Redacción SL
Cuernavaca, Mor., 27 de noviembre.- Los tres inspectores de la Dirección de Gobernación del ayuntamiento de Cuernavaca, que fueron detenidos en flagrancia el pasado 7 de agosto por el delito de cohecho, declararon ante la Fiscalía Anticorrupción que el subsecretario de Protección Civil, Gonzalo Barquín Granados cobra diferentes cantidades de dinero a negocios de todo tipo para que puedan operar.
En la audiencia de formulación de imputación en contra del alcalde Antonio Villalobos Adán y del subsecretario de Protección Civil, Gonzalo Barquín Granados, que llevó a cabo el juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones, Isidoro Edie Sandoval Lome, la representante de la Fiscalía Anticorrupción leyó las declaraciones de los inspectores, quienes afirmaron que desconocían la forma de operar de los imputados.
El juez de control impuso prisión preventiva contra el subsecretario de PC porque presuntamente su escolta, un policía llamado “Guzmán”, amenazó de muerte al empresario Cristhian Contreras Lunas, el pasado 23 de noviembre cuando se encontraba en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas cerca de las oficinas de PC municipal.
“Ey, compa, ya bájale porque terminando las audiencias te vamos a dar en la madre, refiriéndose que lo iban a matar”, dijo la representante de la Fiscalía Anticorrupción, y agregó que afuera de los juzgados se encontraba la escolta de Barquín Granados tomando fotos a la camioneta de Cristhian, por lo que argumentó necesaria la prisión preventiva porque está en riesgo su integridad física.
Villalobos Adán no obtuvo la prisión preventiva porque cuenta con una suspensión provisional en un juicio de amparo que promovió y que lo protege para no ser detenido, pero si se le impidió acercarse al ayuntamiento de Cuernavaca y a las víctimas, en caso de que incumpla se agravará la situación. Las medidas permanecerán mientras concluye el proceso de investigación. La audiencia de vinculación a proceso será el próximo martes a las 8:00 horas.
Declaraciones de inspectores
Mario Alfonso, supervisor en la Dirección de Gobernación desde el 2019, declaró que el 7 de agosto fue llamado por su jefe porque acudirían a una revisión en el negocio denominado autocinema porque “le traían hambre al negocio autocinema” y el alcalde capitalino dijo que lo quería cerrado por no alinearse.
El día de la detención, argumentó en su declaración, que Miguel Ángel Martínez Mariaca dijo al empresario Cristhian Luna que no se reportó con el alcalde y como no pagaron los iban a clausurar, pero en ese momento llegaron elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC) quienes los detuvieron porque fueron señalados por el empresario como los inspectores que acudieron días anteriores para solicitar dinero.
En su declaración a la Fiscalía Anticorrupción agregó que las ordenes de inspecciones a los negocios las recibían vía “WhasApp” en un chat donde están registrados sus superiores. Mario entregó su equipo telefónico como medio de prueba porque hay conversaciones que demuestran la forma de operar.
También dijo que como ejemplo acudieron a otros establecimientos, como taquerías mismas que por la pandemia del covid-19 deben funcionar hasta las 23:00 horas, pero podían operar mas tarde porque ya tenían arreglos con Barquín Granados, a quien le pagaban de mil 200 a mil 500 pesos semanales.
El otro inspector, Arturo, aportó otros elementos a la Fiscalía y declaró que la dueña de una estética ubicada al sur de la ciudad se negó a pagar cierta cantidad, por lo que al otro día le fueron colocados los sellos de suspensión a su negocio. Ella, molesta, rompió los sellos y gritó que le pidieron dinero.
Cristhian Eduardo, dijo que trabajaba como supervisor de comercio en vía pública y durante las inspecciones dejaban una minuta de apercibimiento a los comerciantes que no tenían su documentación en regla, como el caso de un establecimiento con venta de barbacoa, y otro negocio en Alta Vista cuyo propietario no estaba al corriente con su refrendo cuando los inspectores pidieron regularizar su situación, el dueño argumentó que estaba trabajando con PC y su líder sindical le daba mil pesos mensuales para poder funcionar.
Los dueños de negocios grandes, dijo, van de manera directa con Barquín porque les pide desde 5 hasta 30 mil pesos o más. A los puestos de tacos les piden cantidades de 2 mil al mes y otros más pequeños como carretilleros que venden fruta pagan de 200 a 400 pesos diarios.
En su declaración también afirmó que los inspectores solo van a los negocios a supervisar y dejan minuta para que se arreglen con Barquín Granados quien, a su vez, presuntamente reparte el dinero entre el alcalde Antonio Villalobos y otros funcionarios municipales.