Por Leticia Villaseñor|ciudadanos.mx
Cuernavaca, Mor., 10 de abr.- El fiscal general del Estado, Rodrigo Dorantes Salgado, reveló que hay 10 denuncias por delitos electorales, principalmente en la zona oriente y área metropolitana.
El código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 137, determina que se debe salvaguardar la integridad de las personas y dictar medidas cautelares como la presencia de elementos policíacos que realicen rondines en los domicilios de las personas o sitios afectados así como aportar datos pertinentes para ampliar su declaración y que coadyuven en la investigación, sin embargo, Dorantes Salgado aclaró que lo anterior no implica que se designe una guardia personal al afectado, salvo sus excepciones.
«sólo si la Procuraduría General de la República así lo determina, y asigna a sus elementos a dicho servicio, es facultad de la misma dependencia», dijo el fiscal en alusión al candidato a diputado federal por el IV distrito, Arnulfo Montes Cuén, del Partido Humanista, quien denunciara que presuntamente fue víctima de un intento de secuestro orquestado por delincuentes protegidos por policías estatales, por lo que acudió ante la instancia federal.
Las denuncias han sido por ataques a personas, ya sea contra los mismos candidatos, como el caso de dos agresiones cometidas en contra de la aspirante panista a diputada federal por el V distrito, Gabriela Pérez Cano, o bien terceros que interpusieron la demanda, como familiares o allegados al afectado, o bien en contra de inmuebles, como el caso de ataques a instalaciones de la casa de campaña de un candidato o de oficinas de algún instituto político.
En dichos casos, el Ministerio Público dictó las medidas precautorias, lo anterior a pesar de que la candidata panista denunció días atrás que no había acción alguna de protección para con ella y su familia.
Rodrigo Dorantes no dio detalles sobre las investigaciones, debido a la secrecía de las averiguaciones, pero descartó que hasta el momento se hayan vinculado con la delincuencia organizada, de ser así, expresó, dará aviso a la PGR o a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Exhortó a los políticos para que aporten el mayor número de datos y la denuncia no sólo sea mediática sino que llegue ante los tribunales competentes.