Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 12 de febrero.- El gobierno del estado buscará que nueve de las 17 denuncias penales contra exservidores públicos de la administración anterior (2012-2018), sean atraídos por el Ministerio Público Federal porque en las acusaciones por desvío de recursos y contratos sin licitación se usaron recursos públicos federales.
«Se puede solicitar la incompetencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en nueve de las 17 denuncias interpuestas en noviembre pasado y lo atraiga la federal, conforme al artículo 212 del Código Penal Federal» dijo Fidel Giménez-Valdés Román, secretario de Obras Públicas en Morelos.
Su petición, dijo, estriba en que hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular fue nombrado por la anterior administración, no tiene claras las presuntas conductas ilícitas cometidas por los exservidores públicos y a cuatro de meses de las denuncias no ha judicializado ninguna.
Así lo acusó Giménez-Valdez Román al comparecer ante la FECC para ampliar sus declaraciones y agilizar la judicialización de las carpetas.
“Todo denunciante tiene derecho a que si la instancia decide no actuar o no judicializar una carpeta, puede buscar el amparo”, agregó el secretario.
Explicó que el total de los recursos estatales y municipales en las denuncias asciende a mil 500 millones de pesos y las causas fueron contratos sin licitación pública, en dos casos empresas “fantasmas”, una de ellas de Coahuila; obra sin ejecutar en el poblado de Tecajec, en Yecapixtla, por 34 millones de pesos; además de irregularidades en el museo Juan Soriano, el estadio Agustín “Coruco” Díaz y el parque Chapultepec, por lo que a decir del titular de Obras, se acreditan conductas delictivas y daño patrimonial.
Las denuncias fueron interpuestas en contra de la extitular Patricia Izquierdo y Sergio Arturo Beltrán Toto, exsubsecretario de Desarrollo Urbano, a quienes no se les ha localizado pero sólo hasta que se judicialicen las carpetas tendrán que ser llamados a comparecer o liberarse orden de presentación o aprehensión, en caso de ser necesario. Recordó que a ambos les fue negado el amparo que solicitaron.
Las denuncias también alcanzan a tres exsubsecretarios, exdirectores generales como el de Contratos, Licitaciones y Obras Públicas.
Giménez Valdés Román expuso que además de las 17 denuncias ante Anticorrupción, hay 24 procesos ante la Contraloría donde esperan que las sanciones administrativas alcance la inhabilitación de los presuntos responsables hasta por 10 años.
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