Por Leticia Villaseñor
Temixco, Mor., 7 de noviembre.- Para el presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo, su compañera, presidente de la Comisión del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, sólo les “tomó el pelo” al asegurar que iría en contra de las llamadas ‘pensiones doradas’, por lo que advirtió dolo en su proceder.
Lo anterior ante la avalancha de amparos que se han concedido a exfuncionarios que lograron el beneficio, tanto de la gestión gubernamental como de la anterior Legislatura a pesar de exhibir documentos apócrifos, no contar con los años de trabajo requeridos por ley ni la edad para ello, o jubilarse con sueldos muy superiores a los percibidos.
Señaló que es responsabilidad de quien preside una Comisión analizar las pruebas así como los dictámenes para derogar las jubilaciones, precisamente para no dar cabida a argucias legales.
«No puede haber dolo, tiene que haber confianza al interior del Congreso del estado, pero lo que percibo es un dolo por quien preside la Comisión del Trabajo, no hace falta ser especialista para saber que mucha gente abusó de este beneficio, así como de los cómplices que avalaron los trámites para ello sin que corresponda incluso al monto de la pensión», dijo Sotelo Martínez.
Prometió que revisarán las responsabilidades y procederán en contra de Rodríguez Ruiz “hasta las últimas consecuencias”, porque es evidente la incongruencia entre el discurso y el actuar. Al mismo tiempo acusó que las integrantes del Frente Progresista de Mujeres, el cual lidera la petista, acusan una presunta falta de legalidad, de probidad, de interés, pero ahí están las evidencias, dijo el diputado.
Con la actuación atribuida a la diputada Tania Valentina Rodríguez exfuncionarios como Jorge Michel, exsecretario de Hacienda, o Beatriz Ramírez en Educación, obtuvieron la «pensión dorada! con altos sueldos pero los casos que más causaron controversia fueron de esposas de exdiputados y exfuncionarios del gabinete de Graco Ramírez, cuya trayectoria en la administración pública no fue comprobable y pese a ello salieron beneficiadas sin que la actual legislatura haya demostrado las anomalías.