Por Uzziel Becerra
Tres eventualidades volvieron a sacudir la vida pública en el Estado de Morelos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una Acción de Inconstitucionalidad que invalidó la ampliación de periodo de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia hasta 20 años; tras un cateo a la Tesorería municipal de Cuernavaca, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó una orden de aprehensión contra el Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos por enriquecimiento ilícito, sin embargo le fue concedida una suspensión provisional vía amparo para no ser detenido, pero la investigación sigue en curso; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó la responsabilidad del Dr. Alejandro Vera en el desvío de 239.3 millones de pesos en la estafa Maestra contra la UAEM. Todos ellos tienen, lamentablemente, un hilo (fuerte o débil) que los relaciona a la administración del exgobernador Graco Ramírez: cooptación institucional, corrupción de los órganos constitucionales locales y desvío de recursos.
En sesión remota del 14 de julio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo tercero transitorio que ampliaba, por única ocasión, el periodo de nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, pasando de 14 a 20 años de antigüedad. Lo anterior al resolver sobre la Acción de Inconstitucionalidad 20/2017 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a través de su entonces titular, Dr. Jorge Arturo Olivares Brito, buscando restaurar el orden constitucional de Morelos y atendiendo a los principios de certeza y seguridad jurídica, para quienes concursan en la carrera judicial de la entidad.
Dicho transitorio fue producto de una reforma constitucional, en febrero del 2017, al artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que concedía hasta 20 años de periodo en el cargo de la Magistratura y aumentando de 65 a 70 años la edad máxima para estar en el mismo. El tercer artículo transitorio ordenaba que los Magistrados en funciones podrían aplicarse la reforma, por única ocasión, contando 20 años a partir de la fecha de su primea designación, lo cual buscaba beneficiar al grupo de Magistrados que fueron cooptados por el exgobernador de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Los Magistrados del TSJ, TJA y TUJA que deberán abandonar su cargo son Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz, María del Carmen (Verónica – si ese es su verdadero nombre-) Cuevas López y José Valentín García, Ángel Garduño González; Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz.
En efecto, durante la administración de Graco Ramírez, que duró desde el 2012 al 2018, los Magistrados del TSJ fueron cooptados a través de componendas políticas y económicas, negociaciones entre el Ejecutivo y la LIII Legislatura, que se evidenciaron con el transitorio referido y ahora invalidado por la SCJN. La propensión autoritaria de Graco Ramírez lo incitó a controlar los procesos constitucionales y financieros locales, que involucraba al Congreso Local (Legislatura corrompida presumiblemente con recursos económicos y compromisos políticos ) y al TSJ como actores claves para dar evadir el juicio político que se buscaba imponer en su contra, conforme lo establece el artículo 99 de la Constitución de Morelos, y dar luz verde al juicio político contra el entonces Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien ostenta la Gubernatura de Morelos en la actualidad. Desde entonces se avizoraba su posible asunción al gobierno morelense.
Los arreglos que permitieron la cooptación del Máximo Tribunal de Morelos se realizaron fundamentalmente entre el Graco Ramírez y la exmagistrada Presidenta María del Carmen Cuevas, y dichos arreglos fueron denunciados públicamente por el grupo opositor que al interior del TSJ se manifestaba, entre quien destacó la Magistrada Nadia Luz Lara Chávez, pues en septiembre del año pasado reconocía que dichas negociaciones correspondían al compromiso de llevar a Juicio Político al expresidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Pero dicho Juico no procedió pese a que la correlación de fuerzas políticas respondía a Graco. Ahora que se reconfiguraron las fuerzas políticas en la entidad, la pugna se libra entre Blanco Bravo desde el Ejecutivo estatal y los Ayuntamientos locales.
El 13 de julio la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) ejecutó una orden de cateo en la Tesorería del Ayuntamiento de Cuernavaca, como parte de una investigación iniciada en marzo por presunto enriquecimiento ilícito en contra su alcalde, Francisco Antonio Villalobos Adán, “El Lobito. Desde el viernes pasado la FECC llevó a cabo una diligencia en las oficinas del Ayuntamiento para notificar a sus funcionarios y al edil respecto de la investigación, que se relaciona con el incremento injustificado de su patrimonio durante la presente administración del municipio que ostenta, así como la posible adquisición de un inmueble suntuoso en Acapulco Guerrero. Junto al “Lobito”, se mantiene en investigación a cinco funcionarios municipales por presuntos actos de corrupción, según confirmó el fiscal anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, siendo esta la primera ocasión en que la FECC catea el Ayuntamiento de Cuernavaca.
Tras la negativa de entrega de información relacionada con contratos de obra pública y adquisiciones por la Contraloría municipal, un Juez de Control del Distrito Único en Atlacholoaya otorgó la diligencia; el cateo se llevó a cabo con el apoyo de elementos militares del a 24 Zona Militar y de la Guardia Nacional, en el que se extrajo documentación de nómina, equipo de cómputo y archiveros con datos sobre declaraciones patrimoniales de las personas investigadas, por lo que el Alcalde rechazó la acción de la Fiscalía y acusó abuso de autoridad a través de una queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos.
Sin embargo, luego que la información extraoficial revelara una orden de aprehensión en contra de Villalobos Adán por la FECC, éste buscó la protección de la Justicia Federal vía amparo y le fue concedida la suspensión provisional por el Juzgado Segundo de Distrito, para efecto de no ser privado de su libertad, pero quedando a disposición del Juez de Control que emitió dicha orden de aprehensión en la Causa Penal JC/773/2020 para conocer del procedimiento penal en su contra. De esa forma, Villalobos es el primer alcalde proveniente de MORENA que es sujeto a investigación por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, aunque aún se presume su inocencia hasta en tanto se resuelva la causa penal y el amparo pendientes en sentencia definitiva.
Aunado a lo anterior, durante la sesión del Congreso local del 15 de julio, el diputado José Casas González propuso que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización realizara una auditoría especial al Ayuntamiento de Cuernavaca por los presuntos actos de corrupción que investiga la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, por lo que refirió en el punto de acuerdo respectivo la preocupación por las finanzas públicas municipales, el gasto corriente, así como el incremento de la nómina y la insolvencia del propio Ayuntamiento. En ese sentido, el escenario previsible para el alcalde de Cuernavaca, en caso de que el proceso en su contra lo declare inocente en sentencia absolutoria, es el Juicio Político, puesto que el artículo 137 de la Constitución de Morelos establece
que son responsables y serán sometidos a juicio político por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, desde los Diputados del Congreso local, Magistrados y, en efecto, los miembros de los Ayuntamientos.
La tensión constante entre el Legislativo de Morelos y el Alcalde de Cuernavaca, por compartir el lugar de la sede del Congreso y verse recíprocamente afectados en la toma de decisiones de cada ente, permite indicar la tendencia de que la misma mayoría legislativa que ha autorizado realizar una auditoría especial para el Ayuntamiento de Cuernavaca podría someter al “Lobito” a Juicio Político, lo que volvería a Cuernavaca la arena de combate político-electoral idónea para consolidar un proyecto político con miras a la Gobernatura de Morelos, por las coincidencias en los periodos de mandato respectivo (escenario en el que el “Lobito no figura ni figurará).
La herencia graquista de cooptación institucional y corrupción de los Poderes constitucionales locales tiene otra cara de la moneda, la cual se manifiesta en el conflicto permanente con el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Dr. Alejandro Vera Jiménez, por asuntos presupuestales y políticos respecto a la autonomía universitaria y las aspiraciones de Vera a la Gubernatura de Morelos. Ambos personajes públicos mantuvieron en el ejercicio de sus respectivos encargos, un conflicto cuya responsabilidad se confirma en fechas recientes. Y es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió esta semana que Vera Jiménez es responsable por el desvío de recursos económicos asignados a la UAEM en 2013, junto con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por 239.3 millones de pesos en contratos de servicios por una empresa fantasma de nombre “Evyena Servicios”.
Rosario Robles , quien fuera titular de la Sedesol y que fraguó desde las altas esferas del gobierno federal la estrategia de desfalco llamada “Estafa Maestra” hoy se encuentra compurgando pena privativa de la libertad en responsabilidad por los desvíos millonarios en su administración. Robles junto con el Dr. Vera desfalcaron a la UAEM al afirmar que la Universidad tenía la capacidad técnica, material y humana para brindar servicios que en realidad se subcontrataron con la empresa referida, por lo que fue detenido primero en 2018, acusado de desvío de recursos por la fiscalía anticorrupción de Morelos, pero no procedió dicha acusación; posteriormente la Auditoría Superior de la Federación emprendería acciones contra el exrector a principios del 2019, puesto que, en la búsqueda de solventar la crisis financiera heredada por Vera Jiménez, la UAEM se sometió a rigurosas auditorías que permitieron dar con el origen del conflicto presupuestal, todavía vigente y que perjudica a la comunidad universitaria. No obstante la determinación judicial reciente por el TFJA , Vera Jiménez tiene la oportunidad de apelar el fallo a través de un juicio de amparo directo, ante un Tribunal Colegiado, por lo que el conflicto por la Estafa Maestra en Morelos seguirá vigente en el debate público.
Corrupción de los órganos constitucionales, cooptación de las instituciones públicas, control de los procesos políticos, componendas políticas, financieras, económicas y tráfico de influencias imperan en la entidad como un cáncer difícil de extraer. Pese al transcurrir del tiempo, Morelos sigue incubando liderazgos autoritarios y poco profesionales, envueltos en pugnas de carácter personal que se transforman en pugnas institucionales, de las cuales los ciudadanos son los principales afectados. La herencia graquista se empieza a desmoronar en los arreglos cupulares, pero se mantiene vigente en las prácticas y estrategias políticas para afrontar el enorme reto de los procesos electorales locales futuros, en donde la incertidumbre es la constante y los liderazgos, debilitados e
incapaces de renovarse, no han podido ofrecer prácticas, políticas públicas y estrategias alternativas que promuevan un desarrollo institucional democrático, profesional y estable.
*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes.