Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 30 de noviembre.- La madrugada del último día de noviembre “se tiñó de rojo”, cinco mujeres y un adolescente fueron asesinados en el baño de su casa presuntamente a manos de elementos policiacos.

A un año del hecho, ninguno de los siete elementos presuntamente involucrados ha sido procesado, a pesar de que la carpeta de investigación sigue abierta.

El actual comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció su desconocimiento sobre el caso pero declaró que dos de los siete policías fueron dados de baja en tanto los otros cinco continúan en activo pero en labores administrativas.

A decir del vicealmirante, es la Fiscalía General del Estado la instancia responsable de la averiguación y que no ha fincado responsabilidades.

El 30 de noviembre del año pasado, la casa marcada con el número 238 de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco fue el escenario de los asesinatos de la familia de José Alberto Valdez Chapa, “El señor de la V”, señalado por el entonces comisionado de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra, como presunto integrante de un cartel de Guerrero.

Esa madrugada, un grupo de inteligencia fue alertado sobre la presencia de sujetos armados e incluso de posibles víctimas privadas de su libertad en el sitio referido, pese a ello los siete policías ejecutaron un operativo para detener a los hombres presuntamente armados e ingresaron al domicilio en medio de un presunto fuego cruzado.

Las víctimas, la madre, esposa hija, hermana y nieta del “Señor de la V”, así como un adolescente de 14 años, murieron encerradas en un baño por los impactos de bala de al menos cinco policías al interior de la casa.

A un año del multihomicidio, ningún policía o implicado en la muerte de las mujeres y niños ha sido puesto a disposición por la pérdida de estas vidas humanas.

Los sobrevivientes de la masacre, el propio “Señor de la V”  y otros de sus familiares, fueron acusados por el delito de intento de homicidio en contra de los policías, imputación que fue desechada por un juez de control quien advirtió severas anomalías entre el parte oficial y los resultados de balística, rodizonato de sodio y pruebas químicas de la Fiscalía que arrojaron que ninguno de los involucrados salió positivo a la “prueba de la pólvora”, sólo cuatro de más de 200 cartuchos corresponden a las armas puestas a disposición (tanto de los elementos como de los presuntos criminales) y la escena del crimen no fue preservada luego del tiroteo.

A través de un boletín de prensa, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Morelos dio a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso, y emitió la recomendación CDHM/SE/V3/061/295/2017, donde perdieron la vida cuatro mujeres, un adolescente y una bebé de dos meses de nacida.

Fue la Primer Visitaduría de la CNDH, bajo la titularidad de Ismael Eslava Pérez, la responsable de atender la queja correspondiente.