Redacción SL

Cuernavaca, Mor., 29 de mayo.- El grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Morelos, se deslindó de los posicionamientos del legislador Francisco Moreno Merino, y anunció que mantiene su solicitud expulsarlo de las filas del tricolor.

“Los votos de nuestro bloque fueron vulnerados y hubo decisiones individuales que, sin respeto a la pertenencia partidista y al compromiso ideológico, o cediendo a las presiones, amenazas o cohechos, se sumaron con el PRD. Uno de nuestros diputados emitió su sufragio a favor de la ideología antagónica a la nuestra», citó el PRI en referencia al legislador plurinominal.

Por otra parte el bloque de diputados provistas confirmó que impugnará la recién aprobada y publicada reforma electoral “que a todas luces es una reforma del PRD y sus aliados para imponer cláusulas políticas cuya aplicación les favorecerá en el próximo proceso electoral, pero que van en contra de los intereses populares”, dijeron.

Los legisladores del tricolor Leticia Beltrán Caballero, Mario Alfonso Chávez Ortega, Aristeo Rodríguez Barrera y Alberto Martínez González, denunciaron que el dictamen de la reforma electoral les fue entregado con unas horas de antelación a la sesión; encuentran que limita la participación ciudadana solo a los procesos electorales, “cuando la democracia es una forma de vida y sus prácticas deben ser permanente, con resultados visibles y sensibles”.

El grupo parlamentario aseguró que se opone “de manera consciente, congruente y alineado con el sentir popular mayoritario, que rechaza una reforma a modo del partido gobernante”, por lo que manifestaron su repudio a la reelección de legisladores hasta ´por cuatro periodos consecutivos; incongruente y violatorio inscribir a los candidatos a presidente municipal y sindico como primer y segundo regidor, cuando se pretende en el mismo documento que sea el consejo estatal quien observe las disposiciones constitucionales relativas a la sobre y subrepresentación de regidores.

“En el dictamen se argumentó la falta de presupuesto para la creación de la fiscalía especializada en delitos electorales. sin embargo, existen gastos innecesarios en otros rubros.

“Por último, se da por procedente la obligatoriedad de que cada candidato presente su constancia de no antecedentes penales; sin embargo, la reforma final ya no lo contempla”, detallaron.

La reforma electoral, denunciaron, fue aprobada por la mayoría perredista y sus aliados, respaldados por el Ejecutivo, práctica que se ejerce permanentemente al interior del Congreso del estado lo que le convierte, dijeron, en un subordinado del Ejecutivo.