Por Uzziel Becerra
El día viernes 17 de julio se extraditó desde España a nuestro país a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para comparecer ante la justicia mexicana por los delitos de lavado de dinero, cohecho y fraude mientras fuera director de Pemex, por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, Fertinal y la venta de AgroNitrogenados. Aunque en su primer día de extradición fue llevado a un hospital privado al sur de la Ciudad de México por motivos de salud, se comienza a tejer la posibilidad de que, conforme a la colaboración que tenga con la Fiscalía General de la República, pueda ser absuelto o bien su pena sea atenuada por criterio de oportunidad. El futuro de la investigación y el procedimiento penal en contra de Lozoya podría ser el inicio del desmoronamiento de la amplia red de corrupción que imperó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y un salvavidas ante los números en rojo por las crisis sanitaria y económica que azotan al país.
Emilio Ricardo Lozoya Austin fue coordinador de Vinculación Internacional durante la campaña de Peña Nieto, formando parte del equipo de campaña que dirigió Luis Videgaray, participando incluso en la propaganda política rumbo a las elecciones del 2012 en las que resultaron victoriosos. Al iniciar el mandato peñista, fue nombrado director de Pemex, hasta el año 2016 por verse involucrado en los sobornos que la constructora Odebrecht aceptó que pagó a funcionarios mexicanos. Su cercanía en el primer círculo del gobierno federal, y de forma particular en el círculo personal con Peña Nieto, da a entender que no actuó individualmente, sino que tuvo que trabajar de forma coordinada con varios sujetos del mismo círculo para hacer efectivo el mecanismo de triangulación financiera y para mantener en impunidad lo actuado mientras dirigió Pemex. Un legado de corrupción que el presente gobierno ha buscado desarticular, al menos en este caso.
Lozoya fue detenido el 12 de febrero del 2020, en Costa del Sol, Málagala, España, gracias a una orden de aprehensión internacional promovida por la Fiscalía General de la República en el 2019, tras conocerse la huida de Lozoya del país, además de vínculos internacionales que harían compleja su detención. Al momento de ser detenido en España, Lozoya portaba una licencia de conducir mexicana falsificada, a nombre de Jonathan Solís Fuentes; no opuso resistencia a ser aprehendido por elementos de la policía y, según El País, los agentes que lo detuvieron sospechan que iba acompañado de personal de seguridad proveniente de Rusia, abriendo la sospecha de que podría tener vínculos con organizaciones criminales rusos. Tras su detención, el Juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional de España, al tomarle declaración por videoconferencia desde los juzgados de Marbella, ordenó la prisión provisional incondicional e incomunicada de Emilio Lozoya, equivalente a la prisión preventiva en México como medida cautelar, por considerar que pudiera darse a la fuga pues había evidencia clara de “su intención de sustraerse a la acción de la justicia”, así como la capacidad de huir por su alto poder adquisitivo.
Por su parte, el Gobierno mexicano inició el proceso de extradición para que Lozoya sea juzgado y que cumpla su sentencia condenatoria en territorio nacional desde que conoció la imposición de medidas cautelares en España. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció en febrero que sumaría denuncias a la FGR contra Lozoya por la compra a sobrecosto de la planta Fertinal, por el desvío de 83 millones de pesos a través de la empresa Maheca S.A. de C.V. en la Universidad de la Chontalpa y por la compra de un astillero en España que estaba en quiebra. En el caso de la Planta Fertinal, por 255 millones de dólares, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó en mayo de 2019 a Lozoya por 10 años para ser servidor público, ya que comprobaron que pagó un sobrecosto de alrededor de 620 millones de pesos. Respecto a la investigación de la Universidad de la Chontalpa, se desprende que habría firmado contratos que nunca se cumplieron, pues la Universidad subcontrató a la empresa Maheca con la que logró triangular recursos, violando la ley de adquisiciones. La FGR acusa a Lozoya de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, por sus vínculos con la empresa Odebretch, OHL, adjudicaciones directas de contratos de obra pública, aceptar sobornos de empresas transnacionales, administración fraudulenta en Pemex, entre otros como la compra a sobreprecio de la Planta de fertilizantes AgroNitrogenados.
Conforme a la información de “La Jornada”, Alberto Elías Beltrán, mientras dirigía la PGR antes de Gertz Manero, se negó a llegar a un acuerdo reparatorio con la constructora Odebrecht, que ofreció pagar 10.5 millones de dólares como reparación del daño al Estado mexicano y a cambio no se sancionaría a ningún funcionario, incluyendo a Lozoya. Y fue hasta el cambio de administración, con la llegada de Alejandro Gertz Manero y Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, que impulsaron el caso y obtuvieron las declaraciones de involucrados en los sobornos por parte de los representantes y exdirectores de Odebrecht, así como constancias financieras que registraban operaciones irregulares en Suiza, Brasil, Estados Unidos y España, integrando al expediente con el que se libró la orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Tres testimonios de exdirectivos confirmaron que Lozoya recibió más de 10 millones de dólares en sobornos para ayudar a conseguir la firma de contratos de obra pública en México.
