como ya lo señalamos en este espacio, el INE y el TEPJF son los árbitros en el juego de la democracia y su rol en el sistema político es establecer límites al poder político en la tutela de los derechos, por lo que son instituciones incómodas para el gobierno en turno. Los servidores públicos que los integran no forman parte de la oposición, sino que su función constitucional es la garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos, partidos políticos, candidatos independientes, asociaciones políticas, entre otros. Están obligados a poner límites al poder y, en palabras de Obrador “eso sí calienta”.
Sin embargo, la animadversión de López Obrador responde, al menos, a dos variables constantes y en conflicto: el rechazo por un modelo de organismos constitucionales autónomos (problemas sistémicos) y el pleito con Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE (de carácter personal). Aunque no hay posibilidades reales de que MORENA, ni con sus mayorías legislativas artificiales, buscaran la eliminación del sistema nacional de elecciones a través del INE, sí desarrollan una estrategia política, liderada desde la Presidencia de la República, que apelará a desconocer (al menos de facto o en los hechos) los resultados del 2021 si estos no les favorecen.
En efecto, los señalamientos se dan en torno a los intereses político-electorales del Presidente y su partido, puesto que las elecciones del 2021 definirán la posibilidad de que sus proyectos y planes del sexenio se cumplan a cabalidad, sin riesgos o tropiezos a causa de una oposición funcional que lo obligue a negociar. Requiere controlar nuevamente las mayorías parlamentarias. Y atacar al árbitro electoral, ponerlo en la misma bolsa de opositores (no olvidemos la grave acusación del Presidente al señalar que los Consejeros Electorales del INE y los Magistrados del TEPJF forman parte del “BOA” o Bloque Opositor), busca minar la legitimidad de la autoridad electoral para facilitar, en caso de que MORENA y sus aliados pierdan apoyo popular en las urnas, una narrativa de fraude que ofrezca la lógica de que perdieron los cargos públicos porque el INE hizo o permitió el fraude.
En cuanto a la variable de animadversión sistémica a los Organismos Constitucionales Autónomos, al Presidente le disgusta la idea de que otro poder pueda limitar a su gobierno, y asume que todo límite a sus designios son personales y constituyen una oposición homogénea, que debe subordinar. No caigamos en esa narrativa presidencial, si hay intentos de fraude, corresponderá al INE conocer los recursos de impugnación en lo relativo a la administración electoral, al TEPJF tramitar los juicios interpuestos y administrar justicia electoral, y a la FEPADE recibir las denuncias de carácter penal electoral para llevarlas ante el juez penal competente, bajo la garantía del debido proceso, contra quien cometa una conducta que la ley señale como delito.
La Constitución prohíbe al Presidente y a cualquier servidor público hacer propaganda en favor suyo o favorecer a partido o candidato alguno en el contexto de un proceso electoral. Dejémoslo claro: El Presidente no es ni podrá ser guardián de las elecciones, se lo prohíbe la Constitución. Si Obrador estuviese realmente preocupado porque las elecciones cumplan su función, podría hacer un llamado a la ciudadanía para participar activamente en la organización electoral, constituyéndose como observadores electorales en cada módulo electoral y en cada urna, pues es una posibilidad que la ley otorga para que exista gobernanza electoral y rendición de cuentas. Pero esa función siempre la deja en manos de los “siervos de la nación”, grupos vinculados a su partido y comprometidos con el Presidente gracias a los incentivos clientelares que perciben (vulgarmente, les dan su respectivo “hueso”).
Respecto a la variable del conflicto personal, hay antecedentes de golpes recíprocos entre Obrador y el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova. MORENA ha impulsado en diversos momentos iniciativas de reforma para permitir la remoción de Córdova Vianello como presidente del INE. Señalamiento y acusaciones han sido una constante en la ríspida relación entre el INE y el Gobierno Federal, pero las instituciones son mucho más que sus dirigencia, titulares o presidentes. No puede tolerarse que las diferencias a nivel particular pongan en riesgo la vida institucional de los entes del Estado. Se pensaría que, tras la renovación escalonada de los Consejeros Electorales, así como la renovación del Consejero Presidente del INE, se apacigüen las aguas, pero Córdova seguirá presidiendo el INE hasta el 2023, por lo que seguramente crecerá la tensión durante todo el sexenio actual. En consecuencia, la elección del 2021 que renueva por completo la Cámara de Diputados, también definirá el perfil morenista o no del próximo Consejero Presidente del INE.
Asimismo, la construcción e impulso de una narrativa del fraude electoral busca sembrar dudas respecto a la certeza de las elecciones y desconfianza del sistema electoral mexicano, tanto del árbitro electoral (INE) como del órgano jurisdiccional electoral (TEPJF). Obrador tiene mucha experiencia desarrollando esa estrategia política: minar la legitimidad del árbitro electoral, señalar una supuesta cooptación institucional, acusar de que se oponen a un determinado candidato o partido (ahora a su proyecto de “transformación”), desconocer los resultados electorales si no le benefician y acusar el fraude electoral (que ya está adelantando). Justo esa estrategia política ha sido estudiada y definida por diversos politólogos como una característica de los liderazgos populistas que encaminan a la quiebra de los regímenes democráticos para construir regímenes hegemónicos y autoritarios. (véase el estudio de Juan Linz, “La quiebra de las democracias” o el reciente estudio de Levitsky y Ziblatt, “Cómo mueren las Democracias”).
En realidad, el fortalecimiento de la ciudadanía, la diversificación de las opciones y preferencias políticas, la institucionalización de un sistema de partidos plural, abierto y competitivo, así como la autonomía en la organización de los comicios posibilitó nuestra transición a la democracia. Precisamente, tanto el INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) como el Tribunal Electoral, sus salas regionales y Tribunales Electorales Locales, garantizan certeza de las reglas del juego e incertidumbre de sus resultados, tutelando que estos sean los que la ciudadanía plasmó en las urnas a través de los procesos electorales.
Simplemente la idea de que regresemos al modelo gubernamental de organización electoral (porque gracias a la autonomía del IFE-INE tenemos un modelo independiente) pondría en entredicho diversos principios de los procesos electorales como independencia, imparcialidad, objetividad y equidad en la contienda, pues el gobierno al ser juez y parte de un proceso electoral (porque requiere que MORENA domine los cargos públicos en disputa) no podría garantizarlos. Esa historia ya la vivimos antes de la transición a la democracia, en el tiempo del partido hegemónico Priísta. Vaya paradoja de quienes apoyan la idea de desaparecer al INE y buscar que, al viejo estilo del PRI, el gobierno organice las elecciones bajo el velo de la ignorancia de la “honestidad” de AMLO.
La ciudadanía no debe olvidar que el desarrollo de un sistema electoral, con instituciones electorales administrativa y jurisdiccionales robustas, posibilitó en los hechos una condición sine qua non de todo régimen democrático: la institucionalización de la incertidumbre en los resultados electorales, puesto que el juego democrático exige reglas claras y aceptadas por todos los jugadores y la garantía de incertidumbre sobre los resultados de la contienda, correspondiendo exclusivamente a la voluntad popular. Golpear hoy la autonomía del INE constituye una afrenta a la democracia constitucional, lo ideal sería problematizar sus funciones, responsabilidades y plantear con seriedad una reingeniería o rediseño institucional. Pero no hay nivel idóneo en el debate público para configurar un proyecto de esa naturaleza. Cuando se pierden los matices todos salimos perdiendo, poniendo en riesgo los elementos fundamentales de la democracia.
Ojalá que el Presidente, en lugar de autoasignarse una función que no le compete, legal ni constitucionalmente, se dedicara a ser guardián de la administración pública federal, de la seguridad del país, la economía nacional (que a pesar de su optimismo el FMI estima que caerá -10.5%), el avance de la pandemia de covid-19 (que registra al día de 24 de junio 196,847 confirmados acumulados y 24,324 defunciones); vigilar la erradicación de la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes (que ha aumentado durante la cuarentena); atender a las víctimas de la violencia y del crimen organizado, entre muchos otros tópicos que sí son su obligación constitucional, que son el motivo real del mandato que los ciudadanos le otorgaron en las urnas, y que, lamentablemente, permanecen en números rojos.
*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM.