Por Uzziel Becerra
El día 7 de septiembre, 10 gobernadores confirmaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) durante una reunión en la ciudad de Chihuahua. Lo anterior tuvo origen en los desencuentros entre los mandatarios locales de oposición y afines al gobierno, diferencias respecto del apoyo y rechazo al presidente de la República y consideraciones sobre el objetivo de la asociación de gobernadores, pues a juicio de algunos, ha perdido su valor y propósito, constituyéndose ahora como integrantes de una Alianza Federalista. Lo anterior pone en relieve la falta de verdaderos contrapesos para el poder político y el debilitamiento de la fuerza de los mandatarios locales ante el hiperpresidencialismo de la actual administración.
El argumento principal para la desincorporación de los gobernadores opositores (de la Alianza Federalista) a la CONAGO fue la falta de diálogo y colaboración entre los mandatarios locales opositores y el gobierno federal, incluso con los gobernadores que pertenecen al partido en el poder (los de MORENA) o que respaldan el proyecto presidencial, como en el caso de Morelos, en el que el gobernador pertenece al partido Encuentro Social (PES), pues las peticiones de los gobernadores de la Alianza quedaban fuera de la agenda de la CONAGO y, a su criterio, no fueron atendidas con igualdad de trato. El objetivo principal es “apostar por un nuevo espacio de diálogo, de interlocución efectiva que permita construir un equilibrio y contrapeso que hoy no existe, pero que es necesario en el país para la relación del gobierno de la República con las entidades”, alegaron los miembros de la Alianza.
La Alianza Federalista está integrada por Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gobernador independiente de Nuevo León; Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, ambos por el PRI; Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, Martín Orozco, gobernador en Aguascalientes, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, José Rosas Aispuro, gobernador de Durango y Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, ellos por el Partido Acción Nacional; Silviano Aureoles, gobernador de Michoacán por el PRD y Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Todos correspondientes a los partidos de oposición y que han criticado públicamente las decisiones del gobierno federal, sin respuestas institucionales, solo con contrarréplicas mediáticas en las conferencias mañaneras del Presidente.
“Hemos resuelto poner fin a nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Vamos a dejar de integrar esta instancia. De forma unánime vamos a dejar de integrar esta instancia con el propósito de construir un espacio de diálogo y colaboración efectiva, no solamente con nosotros demás compañeros, sino con los demás niveles de gobierno. Nuestra decisión no tiene nada con quien preside la CONAGO, tengo la condición expresa de los gobernadores de expresar públicamente, de reconocer al gobernador Juan
Manuel Carreras”, señaló Javier Corral al momento de anunciar la salida oficial de este bloque de gobernadores de la CONAGO.
De la misma forma, Enrique Alfaro celebró la salida de la Alianza Federalista al escribir “un día muy importante en la defensa de Jalisco y del federalismo mexicano”, acompañando su mensaje con videos sobre la reunión con otros 9 mandatarios locales en los que anunciaba que la salida tiene, a su juicio, 2 objetivos: defender los intereses de sus estados y defender el federalismo mexicano. “Lo que buscamos es que el espacio que fue durante mucho tiempo la CONAGO, recupere su esencia, recupere su idea original y que no volvamos a prestarnos a un ejercicio de simulación, de preguntas sin respuestas, de planteamientos que son ignorados, como sucedió hace unas semanas en San Luis Potosí en la última reunión de la CONAGO”, expresó el mandatario jalisciense.
En efecto, durante la última sesión que tuvo la CONAGO que se celebró el 19 de agosto en el estado de San Luis Potosí, cuyo Ejecutivo local, Juan Manuel Carrera López, es quien dirige actualmente al organismo de gobernadores, tuvo la asistencia y participación del presidente Andrés Manuel López Obrador y de diversos miembros de su gabinete legal y ampliado, acompañando los trabajos correspondientes de la LIX Reunión Ordinaria de la CONAGO. Dicha sesión tuvo el propósito de generar diálogo y coordinación entre los diversos órdenes de gobierno, tratando aspectos como la transferencia de participaciones federales del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, seguridad pública y la coordinación de la estrategia educativa “Aprendiendo en Casa”, agenda que planteó el presidente López Obrador a la CONAGO.
Sin embargo, los gobernadores de la Alianza solicitaron tratar asuntos de fondo como la revisión a la Ley de Coordinación Fiscal, la reconsideración al instrumento de vigilancia epidemiológica nacional, ahora con un cariz regional y no nacional; la política económica y la reestructuración de la deuda contraída a causa del covid-19, puesto que la crisis sanitaria obligó a los mandatarios a expandir el gasto público sobremanera, así como las estrategias para la reactivación económica e inversión privada; el fortalecimiento de los sistemas de salud locales, y la renuncia del Dr. Hugo López-Gatell por su gestión controversial e irresponsable enfrentando la pandemia, a juicio de los mandatarios locales.
No obstante, pese a la insistencia de los gobernadores de la Alianza para tratar esos temas, que no estaban incluidos en la agenda de la sesión, Manuel Carreras como presidente de la CONAGO declaró: “el planteamiento (sobre la renuncia de López-Gatell) no es de la CONAGO, es tema específico de un grupo de gobernadores”, por lo que la Alianza no vio respaldada sus peticiones por el organismo que agrupa a los mandatarios locales. Este fue el punto de inflexión, el momento crítico que provocó la ruptura de los gobernadores, tras un cúmulo de tensiones a causa de la política de reacción del gobierno federal a las crisis sanitaria y económica, que reflejó efectos colaterales en las entidades federativas, pese a que la lectura del presidente es positiva.
La Alianza Federalista ya ha anunciado, al tiempo que abandonaban la CONAGO, que crearía una agencia de promoción de inversiones privadas con el nombre “Invest in Mexico”, cuyo objetivo sería la atracción de capitales extranjeros, inversión extranjera directa, en las entidades que conforman dicha alianza. Asimismo, buscarán definir una agenda en torno a la revisión de los convenios de colaboración fiscal y el fortalecimiento del sector salud al interior de los estados, puesto que, a su juicio, el centro ha descuidado a las entidades cuyos mandatarios son opositores al gobierno en turno.
Con esta decisión, la CONAGO pierde fuerza en términos numéricos y, sobre todo, en representación de las zonas norte, noreste, centro-occidente y bajío del país, puesto que los gobernadores tienen a las entidades con indicadores económico-productivos más sólidos del país, lo cual no debe ser descartado por el Presidente en términos del movimiento de los factores reales del poder que pueden buscar hacerle frente. En ese sentido, los gobernadores tuvieron un momento de auge político respecto de la oportunidad que tuvieron para negociar políticas públicas, durante los gobiernos divididos constituyendo su propia institución.
Recordemos la importancia de la CONAGO. Desde que México es una nación independiente ha habido dos grandes tendencias que se contraponen entre sí: el fortalecimiento de los gobiernos locales y, por otra parte, la persistencia de un gobierno central que sea capaz de regular los procesos políticos y las decisiones de carácter administrativa de los cacicazgos locales. En tiempos posrevolucionarios, cuando el Partido Revolucionario Institucional se consolidó como partido hegemónico, los gobiernos centrales eliminaron sistemáticamente a los caudillos locales y hombres fuertes herencia de la revolución armada, logrando canalizar los liderazgos políticos y controlar, desde la dependencia presupuestaria-financiera y por las negociaciones políticas que se gestaban al interior del Partido oficial, los movimientos de los gobiernos estatales y municipales, logrando estabilizar al país de conflictos armados, pero una vez llegada la pacificación, el régimen se volteó al autoritarismo. De esa forma, los gobernadores dependían por completo del visto bueno del presidente de la República, pero eso cambió con la transición a la democracia, gracias a la liberalización del sistema político que generó una apertura a la competencia pacífica del poder por la vía de las elecciones.
Específicamente, tras la derrota del partido oficial en las elecciones del año 2000, en que se logró la alternancia a nivel federal, a la vez se inició una tendencia hacia los gobiernos divididos, en los cuales el Presidente no gozaba de mayorías parlamentarias que respaldaran el proyecto gubernamental, sino que tenía mayorías opositoras que bloquearon diversas políticas, al punto de provocar ineficiencia en el gobierno (una consecuencia de los gobiernos divididos y debilitados). En ese contexto, los gobernadores cobraron un auge importante para liderar los movimientos opositores al gobierno federal, creando la CONAGO para poder crear un contrapeso político relevante y que pudiera limitar el centralismo institucional heredado del régimen hegemónico, pues sus prácticas
continuaban intactas y se observan hasta la presente administración. De tal suerte que la CONAGO fue el espacio idóneo para impulsar la descentralización administrativa del gobierno, el fortalecimiento del federalismo, traducido en autonomía gubernamental local, y hacerle frente al gobierno central, desde el cúmulo de gobernadores locales.
Sin embargo, el retorno al hiperpresidencialismo que provocó las mayorías parlamentarias del partido en el gobierno han generado, en los hechos, que la fuerza de los mandatarios locales se vea menguada y debilitada, disminuyendo la fuerza de su posición para negociar intereses locales y propios, más aún cuando se trata de gobiernos de oposición, como los de la Alianza Federalista. Los antecedentes de condicionamiento y control político que ha utilizado el Presidente López Obrador contra el gobernador de Chihuahua, Nuevo León y Jalisco son ejemplos de cómo las prácticas del antiguo régimen no terminan de morir. “O se está a favor de la transformación o se está en contra” anunciaba el Presidente ante los medios cuando se le cuestionaba la posición de los gobiernos locales que critican las decisiones del gobierno federal. Si hay oposición significativa, el presidente amaga con el presupuesto y las partidas federales a las entidades federativas.
La reacción del Presidente ante la desincorporación del bloque de gobernadores fue, como se esperaba, aparentemente neutral: “pues están en libertad, somos libros, no veo yo nada extraño. Creo que esta es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio (estar ahí) y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho”, señaló en conferencia matutina. Sin embargo, los gobernadores de MORENA aseguraron que la salida de sus compañeros y corresponde a una postura electoral, buscando nuevas formas de presionar al gobierno de López Obrador, buscando dividir la unidad nacional a favor de sus partidos. En realidad, la lectura que hacen los gobernadores está condicionada al apoyo partidista o político hacia el gobierno federal, por lo que quienes pertenecen a MORENA o sus aliados buscarán defender el proyecto de la “cuatroté”; “vamos a defender a muerte al Presidente”, refería el mandatario morelense, lo que ejemplifica la división de facto que ya existía y que solo se confirmó con la salida de los 10 miembros de la Alianza Federalista.
Con la fragmentación de la CONAGO, y la instauración de la Alianza Federalista (AF), se vivirá un nuevo capítulo en torno a la correlación de fuerzas políticas que incluirá ahora una nueva división entre gobernadores de oposición y gobernadores afines al gobierno en turno (previsiblemente CONAGO VS AF), lo que traerá consecuencias en las asignaciones presupuestales, apoyos del gobierno federal en términos financieros y el abandono de entidades opositoras. Lo anterior será relevante por los incentivos políticos a los que estarán sujetos en la aprobación del nuevo Paquete Económico del 2021, que se acaba de presentar en el Congreso de la Unión. Mientras tanto, la CONAGO seguirá trabajando sin miembros opositores, y la Alianza Federalista tendrá el reto de articularse, estructurarse en lo interno y consolidarse como un verdadero contrapeso, pero que estará sujeto a las alianzas y coaliciones electorales locales y nacional del proceso electoral 2021 que acaba de dar inicio. Son tiempos de definiciones.
*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Representante de Morelos en el Congreso Nacional Universitario. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Paredes.