Cuernavaca, Mor., 25 de septiembre.- Alfredo de la Torre, exsecretario de finanzas en el Gobierno de Marco Adame Castillo, fue absuelto por un tribunal colegiado de los cargos por peculado y de ejercicio indebido del servicio público.
El exsecretario fue acusado en 2013 por el delito de peculado por 173 millones de pesos que debió ingresar al Instituto de Crédito por concepto de cuotas de febrero de 2012 a septiembre del mismo año, cuando terminó la administración del panista.
Víctor Javier Hernández Vega, abogado defensor, explicó que el fallo absolutorio del tribunal se debió a que la Fiscalía General del Estado no tuvo pruebas para acusarlo de peculado debido a que no presentó los estados de cuenta a su propio perito contable, además de que presuntamente “escondió” información al no aclarar que los 173 millones se usaron en otros rubros.
Hernández Vega subrayó que 75 millones fueron para finiquitos, 59 para el pago de pasivos del gasto corriente y 38 millones para obras provisionales, con lo que el presunto agravio al patrimonio del estado se declaró inexistente.
El abogado recordó que la denuncia fue interpuesta por el entonces procurador fiscal Juan Salazar Núñez, ahora fiscal Anticorrupción, quien se abstuvo de declarar.
“Presentó una denuncia sin sustento en la que se demostró que mi defendido no tomó un peso, no pusieron a la vista los estados de cuenta, se demostró que hubo los depósitos referidos, además que de los ocho testigos que presentó la propia Fiscalía se contradijeron y fue través de los mismos medios de prueba que quedó demostrado que no tenía la razón”, detalló.
Ayer, la Fiscalía intentó cambiar el motivo de la acusación a ejercicio indebido del servicio público, el cual tampoco fue demostrado, por lo que el Tribunal Colegiado decretó el fallo absolutorio de manera unánime y será el próximo 2 de octubre que se realice la audiencia para la sentencia absolutoria.
Acumula derrotas fiscal anticorrupción
El fallo absolutorio de Alfredo de la Torre se suma al que logró el pasado lunes el exalcalde de Cuautla Jesús González Otero, por los delitos de peculado y desvío de recursos debido a que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que dirige Juan Salazar, no logró sustentar las acusaciones en su contra.
González Otero enfrentó un proceso judicial en su contra por los delitos de peculado por 77 millones de pesos y uso indebido de la función pública pero fue absuelto de manera unánime por tres jueces, al no encontrar pruebas suficientes en su contra.
El exalcalde aún debe enfrentar otro proceso por supuesto desvío de 10 millones de pesos.
Otro fracasó que enfrentó dicha Fiscalía fue en abril del año pasado, cuando tampoco aportó pruebas suficientes contra el exalcalde de Temixco Miguel Ángel Colín Nava, detenido por presunto desvío de recursos por más de 83 mdp.
Entonces el juez de la causa consideró que era insuficiente la investigación contra el exedil y puso en entredicho la formulación de imputación en su contra.
Otro caso en el que tampoco obtuvo éxito fue el emprendido contra el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Alejandro Vera quien desde noviembre de 2016 enfrentó diversas acusaciones por peculado por la contratación de un crédito original por 600 millones de pesos sin la autorización del Congreso de Morelos, y por pagar la suerte principal e intereses con recursos etiquetados para papelería, servicios y nómina.
Vera Jiménez se amparó contra dicha acusación así como la de enriquecimiento ilícito, pero no se protegió contra el señalamiento de abuso de confianza presentada por la entonces líder del Sindicato de Administrativos de la Universidad Virginia Paz.
En enero pasado, el exrector fue detenido en presencia del propio fiscal Anticorrupción, fue llevado al penal de Atlacholoaya y liberado el mismo día con la medida cautelar de arraigo domiciliario.
Finalmente ninguna de las acusaciones en su contra prosperó y el propio sindicato se desistió de sus acusaciones.
Juan Salazar fue nombrado fiscal Anticorrupción el 29 de agosto de 2015, a pesar de las fuertes críticas de diversos sectores de la sociedad al ser el consejero Jurídico del Gobierno del Estado.
Por año y medio el responsable del sistema Anticorrupción no trabajó debido a la falta de un reglamento interno, necesario para el proceso jurídico que se debe seguir a las quejas.