Según las fuentes que “La Jornada” obtuvo, las negociaciones con la Fiscalía General de la República para que Emilio Lozoya fuera extraditado y plantear la reconsideración de los cargos, en torno a los criterios de oportunidad que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, fue su padre, Emilio Lozoya Thalmann, quien fuera secretario de Energía y director del ISSSTE durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Junto con la estrategia de defensa que trazó la defensa de Lozoya, que incluye al subprocurador de Derechos humanos de la exProcuraduría General de la República, Miguel Ontiveros, y el abogado español Baltasar Garzón, se entablaron negociaciones en las que Lozoya dispondría de información al Ministerio Público a condición de que le otorgaran beneficios
como imputado. En ese sentido confirmó el senador Ricardo Monreal Ávila, al indicar que Lozoya se apegó a los criterios de oportunidad contemplados en el artículo 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que señala que el Ministerio Público podrá desistirse de la acción penal, total o parcialmente, a raíz de la colaboración fructífera que permita aportar evidencia de la red de complicidad y corrupción en el caso de la venta de AgroNitrogenados, Odebrecht y Fertinal; testimonios, datos de prueba, documentales, entre otros que tenga en su poder para investigar, procesar y sentenciar a otros involucrados en los actos que se le imputan y otros como los sobornos para la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto.
En efecto, este caso nos recuerda que el país registró una época de saqueo y corrupción intolerable, al punto que los electores, impulsados por el enojo y en ánimo de castigar a la élite política gobernante, le otorgaron un control preponderante y cuasi hegemónico a MORENA y López Obrador (sin tomar en consideración las consecuencias que eso tiene en términos democráticos y en el equilibrio de poderes) con la premisa de que solo dicha alternativa podría traer a la justicia a personajes como Lozoya. Pero esto solo se ha llevado a cabo de forma parcial y sobre todo en términos de percepción, porque no se ha tocado a diversos personajes con antecedentes de corrupción que ahora integran el gabinete presidencial o atienden entidades de la presente administración. De esa manera, la detención de Lozoya continúa generando el efecto deseado por el gobierno en turno: reproducir la percepción de que se combate a la corrupción como primera y más importante encomienda.
Así fue que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer el año pasado ante medios de comunicación que, tras realizar 2 mil 500 auditorías durante el año 2019, fueron identificadas “irregularidades monumentales e inmorales en el ejercicio del presupuesto” durante la administración anterior, que se valúan en un monto aproximado de 544 mil millones de pesos, recursos superiores a los destinados a los sectores saludo o educación, poniendo como ejemplos de dicho ejercicio las irregularidades en la construcción de carreteras y megaproyectos del gobierno federal de Peña Nieto, en las que señaló el contubernio entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la constructora OHL. De esa forma es difícil no señalar al primer círculo del sexenio de Peña Nieto envueltos en casos de corrupción; Lozoya no es la excepción sino la regla.
Mientras tanto, Emilio Lozoya permanece detenido y custodiado en el hospital Ángeles del Pedregal, tras una valoración médica que le diagnosticó anemia, debilidad corporal y problemas en el esófago. Pese a la movilización que la FGR realizó en un convoy trasladando a una persona, y a que el mismo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que Lozoya había sido trasladado al Reclusorio Norte, en realidad fue llevado al hospital para ser internado. Y aunque su detención demuestra que existe voluntad para combatir la corrupción, la falta de transparencia y el despliegue de elementos de la FGR realizando un montaje (salvo que fuera una estrategia en torno a la figura de protección de
testigos) generan un ambiente de incertidumbre tal que, al igual que con personajes como Elba Ester Gordillo, parece construirse puentes para dejar impune a Lozoya con el objetivo de perseguir funcionarios de manera específica. Lo anterior es así porque que ya no se podría escalar más alto respecto del perfil de los involucrados en uno de los hechos de corrupción más paradigmáticos en el país y en la región latinoamericana como lo es Odebrecht.
Al final la aprehensión es congruente con el mensaje que expone a la administración de Peña Nieto como una de las más corruptas que han tenido lugar en el país, y por otro lado la idea de que el gobierno de López Obrador podrá continuar su lucha contra la corrupción, más allá de los desgastes coyunturales a los que se ha enfrentado por la forma personal de gobernar y a los números rojos que el país vive en materia económica y sanitaria. Pero, ¿el presidente estará realmente dispuesto a investigar e imputar a Enrique Peña Nieto? Hasta ahora se ha excusado en la consulta popular, argumentando que, si el pueblo se lo pidiese, juzgaría a los expresidentes, pero que él, personalmente, votaría en contra porque no se debe vivir con resentimientos. En realidad no necesitaría que el “pueblo” se lo pidiera; si hay irregularidades la ley sanciona por la vía administrativa sancionadora y penal; se trata de cumplir y hacer cumplir la ley bajo el principio jurídico de Dura Lex, Sed Lex.
Tal como lo refirió el investigador de Mexicanos Contra la Corrupción, Ricardo Alvarado, la detención de Lozoya podría ser el inicio del desmoronamiento de una amplia red de corrupción si hay continuidad en cuanto a las investigaciones y su colaboración con la FGR tuviera en consecuencia que personajes de alto nivel como Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y otros funcionarios del PRI (incluso del PAN) fueran llevados ante la justicia. Si no fuera el caso, lo más probable es que corresponda a la lógica del chivo expiatorio, para beneficiar la narrativa de que este gobierno combate la corrupción, sobre todo en tiempos donde la gestión de la crisis gubernamental es débil, el escenario económico es deficitario y los números de muertes por covid-19 siguen subiendo hasta ser el cuarto país en el mundo con más muertes por SARS-CoV-2. No hay alternativa, debe utilizar el salvavidas, como oportunidad para cumplir la más importante de las promesas de campaña y gobierno: el combate a la corrupción. ¿Pagarán el precio de la impunidad para Lozoya con el fin de atrapar a un “pez más gordo”?
* Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes.