Por: Uzziel Becerra*
En un hecho inédito el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, con la finalidad de que sea investigado en México y llevado ante los tribunales de nuestro país. De esa manera, el juicio contra Cienfuegos cambió repentinamente el rumbo y las expectativas de que se haga justicia en el caso concreto, puesto que ahora todo depende de la Fiscalía General en México y no hay un escenario en el que se pretenda enjuiciar al general por narcotráfico.
A través de un comunicado conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de los Estados Unidos, se reveló que el Departamento de Justicia en E.U.A. determinó la desestimación de los cargos penales en su país para que sea la Fiscalía mexicana quien continúe con las investigaciones necesarias, proporcionando las pruebas recabadas y la integración del expediente penal a las autoridades en nuestro país, pues así lo habrían solicitado incansablemente las autoridades diplomáticas de México, ante el desconocimiento de la investigación de la DEA para detener a Cienfuegos.
Esta forma de privilegio otorgado por el gobierno norteamericano a nuestro país solo puede entenderse en el contexto de cooperación bilateral en temas de agenda prioritarios para ambos países. Recordemos que Estados Unidos presionó a México para aceptar una barrera de contención militar contra los inmigrantes en la frontera sur de nuestro país, violando derechos humanos, pero cumpliendo con una negociación bilateral. Ahora, Marcelo Ebrard dialogaría con el Fiscal norteamericano Wiliam Barr y con el embajador Christopher Landau para evitar que la detención y enjuiciamiento del exsecretario de la SEDENA perjudique la excelente relación que López Obrador ha tejido con el Ejército mexicano, así como evitar su desprestigio institucional.
Lo anterior explicaría por qué el argumento central de las investigaciones internas de las fuerzas armadas en México no tiene ninguna conexión entre el crimen organizado y Salvador Cienfuegos. Al fin y al cabo, esta es una victoria en términos políticos y diplomáticos, para los fines del gobierno en turno y los intereses cupulares que buscan proteger: el prestigio del Ejército mexicano y el ocultamiento de que existen (o existieron) fuertes vínculos entre la SEDENA y el crimen organizado.
Y es que el presidente López Obrador ha puesto a las Fuerzas Armadas en el centro de su proyecto político, al darles el control de la construcción aeroportuaria nacional, la administración de los puertos, así como las tareas generales de la seguridad pública y ciudadana con la Guardia Nacional. La respuesta inmediata de AMLO al momento de la detención de Cienfuegos en Los Ángeles fue hacer un llamado a la opinión pública para no desconfiar del Ejército en general, ante el inminente reclamo de que, como es conocido por la sociedad mexicana, el presidente exija la vigilia de la corrupción, ahora desde el interior de dicha institución, pese a que es (en palabras del propio presidente) en la que más confianza tiene para llevar a cabo las tareas asignadas.
Según fuentes periodísticas en E.U.A., la decisión del Departamento de Justicia fue tomada con sorpresa y enojo por algunos funcionarios de la institución ante la decisión de su titular, Wiliam Barr, pues la determinación corresponde a acuerdos de naturaleza política entre los mandatarios López Obrador y Donald Trump, dejando en el aire la autonomía de los más altos niveles del Departamento de Justicia para continuar con investigaciones sólidas y conforme a derecho. En ese sentido, la decisión de desestimar los cargos no quiere decir que se haya dejado de considerar que el general es culpable, pues “la evidencia es fuerte y el acusado fue investigado, acusado y procesado, de manera consistente con los principios federales”, señalaba en su momento Allen Bode, jefe de la Sección de Narcotráfico Internacional y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia en Estados Unidos.
Recordemos que Salvador Cienfuegos enfrentaba cuatro cargos en Estados Unidos, por distribución, importación y manufactura de heroína, cocaína, marihuana, metanfetaminas, así como lavado de dinero. En la oportunidad que la Fiscalía norteamericana tuvo para investigar, se señalaba que Cienfuegos habría protegido y colaborado con el Cártel del H-2, o de Juan Francisco Patrón Sánchez, jefe del Cártel de los Beltrán Leyva, incluso lograron identificarlo como “el padrino”, sin embargo, en México no se le investiga aún por delitos ligados al narcotráfico, sino solo a lavado de dinero.
Conforme a la información de Excélsior, Edward Sapone, abogado general de Cienfuegos, negó que su cliente acordara cooperar con los fiscales de Estados Unidos, y consideró que la orden de retirar los cargos fue un hecho extraordinario, pues afirmaba que el juicio podría haber llevado varios años en concluir, al tiempo de asegurar que Cienfuegos logrará acreditar su inocencia en el juicio en nuestro país. De esa forma, el adelanto de un posicionamiento jurídico respecto al juicio de Cienfuegos en México vislumbra que, en efecto, no podrá hacerse justicia en este caso, sino que se atenderá a la opacidad e impunidad para salvar el prestigio del Ejército mexicano y no vincularlo con el propio crimen organizado.
Por su parte, Marcelo Ebrard, actual secretario de Relación Exteriores, explicó que una vez que el juez pueda desestimar los cargos contra Cienfuegos podrá regresar a México como un ciudadano que ya no tiene cargos, como si nada hubiese ocurrido. Y así ocurrió, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos informó a la jueza Amon, quien llevaba el juicio, que el miércoles Cienfuegos logró regresar a su domicilio en México trasladado por esta corporación norteamericana, como un ciudadano libre de cargos en el extranjero y con una investigación reciente por parte de las autoridades ministeriales mexicanas.
Al momento de la recepción de Cienfuegos, la Fiscalía comunicó que “El Agente del Ministerio Público de la Federación le notificó formalmente al General Cienfuegos de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado; carpeta que fue iniciada por esta FGR, con la información que se recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, y en lo sucesivo la investigación estará a cargo de las autoridades mexicanas, a través de la FGR”. Posteriormente, el general habría proporcionado sus datos personales y manifestó estar en total disposición para atender los requerimientos propios de la investigación en curso.
Por otra parte, López Obrador señaló en conferencia mañanera: “Nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y decide juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno”. “Significa que seguirá su proceso en México, que retornará al país, significa que deberán aplicar las leyes mexicanas, significa que las imputaciones tendrán que sustanciarse y probarse en los indicios dentro del ámbito de la autonomía de la Fiscalía y tendrá que ser en su caso confirmados o no. Significa una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva, porque no la vemos con el acto de impunidad, sino como un acto de respeto a México y las Fuerzas Armadas de México, y significa que las bases que existen en materia de cooperación habrán de mantenerse”, declaró Marcelo Ebrard en conferencia de prensa especial.
De esa manera, el juicio contra Cienfuegos en Estados Unidos ha tomado un nuevo rumbo, que ahora logrará gestarse al interior de nuestro país, con el procedimiento nacional penal y el código penal federal, de acuerdo con las investigaciones complementarias que pueda realizar la propia Fiscalía General de la República y las pruebas aportadas por la DEA y el Departamento de Justicia, que habían empezado a sustanciar el asunto. ¿Logrará hacerse justicia en este caso? ¿Se atreverán a darle la vuelta al asunto para salvar a las Fuerzas Armadas?
*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante de Morelos en el Congreso Nacional Universitario.